Querétaro, 27 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro reportó la inmovilización de 93 cuentas bancarias mediante autorizaciones judiciales, con recursos por 325 millones de pesos asegurados o garantizados para la reparación del daño a víctimas de delitos.
El fiscal general, Víctor Antonio De Jesús Hernández, presentó las cifras durante un balance de procuración de justicia y explicó que estas medidas forman parte de los actos de investigación desarrollados por la institución.
Las inmovilizaciones requieren autorización judicial previa y buscan preservar recursos relacionados con investigaciones penales, de acuerdo con los supuestos legales aplicables.
De Jesús Hernández señaló que la Fiscalía ha incrementado el uso de esta herramienta para proteger los intereses patrimoniales de las víctimas.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero solicitó precisar a qué tipo de delitos correspondían las cuentas inmovilizadas.
En su respuesta, el fiscal explicó que estas medidas están vinculadas principalmente con hechos delictivos de naturaleza patrimonial, entre los que se encuentra el fraude.
El funcionario señaló que la inmovilización debe guardar relación con la investigación y responder a una finalidad procesal concreta.
En su exposición, De Jesús Hernández informó que las 93 cuentas involucran una cantidad de 325 millones de pesos presentada por la Fiscalía como asegurada o garantizada para reparación del daño.
La cifra no significa necesariamente que la totalidad del dinero haya sido devuelta a las personas afectadas. La información proporcionada corresponde a recursos sujetos a las medidas judiciales descritas.
El fiscal explicó que anteriormente no se reportaban inmovilizaciones de cuentas bancarias dentro de los indicadores institucionales de comparación con 2024.
Por ello, el registro actual documenta el uso de esta técnica de investigación, pero no permite establecer un porcentaje de crecimiento frente a ese año.
La Fiscalía presentó la inmovilización de recursos como parte de sus actuaciones dirigidas a garantizar la restitución patrimonial de las víctimas, conforme a las resoluciones que correspondan en cada procedimiento.
