En un hotel de Paseo de la Reforma, ambos precandidatos se reunieron con los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), quienes definirán la agenda legislativa para el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero.
En su discurso, Anaya Cortés exhortó a los senadores de esos institutos políticos a avanzar en las reformas que permitían dar el marco legal a los gobiernos de coalición en México, ya que, consideró, el próximo 1 de julio se concretará la victoria de este tipo de gobiernos en el país.
A su vez, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, expuso que es necesario impulsar la expedición de la ley secundaria que norme la conformación de los gobiernos de coalición, ya que de no hacerlo se tendría el riesgo de que éstos fracasen aún antes de llevarlos a la práctica.
Mencionó que este encuentro, donde también asistió el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, es “inédito” ya que es “entre legisladoras y legisladores de las fuerzas políticas a las que pertenecemos, en correspondencia con la decisión de constituir un frente político, primero, y ahora una coalición electoral, de cara a las elecciones del próximo 1 de julio”.
“Vamos por cambios y transformaciones desde ahora. Nuestra responsabilidad como representantes populares y legisladoras y legisladores ante el México lastimado por la inseguridad, los malos gobiernos y la creciente desigualdad, exige de nuestro esfuerzo hoy, y hasta el último día de esta Legislatura”, abundó.
Por tal razón, se requiere concluir la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, analizar su funcionamiento y plantear las modificaciones necesarias para que la prevención y la justicia se conviertan en el camino cotidiano para lograr gobiernos transparentes, veraces, con credibilidad y respeto social.
Además, la modificación del Artículo 102 de la Constitución es obligada para que el fiscal General de la República y los fiscales anticorrupción y electoral tengan plena autonomía y las herramientas jurídicas que les permita actuar contra el delito sin importar de quién se trate.
Sánchez Jiménez agregó que impulsarán un nuevo modelo de comunicación gubernamental donde la propaganda que se haga no se convierta en el mecanismo de premio o castigo a los medios de comunicación.