A diez meses de que arranque el proceso formal, panistas y morenistas ya definieron sus perfiles fuertes para la gubernatura. El PAN llega con ventaja pero sin heredero claro; Morena llega con una marca que conecta en el territorio y un candidato que arrastra denuncias por extorsión, lavado de dinero y un conflicto de interés en el propio árbitro electoral. El mapa de las 18 alcaldías, mientras tanto, sigue mayoritariamente en blanco.
Querétaro llega a la recta hacia 2027 con una particularidad que lo distingue del resto del país: es uno de los pocos estados —junto con Chihuahua, Nuevo León y Aguascalientes— donde la oposición al gobierno federal todavía gobierna con comodidad y donde Morena, pese a diez años de intentarlo, no ha logrado más que administrar el desgaste ajeno.
El proceso de 2027 renovará al mismo tiempo la gubernatura, el Congreso de 25 diputaciones y los 18 ayuntamientos del estado, una Legislatura que hoy reparte sus curules entre Morena, PAN, dos bancadas independientes, Movimiento Ciudadano, el Verde, el PRI y el PT. Ese es el tablero completo: no solo se disputa la Casa de la Corregidora, se disputan 18 gobiernos municipales y la composición del Congreso que los va a vigilar —o no.
El PAN llega con ventaja, pero sin heredero claro
Ningún partido opositor al gobierno federal puede darse el lujo de la comodidad en 2027, y el PAN queretano lo sabe. Gobierna el estado de forma ininterrumpida desde 2015 y las encuestas, con matices, lo siguen colocando como favorito: mediciones de este año lo ubican entre 40 y 58 por ciento de intención de voto frente a un Morena que oscila entre 22 y 34 por ciento, dependiendo de la casa encuestadora y del escenario de alianzas evaluado.
Pero esa ventaja convive con una definición interna que el propio gobernador Mauricio Kuri no ha resuelto. El proceso de selección quedará en manos del propio Kuri y del dirigente estatal Martín Arango, y el abanico incluye al menos cinco perfiles: el alcalde de la capital, Felipe Fernando "Felifer" Macías; el exalcalde capitalino y hoy secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Bernardo Nava; el senador Agustín Dorantes; el alcalde de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete. El senador y excandidato presidencial Ricardo Anaya conserva peso nacional, aunque no ha confirmado interés formal en la gubernatura estatal.
Las encuestas internas se contradicen entre sí de una medición a otra —un signo, más que de manipulación, de que el proceso panista sigue genuinamente abierto—: unas colocan a Macías al frente por su exposición diaria como alcalde capitalino y su desempeño en los cinco municipios metropolitanos; otras dan la ventaja a Nava por su trayectoria administrativa y su cercanía operativa con Kuri.
Lo que ninguna encuesta discute es que el PAN llegará a 2027 con un proceso ordenado por encuestas —el mismo método que copió de Morena— y con la instrucción explícita de la dirigencia de evitar fracturas.
Ahí está el punto ciego de la narrativa panista: la ventaja en las encuestas generales no resuelve el problema de fondo, que es la sucesión. Cuatro sexenios de gobierno consecutivo generan estructura, pero también generan un parque de aspirantes que se disputan el mismo espacio y una ciudadanía que empieza a preguntar, con toda razón, si la alternancia interna del PAN es competencia real o reparto acordado entre el mismo círculo.
Morena decidió: Santiago Nieto, con paridad nacional pero sin mujer en Querétaro
El 26 de agosto, Morena resolvió lo que llevaba meses insinuando: designó a Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y exdirector del IMPI, como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Querétaro, la figura que funciona como antesala directa de la candidatura a la gubernatura. Nieto le ganó la partida a otros nueve aspirantes registrados en junio —entre ellos el diputado Gilberto Herrera, la senadora con licencia Beatriz Robles, el diputado federal Luis Humberto Fernández, el exdirector del Fonden José María "Chema" Tapia y la alcaldesa con licencia de Cadereyta, Astrid Ortega—, además del diputado federal Ricardo Astudillo, que se perfiló como carta del Verde dentro de la misma coalición.
El dato que merece lectura crítica es este: la dirigencia nacional de Morena había adelantado que, de las 17 gubernaturas en disputa en 2027, entre nueve y diez recaerían en candidaturas femeninas, como parte de un criterio de paridad que la propia presidenta Claudia Sheinbaum impulsó más allá del mínimo constitucional.
