México, marzo (SEMlac).- (depositphotos) Luego de estar congelada cuatro años, por fin senadoras y senadores, apenas 84 de 135, aprobaron la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que será de carácter público y hace justicia a niños y niñas abandonados por los padres -siete de cada 10 en el caso de divorcio- y que establece la restricción política, porque quien deba alimentos no podrá ejercer ningún cargo público.
En la Cámara de Diputados, por acuerdo plural de las diputadas, ya se discute la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, para limitar a quienes quieran ser funcionarios, si además de deudores, son violentos.
Este registro, que desde hace un mes se aprobó en comisiones, limitará la realidad machista, en un país, donde siete de cada 10 padres, tras el divorcio, dejan a las mujeres la responsabilidad de mantener a sus hijas e hijos. Ese asunto también se redondea en las reformas al Código Nacional Civil y Familiar, que impulsa la senadora Olga Sánchez Cordero, quien rescató este Registro de Deudores Alimentarios, ahora en manos del Ejecutivo.
El proyecto se aprobó en Cámara de Diputados desde 2019 y hasta ahora volvió a la asamblea, rescatado por la senadora Olga Sánchez Cordero. La minuta quedó congelada por cuatro años, sin una explicación lógica, ahora en 30 días se llegó a un acuerdo.
La minuta que pasará al Ejecutivo para su publicación, hace una serie de reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizará que personas deudoras de manutención cumplan con sus obligaciones y menores de edad puedan gozar de la pensión alimenticia.
Solamente tres diarios "grandes" destacaron la noticia, pero con un enfoque punitivo, cuando la aprobación forma parte de un paquete que, en el Senado, Sánchez Cordero tenía desde el 8 de agosto del año pasado, luego de recibir los argumentos de la agrupación Nosotras Tenemos Otros Datos. Esa argumentación se hizo a fondo porque la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Cndh), Rosario Piedra, trató de salvar a los hombres, precisamente de esta obligación: la del pago de alimentos.
El proyecto se aprobó en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Primera el 22 de febrero y, pasada al Pleno, el miércoles 22 de marzo fue aprobada por mayoría. Será remitida al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con dichos cambios a la ley, ahora cada persona deberá presentar el certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios para la realización de ciertos trámites, tales como: solicitud de permisos y licencias para conducir; trámite de pasaporte o documento de identidad de viaje, así como trámites ante notario, referentes a la compra-venta de inmuebles y cesión de derechos.
Asimismo, el certificado deberá presentarse para solicitudes de matrimonio, donde -en caso de sí estar dentro del padrón- el Registro Civil informará a los solicitantes sobre las deudas alimentarias del registrado.
Además, en caso de ser deudor alimentario moroso, no se podrá participar como candidato a cargos de elección popular o cargos concejiles, ni se podrá ser parte de procesos para la designación de personas juzgadoras (magistrados o ministros).
La medida también implica restricciones migratorias, en caso de que la justicia determine que dicha salida del país es un medio de evasión de las responsabilidades alimentarias de las personas deudoras.
"La pensión alimentaria debe ser un tema que tenga por objeto fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país", señaló en tribuna la exsecretaria de Gobernación (Segob) Sánchez Cordero.
"Si bien es cierto que en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral", aseveró la morenista.
Por su parte, la senadora Mayuli Martínez -por Acción Nacional (PAN)- secundó la minuta y destacó que, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión por manutención, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
"Es un problema que aqueja a millones de familias en México y la pensión alimentaria es un derecho que otorga la ley, porque -en dado caso de separación o divorcio- esto permite que la persona que no se encuentra al cuidado de los hijos e hijas, contribuya con las necesidades elementales", apuntó.
"Este tema es básicamente procurar una equitativa aplicación de la justicia en nuestro país".
En tanto, la senadora Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo (PT), celebró la creación del registro. "Si no existiera ese nivel de irresponsabilidad en algunos hombres en nuestro país, no todos, no tendríamos necesidad de estar legislando al respecto; no tendrían necesidad los gobiernos federales, estatales y municipales de crear programas de madres solteras", señaló.
"En el caso de niñas, niños y adolescentes, el derecho a los alimentos también incluye otorgar lo necesario para que estos continúen sus estudios y sano esparcimiento para su desarrollo", apuntó, al tiempo que destacó que, de acuerdo con la Suprema Corte, el alimento implica todo aquello para sobrevivir y desarrollarse con calidad de vida.