San Juan del Río, 27 marzo 2024.- Frente al persistente clima de violencia que azota al país, Germaín Garfias, candidato a Diputado Federal por el 2o Distrito, destaca la urgente necesidad de reenfocar las prioridades hacia la seguridad.
Critica la actual estrategia de pacificación del Gobierno Federal, considerándola insuficiente, y propone una revisión integral de la política de seguridad.
En su última intervención, Garfias criticó el abordaje del gobierno, popularmente resumido en la política de "abrazos no balazos", por no conseguir un descenso en la criminalidad, señalando un incremento en la violencia.
Hace un llamado a la comunidad para valorar la relativa paz que disfruta Querétaro frente a la situación en otras partes del país.
Al analizar el papel de la Guardia Nacional, Germaín Garfias argumenta que su escasa presencia en las calles y la limitada colaboración con las fuerzas policiales locales y estatales minimizan su efectividad en combatir el delito.
"No podemos acostumbrarnos a vivir entre secuestros, tiroteos y extorsiones", expresó Garfias, enfatizando el abandono que sienten las familias víctimas de la violencia, incluyendo a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos ante la pasividad gubernamental.
Garfias insiste en que Querétaro debe mantenerse como un refugio de tranquilidad en el agitado escenario nacional. Aunque admite la existencia de desafíos de seguridad local, asegura que no son tan graves como en otros estados.
Propone un incremento significativo en la inversión en seguridad, que incluya la ampliación de la fuerza policial, la mejora del equipo vehicular y el fortalecimiento de la capacitación de los agentes.
El candidato aplaude la estrategia de seguridad del Gobernador Mauricio Kuri, que se apoya en tecnologías de vigilancia avanzadas como cámaras y drones.
Subraya la importancia de la cooperación entre la comunidad y las autoridades para mejorar la seguridad y reconstruir la confianza pública.
Garfias concluye que es imperativo, desde la Diputación Federal, gestionar un aumento en la asignación de recursos financieros, originados de los contribuyentes, para reafirmar la seguridad como un deber primordial del estado.