Cd. de México (SEMlac).- El Congreso del Estado de México es el primero en aprobar la propuesta impulsada por la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Irinea Buendía Cortés.
La iniciativa busca sancionar con hasta 10 años de prisión a las personas servidoras públicas que incurran en corrupción, omisiones, negligencias u obstrucción a investigaciones sobre muertes violentas de mujeres y niñas bajo protocolo de feminicidio. Con ello, se pretende proteger el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
El proyecto legislativo retomó las propuestas impulsadas por Buendía Cortés a raíz del feminicidio de su hija, Mariana Lima Buendía. El crimen ocurrió el 29 de junio de 2010 en Chimalhuacán, por parte del esposo, Julio César Hernández Ballinas, comandante de la policía judicial. La iniciativa también incorpora parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia del 25 de marzo de 2015, relacionada con el caso de su hija y con el proceso judicial que inicialmente le negó justicia.
La sentencia, conocida como Mariana Lima Buendía, se convirtió en un precedente histórico para la investigación de las muertes violentas de mujeres. Además, permitió reabrir la investigación sobre la muerte de Lima Buendía. En ella se ordenó realizar todas las diligencias necesarias a fin de determinar las circunstancias de su muerte y esclarecer si se trató o no de un feminicidio.
El dictamen fue leído por la diputada de Morena, Jennifer Nathalie González López, autora de la iniciativa que establece una pena de cuatro a 10 años de prisión, así como sanciones de 100 a 150 días de multa y la destitución o inhabilitación para el cargo por las conductas descritas.
La iniciativa fue avalada por unanimidad el 10 de septiembre en sesión del Congreso mexiquense. Con ella se modifica el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos estatales.
En el dictamen se consideró pertinente señalar que en las investigaciones penales de los feminicidios se han identificado tres principales deficiencias: pérdida de evidencias relacionadas con los hechos por parte de las personas servidoras públicas, falta de exhaustividad en las investigaciones, así como falta de comprensión y aplicación correcta de la perspectiva de género.
La legisladora Jennifer Nathalie González López resaltó el trabajo de Irinea Buendía, quien desde el dolor y sufrimiento de una madre que no ha parado de luchar por justicia para su hija en estos casi 15 años, ha avanzado para que ningún feminicidio sea ocultado con un suicidio o de alguna otra manera que evada la justicia.
También precisó que la reforma no es únicamente punitiva, pues impulsa un cambio cultural y administrativo de justicia, lo cual asegura que todas las muertes violentas de mujeres no sean minimizadas. Expresó que presentó el dictamen ante el pleno legislativo con un profundo sentido de justicia, honor, responsabilidad y, sobre todo, dignidad.
Una sentencia histórica y 70 años de cárcel al feminicida
Mariana Lima Buendía era abogada y tenía 29 años cuando fue asesinada el 28 de junio de 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, quien era comandante de la Policía Judicial municipal e intentó hacer pasar el feminicidio como un suicidio por ahorcamiento.
Irinea Buendía Cortés inició una lucha ante la negligencia de las autoridades para obtener justicia hasta demostrar por sus propios medios que no era suicidio, sino un asesinato.
Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En 2015, la SCJN emitió la histórica Sentencia Mariana Lima Buendía, la cual ordenó reabrir el caso, exhumar el cuerpo y establecer que toda muerte violenta de mujeres en el país debe investigarse obligatoriamente como feminicidio y con perspectiva de género.
La defensora de los derechos humanos quien durante 13 años luchó por que se hiciera justicia, logró la sentencia condenatoria del feminicida Julio César Hernández Ballinas, con 70 años de cárcel.
Buendía Cortés recorrió gran parte de los estados de la República Mexicana para difundir el alcance de la sentencia y capacitar a familias y autoridades y para impulsar iniciativas legales para sancionar la omisión y negligencia de servidores públicos en casos de violencia de género.
En noviembre de 2022, inició una caravana, para impulsar la Sentencia Mariana Lima Buendía, considerada histórica porque por primera vez un caso jurídicamente archivado y resuelto como "suicidio", se reabrió y pudo demostrarse que en realidad era feminicidio.
La activista por los derechos humanos comprobó que hay múltiples obstáculos estructurales para alcanzar justicia y miles de casos están cerrados; reabrirlos es muy complicado. Asumida feminista, criticó el desdén por hacer un cambio cultural que permitiera a las y los funcionarios juzgar con perspectiva de género. Los protocolos, las orientaciones, la capacitación son "pura simulación" y el resultado es impunidad para las víctimas del feminicidio cotidianamente.
En 2023, acompañada por Amnistía Internacional, dio una conferencia de prensa en la que narró cómo, de los 16 estados que había visitado para promover la Sentencia Mariana Lima Buendía, encontró puertas cerradas principalmente en las entidades gobernadas por el partido oficial, como Baja California, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán y Tabasco.
Su objetivo es que la sentencia de la SCJN obligue a todas las autoridades del país a aplicar los parámetros que se establecen para juzgar con perspectiva de género. También busca sancionar las omisiones de los servidores públicos obligados a cumplir esa sentencia y reparar el daño causado.
El Congreso mexiquense fue el primero, el 10 de septiembre del 2026, en aprobar la Ley Mariana Lima Buendía.
