Aldama (México), 5 nov (EFE) - Asustados por las balas, más de 3.000 indígenas tzotziles del pueblo de Aldama abandonaron estos días sus casas por los recurrentes ataques de grupos paramilitares y la falta de atención de las autoridades en un problema agrario que se ha alargado durante décadas.
Según denunciaron los habitantes de Aldama en el suroriental estado mexicano de Chiapas, se han registrado balaceras en las últimas 72 horas en contra de diez comunidades por grupos civiles armados aposentados en el vecino municipio de Chenalhó.
Ello ha provocado que cientos de familias se desplazaran forzadamente, según explicó a Efe Cecilia, vocera de más de un centenar de comuneros y desplazados de Aldama.
Los habitantes señalaron que esta situación es insoportable pues pone en riesgo la seguridad de las mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos de estas comunidades de Aldama, ubicada sobre las montañas y a una hora y media de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez.
UN PROBLEMA DE DÉCADAS
Este es un problema añejo -de 45 años- entre los habitantes de Aldama y de Santa Martha, en el municipio vecino de Chenalhó, que se agudizó en los últimos años y pese a que un tribunal agrario otorgó una compensación de cerca de 15 millones de pesos (unos 750.000 dólares) por unas 60 hectáreas.
Ambas partes argumentan que estos terrenos les pertenecen ancestralmente.
En el 2016 las agresiones se desbordaron cuando unas siete familias fueron despojadas con enorme violencia de sus terrenos por pobladores de Santa Martha.
Desde ese entonces opera un grupo de paramilitar que no deja de herir y hostigar a los pobladores de Aldama cuando estos transitan por las vías que unen toda la zona, según explica el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
De acuerdo con los propios pobladores, se han registrado más de 200 ataques en los últimos años contra de los pobladores de las comunidades de la zona como Xuxch’en, Coco’, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Yeton o Chivit, entre otras localidades que forman parte de la cabecera municipial, Aldama.
En esta región viven familias que son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
MIEDO QUE NO CESA
Las agresiones han estado dirigidas a poblados y a transeúntes que se dirigen a trabajar a sus parcelas, que se encuentran en los lindes entre Santa Martha y Aldama.
A pesar de que el 26 de noviembre 2020 se firmó un acuerdo de paz y se repararon los daños a las víctimas de ambos municipios, nada ha cambiado.
"Todos los días hay balazos, en la mañana, tarde y noche. No hay descanso para la gente de Aldama”, explicó a Efe Luis, habitante de Chivit.
En el patio de la casa de un vecino se encuentra Lucía con su bebé en brazos. Ella cuenta en tzotzil que salió huyendo la noche del miércoles con sus dos hijos y cuatro familias más.
"Es aterrador caminar por los cafetales con el temor de que nos alcanzara un bala, salimos sin nada”, relató para Efe.
Y agregó que vive "enferma de los nervios" y con miedo a que su marido o hijos salgan "heridos" cuando van a cosechar café.
Lucía se refugia en casa de Luis, a un kilómetro de donde se encuentra su casa, la cual está muy a la mano de los tiradores, denunció.
Mientras que otra mujer, Andrea, vive a unos 100 metros de donde se refugia Lucía. Ella, originaria de Chivit, pertenece a una familia numerosa de 40 personas.
“Ya nos queremos ir por los balazos, pero aún no sabemos para donde. Somos 6 familias y con muchos niños y niñas que nos preocupan porque salen a jugar, y hasta aquí llegan las balas”, dijo para Efe mientras tejía con su telar de cintura.
Hasta el lugar de los hechos acudió un grupo de periodistas -entre ellos el equipo de Efe- con el fin de conocer la situación de los desplazados apoyados por representantes de las comunidades afectadas.
Sin embargo, al querer avanzar por los caminos de tierra de una de las comunidades fueron replegados a balazos a unos 500 metros de donde se encontraba una de las comunidades tzotziles, sin que se reportaran lesionados.
Los pobladores señalaron que el grupo de civiles armados está identificado y denunciaron que, pese a ello, las autoridades no han actuado con diligencia.