México, abril (SEMlac).- La violencia política por razón de género no sólo se da en el proceso electoral, sino también cuando las mujeres acceden a un cargo de poder, como le sucedió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, a quien la acusan, la ofenden y hasta queman su figura fuera de la Corte.
La consultora política Claudia Espinosa Almaguer, en entrevista en el noticiario ALTAVOX con Erika Salgado, señala que la violencia política contra las mujeres son los cinco tipos de violencia que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia: la física, sexual, patrimonial, económica, psicológica en un contexto electoral o de acceso al poder.
Señala que lo que hay entender es qué es una discriminación sexual, a las mujeres las agreden por sexo, de ahí se les cargan todos los atributos sociales y de ahí se sostienen los violentadores, y eso se está viendo en este proceso electoral.
Hay que tener en cuenta, señaló, que las mujeres en el país son 51 por ciento de la población, de acuerdo con el último recuento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); hay 66 millones de mujeres y, por supuesto, quieren participar en la política.
Advirtió que los partidos políticos son muy machistas y parece no importarles la participación política de las mujeres. Gracias al movimiento feminista, tenemos la paridad desde la reforma constitucional de 1974 de la igualdad jurídica del hombre y la mujer y, desde luego, desde 1953 con el derecho al voto.
Entre las trampas para no dejar participar a las mujeres, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconocía a México por la paridad los partidos políticos, estaba que decían no hay mujeres que quieran participar; después pusieron a sus hermanas, primas, esposas y suegras con un suplente hombre para que ellas renunciaran, las conocidas "Juanitas".
Ahora resulta que existe una confusión entre género y sexo: un hombre, que aparece como tal en redes sociales, se registró como si fuera mujer para poder contender por la alcaldía del municipio de Venado. Cuando asuma el poder, nada le impedirá irse a percibir como hombre. Como ha pasado con las candidaturas indígenas.
Es el caso del candidato del Partido Verde, José Reyes Martínez Rojas, quien se registró ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) como si fuera mujer para la candidatura a la Presidencia Municipal de Venado.
Esto es una confusión de las autoridades electorales, ya que los aspirantes se perciben a como les conviene, cuando llego al poder soy hombre, dijo.
La especialista en derecho penal refirió que de más de 11.000 delitos electorales en incidencia delictiva que reportan las fiscalías estatales de 2013 a 2024, 181 ocurrieron en San Luis Potosí, pero no se sabe cuáles son por razón de género.
Tan sólo de 2013 a 2024 el total de los delitos electorales fueron 12.314. La Fiscalía General de la República registró en el 2020, 23 denuncias políticas en razón de género, de las cuales ocho se hicieron carpetas, 13 se remitieron por incompetencia y sólo dos se investigaron.
Sanciones simbólicas a violencia política por razón de género
Señaló que los delitos electorales por razón de género apenas se están tipificando y las sanciones son sólo simbólicas. Pero en los tribunales electorales se llega al absurdo, como el caso de una diputada panista que fue obligada a disculparse con una diputada trans, durante 30 días en sus redes sociales, y la registran como violentadora de género. Es la confusión entre sexo y género de las autoridades electorales. Eso es una agresión contra las mujeres y la libertad de expresión.
También hay otro caso en Tabasco, de una feminista mujer Gudelia, que una persona que se identifica como mujer se sintió agredida y ahora la fiscalía la está siguiendo en sus redes y está siendo acusada, a punto de perder su trabajo.
Hay muchas mujeres independientes con perfiles, preparadas, interesadas en sus áreas, que quieren participar; pero las cúpulas de los partidos políticos están permitiendo esta discriminación sexual y a violentadores dentro de los partidos.
Señala que hay Alerta de Género desde 2017 en San Luis Potosí, no se han visto resultados y la violencia se pondrá más álgida en el actual proceso electoral.
Señala que la situación es más riesgosa para las mujeres en los pueblitos alejados, donde no hay policía para que les den protección. No se les está proveyendo de los derechos.
Ella realizó un seguimiento desde 2006 de violencia familiar y ha registrado más de 9.000 casos.