Van contra delitos electorales de diputados en Congreso de Querétaro

Querétaro, 28 Enero 202.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, detalló que los lineamientos para la sanción de servidores públicos sin superior jerárquico, propuesto por la Mesa Directiva del Congreso y aprobados este jueves en el pleno, obedecen a una sentencia, por parte de un tribunal electoral, por violencia política en razón de género.

En caso de no cumplir con las sentencias de las autoridades electorales, se caería en desacato, afirmó el legislador; por lo cual se vio necesario establecer procedimientos sancionadores dentro del congreso del estado para ejecutar las resoluciones.

Al respecto, reconoció que hay al menos cuatro diputados que han sido objeto de sanciones por las autoridades electorales en diversos actos y violaciones en la materia.

“Hay una sentencia por violación a temas de orden electoral, violencia política de género, particularmente a ciertos diputados que integran el congreso. Nos piden que sea este órgano el que sancione a estos diputados. No hay lineamientos establecidos para poder sancionarlos. Lo que estamos haciendo es aprobar los lineamientos para cumplir con una sentencia”, explicó.

De esta manera, el contralor legislativo va a proponer una sanción de acuerdo a las sentencias emitidas; y el pleno de la legislatura votaría a favor o en contra de la propuesta de sanción, enfatizó Torres Olguín.

En otro orden de ideas, el diputado presidente de la JUCOPO informó que al día de hoy, son cinco los interesados en contender por la titularidad de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE).

Admitió que el titular saliente, Rafael Castillo Vandenpeereboom, no se ha registrado como aspirante a encabezar nuevamente la ESFE; tomando en cuenta que ya lleva dos periodos en el cargo; aunque Torres Olguín resaltó que aún contaban con posibilidades legales para postularse nuevamente.

Finalmente, Miguel Ángel Torres confirmó que al día de hoy no han sido notificados por el acto de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra las reformas al código penal que sancionan actos relacionados con COVID-19.

El legislador puntualizó que se ingreso desde el 18 de diciembre una modificación al artículo 289, en la que se establecería prisión y multa económica en caso de ejercer con violencia la interrupción de alguna obra pública gubernamental.

Dicha iniciativa, indicó, sería turnada hasta que se emitan los señalamientos sobre el recurso de inconstitucionalidad.