Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026 (SEMlac).- Colectivas feministas y familiares de víctimas de feminicidio se manifestaron frente al Senado de la República, el 21 de septiembre, para rechazar la nueva legislación en materia de feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que la ley intenta borrar la protección jurídica específica de las mujeres.
Las manifestantes, que entregaron el documento y no fueron recibidas por ninguna comisión, denunciaron que representa un retroceso frente a los avances alcanzados durante décadas, por lo que exigieron a senadores y diputados retirar el proyecto y que sus observaciones sean tomadas en cuenta antes de que avance el proceso legislativo.
Inconformidad ante la iniciativa presidencial
Una de las principales denuncias de las manifestantes es que la propuesta también contempla como víctimas de feminicidio a hombres que se identifiquen como mujeres. Las organizaciones consideran que esto desdibuja el feminicidio como un delito creado para proteger específicamente a las mujeres asesinadas por razones de género.
Yan María Yaoyólotl Castro, activista lesbofeminista, señaló que la tipificación del feminicidio, incorporada al marco jurídico después de años de lucha de organizaciones de mujeres, permitió reconocer como una figura específica los homicidios cometidos contra mujeres por razones de género.
"Si el homicidio es contra las mujeres, eso es el feminicidio", afirmó al cuestionar que la nueva legislación pueda ampliar el concepto de tal manera que, desde su perspectiva, pierda su carácter específico.
En su documento señalan que no se requiere una nueva ley, en todo el país está legislado el feminicidio como el asesinato de mujeres y en todo el país ya se cuenta con protocolos de investigación, "lo que no tenemos es la voluntad política del gobierno para sancionar estos crímenes ni de los operadores de justicia, para asegurar que ninguno quede impune".
Las exigencias, básicamente, son:
- Que se respete la legislación existente en materia de feminicidio.
- Que se destinen suficientes recursos y presupuesto para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para la reparación del daño a las víctimas de feminicidio y a sus hijas e hijos.
- Que se incluyan mesas de trabajo permanentes de colaboración y cooperación interinstitucional entre las organizaciones feministas, academia, sindicatos e instituciones especializadas en violencia contra las mujeres y feminicidios.
- Que cualquier nueva propuesta de modificación a cualquier ley sobre las mujeres sea discutida democráticamente por las organizaciones de mujeres y feministas mexicanas, de forma rigurosa, transparente, con reflexión para la construcción de mejoras, sin simulaciones ni imposiciones desde una autocracia del poder.
La iniciativa está en comisiones para emitir un dictamen antes de que termine septiembre y lograr su promulgación en noviembre, según informó a SEMlac la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado, Martha Lucía Micher Camarena.
Hasta ahora sólo hubo un foro. Las madres del feminicidio fueron recibidas dos veces. Existen más de 800 observaciones a la iniciativa provenientes de funcionarias, expertas y activistas. Una, que ya fue considerada, es abrir un capítulo sobre sanciones a servidoras y servidores públicos que sean omisos en las denuncias y procesos, según informó a SEMlac, Karla Michel, asesora del Senado.
Reglas comunes para la iniciativa
La iniciativa presidencial busca crear una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño del Delito de Feminicidio, con reglas comunes para todo el país. Entre sus objetivos está homologar la investigación y persecución del delito, debido a las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales.
El proyecto plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género, además de establecer protocolos homologados para las fiscalías; algo que planteó el resolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Campo Algodonero, hace 10 años.
La propuesta también contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión, agravantes y mecanismos relacionados con la atención y reparación para las víctimas y sus familias, de acuerdo con la información publicada sobre la iniciativa. Actualmente estas penas están consideradas en varias entidades del país. Por ello se busca ahora la homologación a nivel nacional.
Protestas contra ley sobre feminicidios
Ese objetivo de homologación es uno de los argumentos centrales del Gobierno federal para impulsar la reforma. La iniciativa busca que las fiscalías de las 32 entidades trabajen bajo criterios comunes y evitar que las diferencias entre códigos penales estatales obstaculicen la investigación del delito.
Sin embargo, para las organizaciones la discusión no debe limitarse a homologar sanciones o procedimientos, sino preservar el carácter específico del feminicidio y garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a justicia y reparación.
Señalaron que participaron en reuniones con autoridades y organizaciones para discutir la iniciativa, pero consideraron que estos ejercicios no se han traducido en cambios suficientes al proyecto.
Más sobre los reclamos
Las colectivas también reclamaron que la nueva legislación atienda las deficiencias que persisten en las investigaciones de feminicidios, así como la reparación del daño y la atención a las familias de las víctimas.