En Querétaro, sin embargo, la coordinación —y con ella la ventaja para la candidatura— terminó en manos de un hombre, pese a que perfiles como Beatriz Robles llegaron a figurar entre los mejor posicionados en encuestas internas publicadas meses antes. No hay manera de afirmar con certeza por qué Querétaro no fue uno de los estados reservados a mujeres —Morena no lo ha explicado públicamente—, pero el contraste entre el discurso nacional de paridad y el resultado local es un dato que esta columna no va a dejar pasar sin señalarlo.
El expediente que Nieto no ha logrado cerrar: extorsión, cuñado y una denuncia sin resolver
Lo que Morena no puede controlar en su relato de austeridad y honestidad es el expediente que Nieto arrastra desde su paso por la UIF, entre 2019 y 2021. La acusación no es nueva ni anónima: tiene nombre, apellido y militancia declarada.
El exsenador panista Roberto Gil Zuarth, junto con los abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, sostiene desde 2022 que Nieto convirtió a la UIF en lo que Gil Zuarth llamó públicamente el "látigo del miedo del régimen", y describió un presunto modus operandi: una denuncia se filtraba a medios, la cuenta bancaria de la persona señalada quedaba bloqueada, aparecían abogados que cobraban por gestionar el desbloqueo, y ese dinero terminaba regresando, según la acusación, a una red de empresas ligadas al entonces titular de la UIF.
En diciembre de 2023, ese mismo grupo formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalando específicamente una red de empresas creada en 2019 en la que aparece como director Sergio Humphrey Jordán, cuñado de Nieto. La denuncia formal incluye, además de lavado de dinero, los delitos de ejercicio indebido del servicio público y extorsión.
Por separado, y con un estándar de verificación distinto —vale la pena decirlo con toda claridad para no mezclar planos—, el columnista Raymundo Riva Palacio publicó en noviembre de 2021 dos relatos de empresarios no identificados: uno que, según contó, pagó un porcentaje de sus recursos para lograr un desbloqueo temporal de cuentas congeladas a un familiar, y otro que aseguró haber pagado medio millón de pesos por una reunión con Nieto que no resolvió nada.
Son testimonios de fuente anónima recogidos por un periodista, no una denuncia documentada ante autoridad, y esta columna los trata con ese nivel de certeza: como versión periodística, no como hecho acreditado.
Nieto ha respondido cada vez que se le ha señalado, y siempre en el mismo sentido: niega categóricamente los hechos, calificó la denuncia de la FGR como "falsas y con fines políticos", ha dicho no tener participación en ninguna de las empresas mencionadas, y ha anunciado acciones legales en contra de Gil Zuarth por daño moral y difamación.
Hasta la fecha no hay constancia pública de que la Fiscalía General de la República haya vinculado a proceso a Nieto por estos hechos ni de que exista sentencia alguna: es una acusación en curso, sostenida por un adversario político identificado, con una denuncia formal presentada y sin resolución conocida.
El árbitro en casa: el conflicto de interés de Carla Humphrey
Hay un segundo frente que Nieto tampoco controla, y este no depende de un adversario externo, sino de su propia vida familiar. Su esposa, Carla Humphrey Jordan, es consejera del Instituto Nacional Electoral y forma parte de la Comisión de Fiscalización, el órgano que vigila el dinero de las campañas. Es decir, mientras Nieto aspira a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Querétaro, su esposa ocupa un asiento en la mesa que —entre otras cosas— vigila encuestas, observación electoral y fiscalización de los procesos locales, incluido el de Querétaro.
El dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, lo planteó sin rodeos hace apenas dos semanas: "Santiago Nieto pretende salir a jugar un partido mientras su esposa está sentada en la mesa del árbitro". El PAN estatal exigió que Humphrey se excuse de cualquier asunto relacionado directamente con la elección de Querétaro si Nieto llega a ser candidato, y el representante panista ante el Consejo General del INE presentó formalmente una solicitud de recusación en ese sentido, aclarando de manera explícita que la petición "no constituye una imputación de parcialidad ni una sanción anticipada" sino una medida preventiva frente al vínculo matrimonial.
Nieto, por su parte, ha rechazado en entrevistas que el cargo de su esposa implique conflicto de intereses, y ha subrayado que la organización de la elección en Querétaro corresponde al órgano electoral local, no al INE.
A ese conflicto declarado se suma un antecedente que la pareja arrastra desde 2022: en enero de ese año trascendió que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra ambos por la compra de varios inmuebles —un departamento en Santa Fe, una casa en Querétaro, una residencia al sur de la Ciudad de México— y un vehículo de lujo, adquisiciones que, según la indagatoria reportada entonces, podrían sugerir un patrimonio no explicado por sus ingresos declarados.
