Querétaro, 23 de octubre de 2026.- Habitantes de San José La Laja, municipio de Tequisquiapan, acudieron con el diputado Eric Silva Hernández a denunciar a supuestas “financieras” que ofrecen microcréditos a personas en extrema necesidad y les hacen firmar pagarés en blanco, sin explicarles los intereses ni lo que ocurre si no pagan a tiempo.
El legislador informó que estas prácticas se han detectado en Colón, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Tolimán, Peñamiller y Tequisquiapan.
“Tienen que parar”, dijo, porque no es posible que los más hostigados sean los más desprotegidos. Aunque estos préstamos existen desde hace tiempo, señaló que cada vez aparecen más supuestas financiadoras, sobre todo en las comunidades.
Afectados de la comunidad de La Laja compartieron sus casos. Por un préstamo de 15 mil pesos, la deuda llegó a 60 mil. A algunos les cobraron tanto a ellos como al aval.
En otros, quienes cobraban entraron a su domicilio y se llevaron herramientas de trabajo y bienes de primera necesidad, lo cual, señalaron, también es ilegal.
Silva Hernández anunció que se reunirán con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, para exponerle el problema. Según explicó, las supuestas financiadoras entregan a bufetes jurídicos los pagarés firmados en blanco para que éstos cobren o embarguen a los deudores. El diputado ya había criticado la reforma judicial del Ejecutivo estatal.
Jorge Patiño, trabajador comunitario que detectó el problema en La Laja, en Tequisquiapan, explicó que en esa comunidad encontraron 15 supuestas financieras sin regulación ante ninguna autoridad.
Según dijo, ofrecen otro crédito para pagar el anterior y así acumulan deudas sobre deudas, con la mira puesta en casas o terrenos que después pueden embargar.
Muchos perjudicados se niegan a denunciar por miedo a represalias de los prestamistas; algunos han recibido amenazas. Por eso, un grupo de abogados, entre ellos Miguel Hernández, Aldo Rodríguez y Diana Olvera, trabaja en los municipios del semidesierto.
Olvera informó que acompañan jurídicamente a quienes quieran denunciar ante la Fiscalía y asesoran a los pobladores en materia penal y mercantil, incluido lo relativo a los pagarés.
