México, 13 Feb. (Notimex).- La Cámara de Diputados aprobó reformar el Código Penal Federal para considerar como delito agravado y con mayores sanciones el robo de cables de cobre cuando provoque la interrupción de servicios públicos y básicos.
Con 384 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones el Pleno avaló el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia que modifica el Artículo 381 del Código Penal Federal.
El agravante por la sustracción de cables de cobre, usados para la conducción de la energía eléctrica, sería penado con dos y hasta siete años de prisión, además de las sanciones previstas por el delito de robo en sí.
La propuesta surge de una iniciativa presentada por el diputado del Revolucionario Institucional, Javier Filiberto Guevara González y una vez aprobado por de los legisladores fue turnada a la colegisladora para su análisis.
El texto aprobado expone que “actualmente el robo de cable o cualquier otro material mediante el cual se presta un servicio público se considera un robo simple, y el robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para el gobierno federal, y los gobiernos estatales y municipales”.
A lo largo de los últimos años, advirtió, se incrementó las actuaciones delictivas relacionadas con el robo de cobre, debido a la revalorización que tiene el metal a nivel mundial.
Mencionó que a causa del robo del cableado las autoridades se ven obligadas a reparar continuamente los daños, a fin de brindar el servicio de alumbrado público a las comunidades.
“El robo a los industriales, comerciantes, campesinos, comuneros y ejidatarios que utilizan, en los terrenos destinados a la siembra, extensiones considerables de cable para la alimentación de bombas para riego, representa pérdidas cuantiosas que perjudican su situación, de por sí ya vulnerable”, señaló.
De acuerdo al documento, existe un mercado clandestino de ventas de metales a nivel mundial, donde vendedores y compradores causan cuantiosos daños a establecimientos, oficinas, casas habitación y gobierno.
Por esta razón, subrayó, “resulta necesario reformar el Código Penal Federal y que se contemple el robo de cable de cobre como una agravante al delito de robo”.
Al fundamentar el dictamen el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Filiberto Guevara apuntó que en los últimos años el robo de cobre cobró relevancia por el costo económico que representa la pérdida de este material para los servicios públicos que brinda el Estado.
Por ello, dijo, es necesario implementar medidas estrictas para prevenir y disminuir este delito, ya que este material se comercializa en los depósitos que se dedican a su compra-venta, al pagar alto precio sin conocer su origen.
Hizo notar que China es responsable de casi 40 por ciento de la demanda global del cobre estimada en 19 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos representa 10 por ciento del consumo global.
En ese sentido, señaló que actualmente Chile mantiene su posición como mayor productor de cobre en el mundo, y le sigue la fuente de participación de Perú y México en la región.
Sin embargo, precisó que pese a ser una buena señal para México como productor de cobre, también tiene repercusiones por los altos índices de robo en los conductores eléctricos que prestan el servicio de alumbrado público de comunidades y en otros servicios.
A partir del cierre de labores de la Mina de Cananea, recordó, el precio del cobre se incrementó y afectó directamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Red de Comunicaciones.
Sumado a ello, abundó, el delito de robo del metal que representa un gasto más para las compañías y un incremento en las tarifas a los servicios que prestan.
Los delincuentes dedicados a esta actividad, dijo, no sólo roban cobre, sino también otros materiales como el fierro, aluminio, acero, níquel y otros que, por su valor comercial, también son robados de la vía pública con el fin de ser comercializados y en perjuicio de particulares y del Estado mexicano.
Los principales factores que contribuyen al incremento del hurto de metales se encuentran, la fácil comercialización y alta demanda en su compra sin tener conocimiento de su procedencia.
Finalmente, advirtió que es un negocio creciente por las altas ganancias que les dejan a los delincuentes y a los compradores.
Con 384 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones el Pleno avaló el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia que modifica el Artículo 381 del Código Penal Federal.
El agravante por la sustracción de cables de cobre, usados para la conducción de la energía eléctrica, sería penado con dos y hasta siete años de prisión, además de las sanciones previstas por el delito de robo en sí.
La propuesta surge de una iniciativa presentada por el diputado del Revolucionario Institucional, Javier Filiberto Guevara González y una vez aprobado por de los legisladores fue turnada a la colegisladora para su análisis.
El texto aprobado expone que “actualmente el robo de cable o cualquier otro material mediante el cual se presta un servicio público se considera un robo simple, y el robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para el gobierno federal, y los gobiernos estatales y municipales”.
A lo largo de los últimos años, advirtió, se incrementó las actuaciones delictivas relacionadas con el robo de cobre, debido a la revalorización que tiene el metal a nivel mundial.
Mencionó que a causa del robo del cableado las autoridades se ven obligadas a reparar continuamente los daños, a fin de brindar el servicio de alumbrado público a las comunidades.
“El robo a los industriales, comerciantes, campesinos, comuneros y ejidatarios que utilizan, en los terrenos destinados a la siembra, extensiones considerables de cable para la alimentación de bombas para riego, representa pérdidas cuantiosas que perjudican su situación, de por sí ya vulnerable”, señaló.
De acuerdo al documento, existe un mercado clandestino de ventas de metales a nivel mundial, donde vendedores y compradores causan cuantiosos daños a establecimientos, oficinas, casas habitación y gobierno.
Por esta razón, subrayó, “resulta necesario reformar el Código Penal Federal y que se contemple el robo de cable de cobre como una agravante al delito de robo”.
Al fundamentar el dictamen el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Filiberto Guevara apuntó que en los últimos años el robo de cobre cobró relevancia por el costo económico que representa la pérdida de este material para los servicios públicos que brinda el Estado.
Por ello, dijo, es necesario implementar medidas estrictas para prevenir y disminuir este delito, ya que este material se comercializa en los depósitos que se dedican a su compra-venta, al pagar alto precio sin conocer su origen.
Hizo notar que China es responsable de casi 40 por ciento de la demanda global del cobre estimada en 19 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos representa 10 por ciento del consumo global.
En ese sentido, señaló que actualmente Chile mantiene su posición como mayor productor de cobre en el mundo, y le sigue la fuente de participación de Perú y México en la región.
Sin embargo, precisó que pese a ser una buena señal para México como productor de cobre, también tiene repercusiones por los altos índices de robo en los conductores eléctricos que prestan el servicio de alumbrado público de comunidades y en otros servicios.
A partir del cierre de labores de la Mina de Cananea, recordó, el precio del cobre se incrementó y afectó directamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la Red de Comunicaciones.
Sumado a ello, abundó, el delito de robo del metal que representa un gasto más para las compañías y un incremento en las tarifas a los servicios que prestan.
Los delincuentes dedicados a esta actividad, dijo, no sólo roban cobre, sino también otros materiales como el fierro, aluminio, acero, níquel y otros que, por su valor comercial, también son robados de la vía pública con el fin de ser comercializados y en perjuicio de particulares y del Estado mexicano.
Los principales factores que contribuyen al incremento del hurto de metales se encuentran, la fácil comercialización y alta demanda en su compra sin tener conocimiento de su procedencia.
Finalmente, advirtió que es un negocio creciente por las altas ganancias que les dejan a los delincuentes y a los compradores.