No hay información pública disponible hasta hoy sobre el estatus actual de esa carpeta ni sobre resolución alguna, y no se documentó una respuesta específica de la pareja a ese señalamiento en particular; se registra, por tanto, como una investigación abierta y sin desenlace conocido, no como un hecho resuelto.
Vale además un dato de contexto que ayuda a leer con más precisión el origen de buena parte de las acusaciones contra Nieto: Carla Humphrey estuvo casada anteriormente con Roberto Gil Zuarth —el mismo exsenador panista que hoy encabeza las denuncias de extorsión y lavado de dinero contra su actual esposo—, y ambos han sostenido públicamente, desde hace años y por vías separadas, que el otro ha usado su posición para perjudicarlo políticamente. Esto no invalida ni confirma ninguna de las acusaciones que Gil Zuarth ha presentado contra Nieto; simplemente es información pública relevante para que el lector pueda pesar, con el contexto completo, la relación entre acusador y acusado.
Cómo está recibiendo la ciudadanía a los aspirantes morenistas
Aquí conviene separar dos planos que suelen confundirse: la recepción de Morena como marca política en Querétaro, y la recepción específica de sus aspirantes como personas.
Como marca, Morena sigue siendo la segunda fuerza clara del estado, con un piso de entre 22 y 34 por ciento según la encuestadora, muy lejos todavía del PAN pero también muy por delante de PRI y Movimiento Ciudadano, que se mueven en rangos de un dígito. Ese piso no es artificial: existe una base real de simpatía, sostenida en buena medida por los programas sociales del gobierno federal, que Nieto ha explotado abiertamente en sus recorridos territoriales.
En un brigadeo por colonias de la capital en agosto, vecinos y comerciantes le expresaron respaldo directo y agradecieron el impacto de programas como la pensión para adultos mayores, un termómetro que sugiere que el proyecto morenista conecta con un electorado popular concreto, no solo con la militancia.
Como perfil individual, en cambio, la recepción de Nieto es mucho más ambivalente de lo que su equipo quiere proyectar, y el expediente que arrastra —extorsión, lavado de dinero, conflicto de interés familiar con el árbitro electoral, patrimonio bajo investigación— es exactamente el tipo de material con el que la oposición panista en el Congreso local ya empezó a trabajar: la diputada Juliana Hernández Quintanar cuestionó su desempeño político pese a reconocer su trayectoria académica, y su compañero de bancada, Antonio Zapata Guerrero, pidió a Morena "revisar los perfiles que impulsa" y ser congruente con su propio discurso anticorrupción. A eso se suma la controversia, más ligera pero simbólicamente costosa para un partido que se define austero, sobre su registro en línea mientras versiones periodísticas lo ubicaban de viaje en Madrid, y su asistencia documentada a un partido del Mundial 2026.
El resultado neto, con la información disponible hoy, es que Morena no enfrenta un rechazo generalizado en Querétaro —el estado no es hostil al proyecto como bloque—, pero sí enfrenta un problema de perfil serio: la ciudadanía parece dispuesta a votar por la marca sin estar necesariamente convencida por el candidato que la marca eligió, y cada uno de los frentes abiertos alrededor de Nieto —judicial, patrimonial y de conflicto de interés— le da a la oposición munición que no tendrá que fabricar, solo repetir.
El PRI se resigna a competir solo, Movimiento Ciudadano apuesta a una mujer que aún no aparece
El PRI queretano decidió no buscar coalición y competir por su cuenta en 2027, según ha declarado la propia dirigencia estatal. Sus dos cartas visibles son el diputado federal Mario Calzada Mercado y la diputada Abigail Arredondo, con encuestas internas que los colocan prácticamente empatados y con un tercio del electorado priista todavía indeciso. Es un partido que compite hoy por conservar relevancia más que por disputar el poder: su techo en las encuestas estatales generales no rebasa un dígito.
Movimiento Ciudadano, por su parte, mantiene un discurso de expectativa sin nombres firmes. El coordinador estatal del partido en el Congreso local adelantó que la fuerza naranja "seguramente" postulará a una mujer para la gubernatura, aunque hasta ahora ningún perfil concreto se ha consolidado públicamente ni en las encuestas ni en el debate interno del partido, que registra el nivel de indecisión más alto entre todas las fuerzas medidas.
