Querétaro, 26 de noviembre de 2025.- La Comisión Estatal de Aguas (CEA) de Querétaro opera un esquema de extorsión mediante un bufete jurídico de recuperación de cartera vencida que cobra más de mil pesos por notificaciones escritas a mano en hojas simples, sin que exista proceso judicial formal, denunciaron usuarios afectados.
La paraestatal condiciona la reconexión del servicio al pago de estos honorarios, que carecen de sustento legal y configuran una nueva modalidad delictiva en el estado.
El mecanismo consiste en colocar avisos de corte manuscritos en papel estraza en los domicilios con adeudos acumulados. Cuando los usuarios acuden a liquidar el pago, personal de la CEA informa que además del adeudo original y recargos legales, deben cubrir los honorarios del bufete jurídico.
Si el usuario se niega, la paraestatal impide la reconexión del servicio con expresiones como "si no pagas, vete hasta Zimapán por tu agua", según testimonios recabados.
Empleados de la CEA confirmaron a usuarios que representantes del bufete jurídico acuden mensualmente a las oficinas de la paraestatal para recoger el pago correspondiente a la "recuperación de cartera".
Esta práctica evidencia un presunto contubernio entre directivos de la CEA y el despacho externo, que genera una impresionante bolsa económica mensual mediante el cobro forzoso a familias que se rezagan en el pago del servicio básico.
El cobro promedio de más de mil pesos por usuario, multiplicado por los miles de casos gestionados mensualmente, representa una millonaria operación que afecta gravemente la economía familiar.
Considerando que la CEA maneja más de 400 mil tomas en el estado y que aproximadamente 15% presenta morosidad en algún momento del año, la bolsa económica mensual del bufete podría alcanzar varios millones de pesos.

La Ley de Aguas del Estado de Querétaro establece que los honorarios jurídicos solo son exigibles cuando existe demanda admitida por juez, emplazamiento judicial o requerimiento de crédito fiscal emitido por autoridad competente. Las notificaciones manuscritas en hojas simples no constituyen documentos judiciales y por tanto no generan obligación de pagar honorarios legales.
"Cada mes viene el representante del bufete a cobrar lo de la recuperación de cartera. Es un negocio que tienen montado", explicó un empleado de la CEA bajo condición de anonimato. El trabajador detalló que el esquema opera desde hace varios años sin que autoridades estatales hayan intervenido, pese a las quejas recurrentes de usuarios.
El cobro forzoso de más de mil pesos sin proceso judicial constituye extorsión, de acuerdo con el artículo 260 del Código Penal de Querétaro, que sanciona a quien obligue a otro a hacer o dejar de hacer algo mediante amenaza que afecte sus bienes o derechos.
La negativa a reconectar el servicio público de agua constituye la amenaza que vicia el consentimiento del pago.
Familias afectadas señalaron que el cobro representa un golpe económico severo para hogares que atraviesan dificultades financieras.
"Ya es difícil juntar para pagar el agua atrasada, pero encima te cobran más de mil pesos extra sin justificación legal. Es un abuso", expresó María González, usuaria afectada en Corregidora.
Expertos recomiendan a los afectados presentar denuncia penal ante la Fiscalía, queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro y ante la Procuraduría Federal del Consumidor.
También sugieren solicitar amparo ante juez federal si la CEA persiste en negar el servicio por conceptos ilegales, ya que el acceso al agua es un derecho humano consagrado en el artículo 4° constitucional.
La modalidad de extorsión operada por la CEA representa un precedente grave en Querétaro, donde una institución pública utiliza su posición de poder para generar ganancias mediante amenazas sobre un servicio básico, afectando principalmente a familias en situación económica vulnerable que se rezagan en sus pagos.










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