Tras el referendo del 23 de junio, en el que 52 por ciento del electorado votó sorpresivamente a favor de abandonar el bloque europeo, el paso siguiente es que el gobierno británico informe formalmente al Consejo Europeo sobre el resultado de la consulta.
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, quien sustituyó a David Cameron tras perder el referendo de junio, ha reiterado que invocará antes de abril el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el mecanismo formal para que un país miembro se salga de la UE.La eventual salida tendrá implicaciones migratorias, económicas y políticas para Reino Unido dependiendo de las condiciones de las negociaciones que pueden durar un plazo máximo de dos años.
En el ámbito migratorio existe la incertidumbre sobre el destino de más de tres millones de europeos que viven en Reino Unido y de un millón de británicos que viven en Europa.
“Reino Unido debe dejar claro al inicio de las negociaciones sobre el Brexit que los ciudadanos europeos que ya están aquí pueden quedarse”, afirmó en días pasados la diputada del opositor Partido Laborista, Gisela Stuart.
La diputada en favor de salirse de la UE agregó que “esto enviaría una señal clara sobre el tipo de país que Reino Unido será después del Brexit”.
Por su parte, la asociación de Cámaras Británicas de Comercio (BCC), que representa a compañías que emplean a cinco millones de personas, y la Confederación Nacional de Sindicatos (TUC), advierten que el retraso es malo para los negocios, las familias, los servicios públicos y las comunidades locales.
La prensa británica se refiere a la posibilidad de un Brexit duro (hard Brexit) y un Brexit blando (soft Brexit). En el primero Gran Bretaña abandonaría el mercado común europeo, la unión aduanera y retomaría por completo el control de sus fronteras.
El “soft Brexit” se refiere a una salida suave en la que reino Unido sigue siendo parte del mercado común a cambio de la libre entrada de europeos, pero hasta ahora son meras especulaciones, ya que el gobierno no ha dado a conocer los lineamientos de las negociaciones.
“Tendremos que aceptar que perderemos algunos de nuestros privilegios actuales como miembros del mercado común, eso disminuirá el comercio en Reino Unido y propiciará daños a la economía”, dijo a Notimex el economista Jonathan Portes, del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social.
En tanto, Hannah Scobie, presidenta del Centro Europeo de Economía y Finanzas, señaló a Notimex que el Brexit provocará más incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros.
“La volatilidad va a ser aún más cuando obtengamos más información sobre cuándo y cómo será activado el artículo 50. Hasta que no se conozcan los términos de las negociaciones, la incertidumbre económica y política continuará”.
El ministro de Hacienda, Philip Hammond, quien durante la campaña rumbo al referendo estuvo a favor de permanecer dentro del bloque de naciones, aseguró hace unas semanas: “debemos esperar ciertas turbulencias mientras estemos en el periodo de negociación”.
Su posición cautelosa contrasta con la de la primera ministra, quien asegura que “Brexit significa Brexit” y “que el cielo no se ha caído” desde el referendo de junio.
Sin embargo, la política conservadora tendrá que sortear en enero un fallo de la Corte Suprema que decidirá si el gobierno puede o no activar el Brexit sin la aprobación del parlamento.
Una vez superado el veredicto legal y un probable voto de los diputados, la primera ministra tendrá luz verde para informar a la Comunidad Europea (CE) sobre la decisión del electorado británico.
En tanto, el negociador de la Comisión Europea para el Brexit, Michel Barnier, considera que las negociaciones pueden durar 18 meses, en lugar del plazo máximo de dos años que estipula el artículo 50.
El ambiente de incertidumbre prevalece sobre el futuro de los británicos dentro del mercado común europeo, el estatus migratorio de más de un millón de ciudadanos que viven y trabajan en Europa y el destino de la City of London, el centro financiero más importante del mundo.