Dijo que en este tipo de casos, la Ley laboral prohíbe que si un ex convicto que haya pagado su pena en la cárcel y que haya sido liberado por un juez, tenga que presentar una carta de antecedentes penales para que sea contratado.
Destacó que la dependencia que encabeza, logró colocar a 55 ex convictos en algún empleo durante el 2017, por lo que este año se prevé la colocación de una cantidad mayor de fuentes de empleo.
Detalló que a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) se firmó un convenio de colaboración con el Centro de Readaptación Social de San José El Alto, con la intención de que las personas que salgan puedan acceder a un empleo.
“Firmamos un convenio de colaboración en el Centro de Readaptación Social de San José con la intención de que los que salgan puedan buscar un empleo, tienen derecho a trabajar, nosotros ya hicimos lo propio con el director, eso lo hace en Jalpan y San Juan del Río”, aseveró.
Asimismo, el secretario dijo que las empresas no pueden bajo ninguna circunstancia exigir una carta de antecedentes penales o pruebas de embarazo para la contratación, ya que se violentan los derechos laborales.
Enfatizó que esta situación se presenta principalmente por el desconocimiento de los empleadores, por lo que es necesario que se realicen campañas para informar a la ciudadanía.
“Se te hace muy fácil que por tu aspecto te discriminen y que te digan dame una carta de antecedentes no penales, independientemente de si estuviste recluido en un centro de readaptación social o no, te piden la carta y eso está prohibido”, aseguró.
Aguilera Rico apuntó que todas las empresas están en la disposición de realizar la contratación de estas personas, sin embargo principalmente la problemática de empleo se da en el área de comercio y servicio.
Finalmente, dijo que en caso de que algún empleador solicite esta documentación, pueden realizar su denuncia a la dirección de inspección y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.