El mapa municipal: paridad definida en algunos lugares, vacío en la mayoría
Aquí es donde el análisis debe ser más honesto sobre sus límites. De los 18 municipios de Querétaro, hoy permite hablar con algún detalle solo de un puñado:
En Corregidora, el alcalde Josué "Chepe" Guerrero figura entre los aspirantes panistas a la gubernatura, lo que abre —sin que existan todavía nombres confirmados— la pregunta de quién encabezaría la candidatura del PAN al municipio si él da el salto. En El Marqués, el PAN mantiene una ventaja histórica amplia sobre Morena según las mediciones disponibles, sin que se hayan hecho públicos todavía los perfiles municipales de ninguno de los dos partidos. En San Juan del Río, el segundo municipio más poblado del estado, el PAN evalúa a través de encuestas internas a seis aspirantes femeninas —Ana Eugenia Patiño, Judith Ortiz, Rosalba Ruiz, Tania Ruiz, Liliana San Martín y Bibiana Rodríguez—, decisión que la propia dirigencia municipal vincula explícitamente tanto a los lineamientos de paridad de género como a la clasificación del municipio como zona de alta rentabilidad electoral para el blanquiazul. Fuentes cercanas al PAN estatal han señalado además que San Juan del Río, junto con Ezequiel Montes y Pinal de Amoles, figura entre los municipios de alta votación donde el partido postularía candidatas mujeres para cumplir la cuota de género. En Cadereyta de Montes, Astrid Ortega gobernó con licencia mientras compitió por la coordinación estatal de Morena, lo que confirma que el partido guinda ya tiene, al menos, una alcaldía bajo su control directo en la entidad.
De los 13 municipios restantes —Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Colón, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, Pedro Escobedo, Pinal de Amoles (más allá del dato de paridad ya citado), San Joaquín, Tequisquiapan y Tolimán—, no existe hoy información pública suficiente y verificable sobre aspirantes concretos por partido.
Perfiles: ¿quién compite y por qué?
Con lo que sí se sabe, un patrón se distingue con claridad. Del lado panista, los perfiles fuertes comparten un rasgo común: son cuadros formados dentro de la administración pública estatal o municipal queretana, con trayectoria territorial visible y cercanía directa al aparato de Kuri —Nava, Macías, Del Prete, Guerrero—, con la excepción parcial de Dorantes y Anaya, que operan desde el Senado y desde una proyección más nacional. Es un partido que privilegia la continuidad administrativa sobre la renovación generacional, y que apenas empieza a ceder terreno a mujeres en los espacios donde la ley de paridad se lo exige de forma directa.
Del lado morenista, el patrón es distinto: la mayoría de los aspirantes que se registraron en junio llegan desde cargos federales o desde una proyección nacional —Nieto desde el gobierno federal y organismos autónomos, Robles desde el Senado, Tapia desde el Fonden, Fernández desde la Cámara de Diputados—, con menos arraigo ejecutivo local que sus contrapartes panistas. Es la lectura más plausible del por qué la crítica de "perfil impuesto desde el centro" logra eco: no es solo un ataque de la oposición, es una descripción razonablemente precisa de cómo se construyó el mapa de aspirantes morenistas en Querétaro, y el caso de Nieto —con expedientes judiciales y familiares que lo acompañan desde la Ciudad de México— es el ejemplo más claro de esa distancia entre el proyecto nacional y el territorio que se pretende gobernar.
Contrapeso: el balance real
El PAN llega a 2027 con ventaja numérica pero sin resolver quién hereda el proyecto, atrapado entre la comodidad de cuatro sexenios de gobierno y la fatiga que esa misma comodidad empieza a generar en un electorado joven que las encuestas ya detectan como menos entusiasta. Morena llega con una marca que sí conecta en el terreno social, pero con un candidato cuyo expediente personal —extorsión denunciada, lavado de dinero investigado, un patrimonio bajo escrutinio de la FGR y un conflicto de interés declarado con la propia autoridad electoral que organizará la elección— le exige a su partido mucho más trabajo de convencimiento del que el discurso de "hartazgo ciudadano contra el PAN" por sí solo puede ofrecer. Y en el terreno municipal, donde en realidad se decide buena parte de la vida cotidiana de los queretanos, la discusión pública sigue casi vacía en dos terceras partes del estado, lo que no es un dato menor: es, en sí mismo, un síntoma de que la política queretana, con todo y sus encuestas semanales, sigue operando más desde las cúpulas que desde los municipios. Te leemos en los comentarios.
