México, 17 Oct 2024.- (depositphotos) La mayoría oficialista en el Senado de México aprobó la madrugada de este jueves una reforma constitucional que refuerza el control del Estado sobre el sector energético, sobre todo en la electricidad.
Uno de los cambios es devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la petrolera estatal Pemex el título de "empresas públicas" en reemplazo del de "empresas productivas" que compitan con las firmas privadas.
La modificación, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, informó el Legislativo.
Luego de que la semana pasada también fue avalada por los diputados, la reforma constitucional deberá ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos de los estados que conforman el país, la mayoría dominados por el partido oficialista Morena.
La modificación de tres artículos de la Constitución busca "proveer al pueblo de México de electricidad y servicios de Internet al menor precio posible", señaló el Senado en un comunicado.
Uno de los puntos establece que si la estatal genera más de 50% de la energía del mercado, no será considerado monopolio.
Esta reforma, que goza del respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, también de Morena, revierte en parte modificaciones constitucionales de 1992 y 2013 que abrieron el sector a capitales privados.
La senadora oficialista Laura Itzel Castillo señaló que con esta reforma se dan "pasos firmes" para la recuperación de la soberanía energética del país.
Sin embargo, la opositora Imelda Sanmiguel, del conservador Acción Nacional, reclamó que se pretende "endosarle" a los ciudadanos el déficit bajo el que operan CFE y Pemex.
Esta reforma fue presentada por López Obrador en febrero pasado en un momento en que Morena no sumaba los dos tercios de votos en el Congreso federal para pasarla.
Pero el oficialismo arrasó en las elecciones generales del 2 de junio último y junto con sus aliados ha conseguido avanzar otras reformas constitucionales, entre ellas la del poder judicial para que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.