"No aceptamos ni para nosotras, ni para ninguna mexicana este desmantelamiento del marco jurídico", expresó Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes Mx.
Exigió a los legisladores retirar el proyecto y garantizar medidas para la reparación del daño y la erradicación de los feminicidios.
En la protesta también participaron familiares de mujeres víctimas de feminicidio, quienes cuestionaron que las reformas legales no vayan acompañadas de investigaciones eficaces y resultados para las víctimas.
Una de las madres, quien pidió guardar el anonimato, relató que su hija fue asesinada en 2015 en el Estado de México y acusó que, pese a las diligencias realizadas por la familia, no obtuvo justicia. Señaló que el hombre señalado por el asesinato continúa libre.
La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio (julio, 2026), promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es, en apariencia, una propuesta para avanzar en el tema del feminicidio. Sin embargo, paradójicamente, induce al feminicidio simbólico de las mujeres.
Borra la existencia real, biológica y jurídica de la categoría de sexo. Su terminología utilizada vacía de sentido el bien jurídico, elimina el sujeto protegido (las mujeres) y modifica el tipo penal.
Otras de las principales demandas
Entre las demandas más importantes está el acceso real a la justicia para las mujeres, las víctimas y sus hijas, hijos, madres y padres.
La Ley Sheinbaum tiene como propósito invalidar los avances de la legislación mexicana en materia de feminicidio, vigente desde 2012, cuando se tipificó este delito, coinciden las colectivas. La iniciativa, en revisión en el Senado, destruye todo el andamiaje conceptual y jurídico, así como las razones sobre las cuales se fundamenta el feminicidio.
Además, nulifica todo lo logrado y viola el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.
No reconoce la discriminación, el sometimiento y la violencia que vivimos las mujeres por el solo hecho de serlo.
Es el mayor retroceso de los derechos de las mujeres en el último siglo, aseguran.
Un ejemplo de ello es la definición que la iniciativa propone en su Artículo 6, fracción VIII: "Toda persona que se identifique como mujer", con lo cual manipula el término "persona" y reduce la existencia de la mujer a una "autopercepción".
Las diferencias raciales, étnicas, fenotípicas y otras no alteran el ser mujer ante el sistema patriarcal, ya que todas vivimos, en mayor o menor medida, discriminación, sometimiento y violencia.
La Ley Sheinbaum debilita la capacidad de respuesta del Estado contra la violencia machista, debido a la generación de estadísticas falsarias que oscurecen los datos sobre quiénes son realmente las víctimas del delito de feminicidio.
Esta inclusión forzada ya está ocurriendo en otros ámbitos públicos; por ejemplo, en los procesos electorales federales y estatales, donde cada vez más hombres se registran como mujeres para arrebatarles los puestos logrados por la legislación de paridad.
Es inadmisible que el Poder Ejecutivo quiera adjudicar a las mujeres las reivindicaciones de otros grupos discriminados, borrándonos como sujeto propio y en menoscabo de nuestros derechos.
Resulta inconstitucional y antidemocrático que las demandas de un grupo social se legitimen a través de la eliminación sistemática de los derechos humanos reconocidos de más de la mitad de la población nacional.
Pedimos enérgicamente a las y los senadores, a las y los diputados, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales rechazar la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, insisten las colectivas.
"Queremos justicia en México, no queremos palabrerías. Queremos ver hechos", reclamó la madre de una de las víctimas de feminicidio, quien pidió guardar el anonimato.
La mujer también pidió que las fiscalías atiendan de manera efectiva a las mujeres que acuden a denunciar violencia y que las autoridades garanticen investigaciones que permitan evitar que los casos permanezcan impunes.
Las colectivas advirtieron que continuarán con sus acciones de protesta si sus planteamientos no son incorporados al proceso legislativo. También señalaron que han presentado sus reclamos por escrito ante las autoridades y que esperan una respuesta formal.
La iniciativa continúa en el Senado, donde ha sido discutida con organizaciones, especialistas, autoridades y familiares de víctimas.
El pasado 2 de septiembre, la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien impulsó la incorporación del feminicidio al marco jurídico mexicano, advirtió en charla en el podcast de La Lovera sobre un posible retroceso con la nueva legislación y la afectación a la legislación vigente.
Lagarde cuestionó que la propuesta sustituya en algunos de sus planteamientos la referencia específica a las mujeres por el término "personas" y pidió que, antes de modificar un marco jurídico construido durante años, se evalúe el funcionamiento de las leyes vigentes.
Con información de SEMlac, del podcast de La Lovera y Gloria López, de El Sol de México.
