Washington, Estados Unidos, 3 de octubre de 2026.- Aníbal Alexander Canelón Aguirre, venezolano de 50 años, llegó a Estados Unidos tras su captura en Venezuela y se declaró no culpable ante un tribunal federal de Nebraska de los cargos por una red de ataques a cajeros automáticos que el gobierno estadounidense vincula con el Tren de Aragua.
El juez federal Michael D. Nelson ordenó que permanezca detenido mientras avanza el proceso.
El director del FBI, Kash Patel, anunció la captura el 15 de septiembre ante el Comité Judicial del Senado, sin dar entonces el nombre del detenido. El Departamento de Justicia confirmó después su traslado a territorio estadounidense. Las imágenes difundidas por el FBI lo muestran descendiendo de una aeronave bajo custodia de agentes de la Fuerza de Tarea Cibernética de la agencia.
"Ahora está de vuelta en Estados Unidos para enfrentar la justicia", escribió Patel en un mensaje en X, donde lo describió como el décimo fugitivo de la lista de los 10 más buscados capturado desde el inicio de la administración de Donald Trump.
Canelón Aguirre, alias Prometeo o El Ingeniero, ingresó a esa lista el 12 de marzo de 2026 como el primer fugitivo cibernético en su historia. El FBI sostiene que eludía a las autoridades desde alrededor de 2017, cuando comenzaron los robos en cajeros.
Un gran jurado federal de Nebraska presentó la acusación en diciembre de 2025. El FBI lo acusa de conspiración para cometer fraude bancario, robo bancario y daños intencionados a sistemas informáticos, además de blanqueo de capitales y suministro de apoyo material a terroristas.
Según la acusación, desarrolló Ploutus, un programa malicioso que obliga a los cajeros a dispensar efectivo. De acuerdo con el FBI, el dinero obtenido llegaba a una red de lavado vinculada al Tren de Aragua.
El Departamento del Tesoro sancionó el 30 de septiembre a nueve personas y una empresa por su presunta participación en una red de fraude utilizada para financiar al Tren de Aragua, organización que Washington considera terrorista. Canelón Aguirre figura entre los sancionados, y el Tesoro atribuye a la red operaciones en Venezuela y México.
