Eludidas, olvidadas o marginadas del discurso presidencial en su 1er informe de gobierno, las mujeres mexicanas enfrentan algunos de los problemas más graves del país sin esperar alguna salvación milagrosa que, lo saben más que nunca, ni existe ni va a llegar. Si en el sexenio anterior la política de género brillaba sólo en documentos oficiales, en éste ni siquiera se toma en cuenta.
No se ha tomado consciencia al parecer de que, más allá de hablar de “mexicanas y mexicanos” o “niñas y niños”, urge tomar en cuenta a la mitad de la población y no sólo como parte de “las familias” que algún día alcanzarán el bienestar ni como niñas y jóvenes que reciben o recibirán alguna beca, sino como sujetas de derechos y ciudadanas con voz, voto y demandas concretas.
A reserva de revisar el informe impreso donde tal vez las dependencias encargadas de la política para las mujeres hayan hecho alguna aportación, el hecho es que en la visión del presidente las mujeres son parte difusa de la masa del pueblo y sus diversos subconjuntos. Entre las buenas intenciones del gobierno no se menciona siquiera garantizar la igualdad de hombres y mujeres, acabar con la discriminación y el acoso, ni se reconocen como desafíos para el Estado y la sociedad las violencias machistas tan denunciadas en las últimas semanas.
El presidente habló del “bienestar material y el bienestar del alma”, de la “regeneración de las instituciones y de la sociedad” y de acabar con la violencia mediante el acceso al trabajo y a la educación y atribuyó al pueblo y a un “nosotros” indefinido una gran felicidad.
Sin afán de repetir lo que ya se ha subrayado en esta columna, llama la atención que a nueve meses de iniciada la actual administración, ante crecientes cifras de homicidios y asesinatos de mujeres, protestas sonadas contra la violencia sexual, el acoso, el feminicidio y la desaparición, no se haya mencionado siquiera laevidente ineptitud y/o corrupción en la administración de justicia y la urgente necesidad de acabar con la impunidad. Se afirma, sin necesidad de pruebas al parecer, que “no se permite la desaparición de personas.
El Estado ya no es el principal violador de Derechos Humanos”, como si no siguieran desapareciendo niñas y mujeres (por no hablar de hombres) y el Estado no tuviera la obligación de impedirlo y sancionarlo, ni tampoco constituyera una transgresión a los Derechos Humanos por parte del Estado que haya policías que violan a mujeres y niñas, en vez de cumplir con su obligación de proteger.
Se insiste además en que la Guardia Nacional resolverá los problemas de violencia sin considerar que las fuerzas armadas han incurrido en violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.
El discurso del bienestar y la felicidad también borra del panorama la precaria situación de los refugios para mujeres violentadas, sostenidos por la sociedad civil, que han construido un modelo de atención integral reconocido y validado por décadas de experiencia.
Unos días antes del informe, se anuncia la implantación a nivel nacional de otro modelo, conocido como “Puerta violeta”, bajo rectoría del Estado, lo cual no garantiza que funcione, sin explicar por qué no se mantiene y sostiene un modelo ya probado, que funciona y puede mejorarse. De las estancias infantiles tampoco se dijo nada: al parecer el argumento de que “alguien” le recomendó al presidente dar dinero “sin intermediarios” basta para eliminar la obligación del Estado con la primera infancia y con la promoción de la igualdad de género a la que las estancias contribuyen.
Por fortuna, aparte de la voz presidencial y de las propuestas recicladas de la jefa de gobierno para frenar la violencia en la capital, se tejen en la sociedad otros discursos, realistas y propositivos que ponen en el centro a las mujeres y a las niñas y plantean con claridad el objetivo de poner freno a las violencias machistas que, desde la sociedad y el Estado, obstaculizan o impiden el goce del derecho a la vida, la seguridad y la integridad.Como veremos, esas voces ciudadanas tienen mucho que aportar.
