"Todo esto es lo que se va a ventilar, para que quede completamente claro", dijo en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional, al hacer referencia a los contratos "pantalla" y "fraudulentos" que perjudicaron a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El mandatario adelantó el martes que alista querellas contra "los que resulten responsables" de dañar a la Hacienda Pública por contratos "fraudulentos" entregados en administraciones pasadas que obligaban a la CFE, según él, a pagarle una tarifa a los privados.
Cuestionado por la prensa, este miércoles dio más detalles de dichos contratos.
"Los consideramos fraudulentos, fueron contratos pantalla porque se hicieron licitaciones y se estableció un precio por el pago de la energía que la CFE le compra a las empresas particulares, pero era nada más la formalidad", explicó López Obrador.
Según remarcó, de "inmediato" se anexaba a este primer contrato "otra tarifa" que establecía que se debía pagar más a las empresas, que eran en su mayoría extranjeras y "destacadamente empresas españolas".
Indicó que estos supuestos fraudes tuvieron lugar antes y después de la reforma energética, que se aprobó en 2013 y abrió el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.
"A todas luces se trata de un fraude a la Hacienda Pública y se están preparando las denuncias para proceder en cuanto a los responsables que deben considerarse", remarcó.
Esta persecución judicial puede ir contra funcionarios de la CFE, dueños y accionistas de las empresas involucradas e incluso contra organismos autónomos si es que "avalaron este fraude".
"Se engañó durante mucho tiempo al pueblo, hablando que se le daba subsidio a los consumidores cuando el subsidio se entregaba a estas empresas, cosa que no sucede en ningún país del mundo", aseveró.
Y por ello, aseguró que se están "elaborando" las denuncias.
"Todo esto es lo que se va a ventilar, que quede completamente claro, que todos lo entendamos", concluyó.
En abril y mayo se publicaron dos acuerdos gubernamentales que limitan la energía renovable y la iniciativa privada, al favorecer a la estatal CFE, lo que generó críticas en el sector y entre organismos civiles.
Estas medidas han ido acompañadas de exabruptos contra empresas extranjeras, preocupadas cada vez más por su inversión en México.
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La Suprema Corte de Justicia notificó esta misma semana la suspensión provisional de la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener), en tanto se resuelve su constitucionalidad.