México, abril (SEMlac).- México ha pasado de ser país de origen y tránsito a un lugar de destino para miles de personas forzadas a huir, con más de 140.000 personas solicitantes de asilo, el 42 por ciento mujeres y 24 por ciento niñas y niños, lo que demuestra una tendencia creciente en el número de solicitudes presentadas por grupos familiares y un aumento en las vulnerabilidades y necesidades.
La ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados México, presentó su informe 2023 llamado "México: Esperanza de un Nuevo Hogar".
El estudio retoma datos de su reciente Monitoreo de Protección, en el que más de la mitad de las personas en movilidad señaló la violencia, la inseguridad y las amenazas como causas principales por las que abandonó su país de origen y 66 por ciento refirió que su vida, seguridad o libertad correría peligro si fuera devuelto a su país.
El perfil demográfico de la población en movilidad ha cambiado de ser mayoritariamente hombres en edad productiva, quienes llegaban o transitaban por el país, a familias que salen de sus países en busca de protección y una vida digna.
Cuatro de cada 10 personas que solicitan asilo en México son mujeres, y casi una cuarta parte son niñas y niños, lo que conlleva mayores vulnerabilidades y necesidades.
Según el monitoreo de protección de ACNUR, 32 por ciento de las personas en movilidad expresó tener alguna necesidad específica de protección. Principalmente, se trata de madres/cuidadoras solas (13 %), sobrevivientes de abuso físico, sexual o psicológico (6 %), personas con condiciones médicas crónicas (6 %), mujeres embarazadas (4 %) o personas con alguna discapacidad (2 %).
La terminación del Título 42 y la introducción de la aplicación digital CBPOne en Estados Unidos llevó a extensos períodos de espera en la zona fronteriza del lado mexicano, donde las condiciones a menudo son precarias y las personas se exponen a mayores riesgos como robo, secuestro o extorsión.
En 2023, el incremento de personas en movilidad impactó directamente la capacidad de los albergues, dirigidos por organizaciones religiosas y de la sociedad civil, particularmente en la Ciudad de México y en ciudades del norte. Ante la labor crucial de estos espacios que muchas veces brindan atención integral, ACNUR ofreció su apoyo y asistencia a 89 de ellos.
Asimismo, ACNUR y una amplia red de socios legales en más de 30 ciudades facilitaron el acceso al proceso de asilo y atención esencial a través de 238.000 servicios, desde orientaciones hasta asesorías y representaciones legales.
Desde 2016, 35.000 personas refugiadas se han incorporado al mercado laboral formal y accedido a servicios básicos como educación y salud gracias al Programa de Integración Local, (PIL) lo que no hubiera sido posible sin el apoyo de más de 600 empresas que se han sumado al proyecto.
Desde su creación, las personas refugiadas incorporadas a la economía formal por medio del PIL han aportado 187 millones de pesos mexicanos anuales en impuestos (11 millones de dólares). Las primeras 35.000 personas generaron 178 millones (10 millones 470.000 dólares) en contribuciones fiscales, superando casi tres veces el presupuesto de la COMAR para 2023. Tan solo en 2023, más de 7.700 personas refugiadas encontraron un nuevo comienzo gracias a los esfuerzos de ACNUR, sus socios y autoridades federales y locales.
El informe da cuenta de que, con el apoyo de ACNUR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pudo hacer frente al aumento en las solicitudes de asilo, completar su transformación digital, cambiar el sistema de manejo de casos y cuadruplicar su capacidad de atención desde 2018, incrementando la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado de 65 por ciento en 2022 a 69 por ciento en 2023.
El reporte detalla que continúan los retos para consolidar la estructura y capacidad operativa de la COMAR y asegurar el presupuesto suficiente para dar servicio a las personas con necesidades de protección internacional.
Asimismo, reconoce que las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas son la columna vertebral de la respuesta humanitaria con el fortalecimiento de la red de albergues.
También reporta que la mayoría de las personas en movilidad entran por el sur de México desde Guatemala, en particular por Tapachula. Los estados sureños de Chiapas, Tabasco y Veracruz concentraron más de 70 por ciento de las solicitudes de asilo tramitadas en el país, el 60 por ciento lo recibe Chiapas.
Asimismo, indica que, desde finales de 2023, las personas solicitantes de asilo han enfrentado algunos obstáculos para acceder a documentación, lo que deriva en limitaciones de acceso a servicios esenciales y en un aumento en los riesgos de protección como fraude y extorsión.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP por sus siglas en inglés) implementó en enero la aplicación digital CBPOne para solicitar citas migratorias con la autoridad fronteriza estadounidense. Durante los primeros meses, las personas encuestadas por ACNUR informaron que les era imposible usar la aplicación y que tenía varias fallas.
Para finales de 2023 ya había mejorado con un promedio de 1.400 citas diarias a EE.UU. Sin embargo, un alto porcentaje de las personas encuestadas reportó no haber logrado confirmar una cita. Esto ha llevado a extensos períodos de espera en la zona fronteriza del lado mexicano, donde las condiciones a menudo son precarias. Esta situación se vio agravada por la desinformación y el peligro de explotación por traficantes, afectando desproporcionadamente a niñas y niños no acompañados, mujeres, personas LGBTIQ+ y otras personas con necesidades específicas.
En 2023, personas de más de 100 nacionalidades solicitaron asilo en el país. Haití fue el país con mayor representación con 31 por ciento; seguido de Honduras, con 30 por ciento; Cuba, con 13 por ciento; y Guatemala, El Salvador y Venezuela con cuatro por ciento, respectivamente.
Este año, la Ciudad de México experimentó un aumento constante en la llegada de personas, experimentó un incremento con 30.500 solicitudes de asilo, casi duplicando las 16.000 registradas en 2022 y representando 22 por ciento del total nacional.
La capital se convirtió no sólo en un punto de tránsito, sino también en el destino para muchas personas que tuvieron que huir de Haití y Venezuela.
El incremento de personas en situación de movilidad tuvo un impacto directo en la capacidad de los albergues, dirigidos por organizaciones religiosas y de la sociedad civil. Uno de los principales albergues de la ciudad, CAFEMIN, operó a 500 por ciento de su capacidad, mientras que el albergue gubernamental de Tláhuac, previsto para 150 individuos, llegó a albergar a más de 800 personas en su interior y a más de 3.000 acampando a sus puertas.
La sobreocupación provocó un aumento en el número de personas en situación de calle, incluyendo niñas, niños, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad, ampliando riesgos como la violencia de género.
En respuesta a la presión ejercida por los vecinos, la COMAR tuvo que reubicar parte de sus actividades. Ante estos desafíos, ACNUR ofreció asistencia técnica para facilitar el acceso al asilo, servicios básicos y fomentar la coexistencia pacífica entre las personas refugiadas y la comunidad local.