Se refirió en particular a la difusión de informacion falsa, y precisó que cualquier acción tomada para detenerla, debe ser proporcional al uso de los limites, sin restringir a profesionales médicos, periodistas, defensores de derechos humanos y público en general la expresión de sus opiniones sobre la pandemia.
En Asia Pacífico muchos países tienen leyes que rigen las supuestas "noticias falsas", pero medios de comunicación en línea han planteado sus preocupaciones sobre derechos humanos, que se han utilizado en otros contextos para disuadir el discurso legítimo, el debate público, las críticas a la política gubernamental y la supresión de la libertad de expresión.
La expresidenta chilena considero que esta pandemia no debe usarse para restringir la disidencia o el libre flujo de información y debate, pues la diversidad de puntos de vista fomenta la comprensión de los desafíos que se enfrentan y ayudará a superarlos mejor.
También ayuda a los países a tener un debate vibrante sobre las causas profundas y las buenas prácticas necesarias para superar los impactos socioeconómicos y de otro tipo a largo plazo. "Este debate es crucial para que los países reconstruyan mejor después de la crisis", añadió.
Consideró que las medidas contra las noticias falsas deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, servir a un objetivo legítimo de salud pública y tener el enfoque "menos intrusivo" posible para lograr ese resultado.
Bachelet aseguró que la pandemia de COVID-19 ha visto un endurecimiento de la censura en varios países, junto con el arresto arbitrario y la detención de personas que criticaban la respuesta de su gobierno o simplemente por compartir información u opiniones sobre la pandemia.
Esas situaciones se han dado en Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam.
La Alta Comisionada reconoció la necesidad de restringir la desinformación para proteger la salud pública, o cualquier incitación al odio hacia los grupos minoritarios, pero dijo que esto no debería resultar en censura, pues socava la confianza.
"Si bien los gobiernos pueden tener un interés legítimo en controlar la difusión de información errónea en un contexto volátil y sensible, esto debe ser proporcionado y proteger la libertad de expresión", dijo Bachelet.
En Bangladesh, decenas de personas fueron arrestadas bajo la Ley de Seguridad Digital en los últimos tres meses por supuestamente difundir información errónea sobre COVID-19 o criticar la respuesta del Gobierno.
Periodistas locales, defensores de los derechos humanos, algunos profesionales de la salud o miembros del público en general, han denunciado acoso o represalias por quejarse de la denegación de atención médica, instalaciones inadecuadas o irregularidades en la distribución de ayuda, inclusive con agresiones fisicas cuando se trata de acreditar esas situaciones.
En Camboya, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentó el arresto de 30 personas, entre ellas seis mujeres y una niña de 14 años, por comentarios públicos relacionados con COVID-19 y publicaciones en redes sociales.
Algunas han sido acusados de difundir "noticias falsas" o "información falsa", de supuesta incitación a cometer un delito grave y por supuestamente conspirar contra el Gobierno, con catorce en detención de las cuales 10 están asociadas al Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP), que era el principal partido de oposición disuelto en 2017.
En China, se recibió información sobre más de una docena de casos de profesionales médicos, académicos y ciudadanos que parecen haber sido detenidos, y en algunos casos, acusados por publicar sus puntos de vista u otra información sobre la situación relacionada con COVID -19, o han criticado la respuesta oficial.
Se incluyen dos jóvenes estudiantes graduados que, según los informes, fueron detenidos en abril después de establecer un repositorio en línea de contenido web relacionado con el brote de COVID-19 en China.
En India, varios periodistas y al menos un médico han sido acusados por sus críticas públicas a la respuesta de las autoridades al COVID-19. En Mumbai, la policía aprobó la prohibición a cualquier persona de incitar la desconfianza hacia los funcionarios del gobierno y sus acciones para evitar la propagación del virus COVID-19 .
En Indonesia al menos 51 personas están bajo investigación por la ley de difamación penal por supuestamente difundir "noticias falsas" sobre la pandemia.
Entre ellos figuran tres hombres arrestados por publicar un mensaje en redes sociales alegando que un área del norte de Yakarta había casos de COVID-19 luego de que el gobierno roció desinfectante, además de informes de que la policía ha bloqueado varias cuentas de redes sociales.
En Malasia, un corresponsal del hongkonés South China Morning Post es investigado por presunto uso indebido de las instalaciones o servicios de la red y presunto insulto intencional a fin de provocar una violación de la paz por informar sobre la detención de inmigrantes indocumentados
De acuerdo a estimaciones oficiales, la Comisión Malasia de Comunicaciones y Multimedia (MCMC) ha abierto al menos 265 investigaciones al respecto.
En Myanmar el 3 de abril, tres artistas en el estado de Kachin fueron acusados por un mural sobre la afección y que fue considerado insultante para el budismo.
Luego el 21 de mayo, el Tribunal del Estado de Kayin condenó y condenó a 2 años de prisión al editor jefe de la Agencia de Noticias Dae Pyaw por hacer una "declaración que podría causar o incitar al temor o motín público".
La sentencia obedeció a un artículo del 13 de mayo que decía que una persona murió en Kayin debido al virus que resultó no ser exacto. El editor fue arrestado, acusado, juzgado y condenado en menos de una semana.
En Nepal, se utilizó una ley de delitos cibernéticos para arrestar a un burócrata retirado que criticaba al Gobierno también por su respuesta Covid-19, y ha habido casos de periodistas detenidos mientras cubrían noticias relacionadas con COVID, periodistas que enfrentan la obstrucción de las autoridades e informes de amenazas y ataques físicos contra ellos.
La nueva legislación de poderes especiales COVID-19 que penaliza la supuesta difusión de "información falsa" ha llevado a arrestos en Filipinas, como el de un artista en Cebú por comentarios en línea sobre la prevalencia de la infección en una localidad.
En Sri Lanka, el Inspector General Interino de Policía amenazó con arrestar a cualquiera que supuestamente criticara o destacara "fallas menores" de los funcionarios involucrados en la respuesta al coronavirus o que comparta mensajes "falsos" o "maliciosos".
El 25 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka escribió una carta a la policía informándoles que cualquier arresto por la mera crítica de los funcionarios públicos o las políticas sería inconstitucional. Varias personas han sido arrestadas por publicaciones en sus páginas de Facebook.
Por su parte el Centro tailandés de Noticias Antifalsificación del Ministerio de Economía y Sociedad Digitales y la División de Supresión del Delito Tecnológico de la Policía Real, realizan operaciones conjuntas sobre contenidos en redes sociales considerado como "desinformación" en el contexto COVID-19.
Un ejemplo es un artista tailandés arrestado el 23 de abril por preocuparse por la aparente falta de medidas de detección en el aeropuerto de Suvarnabhumi a su llegada desde el extranjero el 16 de abril, quien fue puesto en libertad bajo fianza y desde entonces enfrenta un proceso.
Desde el comienzo de la pandemia, las autoridades de Vietnam informaron que más de 600 usuarios de Facebook han sido convocados para preguntas relacionadas con publicaciones en línea sobre el brote del virus.
Hasta la fecha, al menos dos usuarios de Facebook recibieron sentencias penales por publicar noticias consideradas falsas sobre COVID-19, con nueve meses de detención y multas de más de mi dolares. Desde hace tiempo ha habido preocupaciones sobre la severidad de las restricciones y las sentencias en casos relacionados con el derecho a ejercer la libertad de expresión en línea y fuera de ella.