Fue un hito histórico en una sociedad conservadora que salía de una larga dictadura y supuso "el primer paso para caminar hacia la igualdad", recuerda para Efe una de sus principales impulsoras, Ana María Pérez del Campo, que a sus 86 años sigue siendo presidenta de la Federación de Asociaciones de mujeres separadas y divorciadas.
La norma se aprobó el 22 de junio de 1981, y en una primera etapa se registraban cada año alrededor de 20.000 divorcios, con un proceso que no era sencillo.
La ley reflejó las tensiones políticas y sociales del inicio de la democracia en España, en un sociedad con gran peso todavía de la Iglesia católica.
No se podía pedir el divorcio hasta dos años después de la boda y se exigía la separación previa. Ésta, además, requería alegar una causa: alcoholismo, drogas, infidelidad, abandono del hogar, o la violación de los deberes conyugales.
Diez años después de su entrada en vigor se registraron ya más de 27.000 divorcios y una década más tarde se superaban los 39.000, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
AVANZAR HACIA LA IGUALDAD
A pesar de que la ley llegó en los primeros años de la democracia española, su lucha comenzó mucho antes, bajo una dictadura que obligó a muchas mujeres a actuar con discreción y secretismo para no ser perseguidas por sus ideales.
Al no poder trabajar fuera de casa sin la previa autorización del marido, muchas mujeres no se atrevían a dar el paso de acudir a los tribunales para pedir la separación, porque no tenían recursos económicos, ni una pensión que les garantizara que iban a poder hacerse cargo de sus hijos, recuerda Pérez del Campo.
"Las mujeres eran un cero a la izquierda, y ante eso puedes conformarte o dar la batalla para cambiarlo; y eso último fue lo que hicimos", relata Pérez del Campo.
Ella misma tuvo que esperar nueve años desde que presentó la demanda de separación ante los tribunales eclesiásticos hasta que se la concedieron.
El objetivo era no solo legalizar la ruptura del matrimonio, sino poder formar una nueva familia y poder reconocer a los nuevos hijos.
Uno de los hitos, destaca Pérez del Campo, fue que la ley recogiera una pensión compensatoria que permitiera a las mujeres dejar de sentirse dependientes de su marido.
"La ley del divorcio fue el primer paso para caminar hacia la igualdad. Nuestros siguientes objetivos eran la aprobación del aborto y el derecho de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo", destaca.
Antonio Sarabia fue el abogado del primer divorcio que se formalizó en España, el 7 de septiembre de 1981, y para este letrado, la aprobación de esa ley aportó normalidad, sensatez y libertad, además de favorecer la liberación de las mujeres en gran medida, al dejar de estar sometidas a la autoridad del marido.
Desde su aprobación el 22 de junio de 1981, se han divorciado en España más de 2,2 millones de Matrimonios. EFELLEGA EL "DIVORCIO EXPRES"
En 2005 llegó la ley del denominado "divorcio exprés", impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y disparó las cifras de divorcios. Ya no era necesaria la separación previa ni alegar causas y la demanda se podía presentar a los tres meses de celebrarse el matrimonio.
La inmensa mayoría de las parejas eligieron directamente el divorcio a la hora de la ruptura y las separaciones cayeron en picado hasta ser hoy prácticamente residuales.
La crisis económica de 2008 hizo estragos en España y, en paralelo, comenzaron a descender los cifras de divorcios; muchas parejas, apuntaban entonces distintos sociólogos, posponían la ruptura ante la imposibilidad de hacer frente a nuevos gastos.
Con la recuperación económica también subieron ligeramente los divorcios y 2014 fue el último año en el que se superaron los 100.000.
El último balance anual del INE corresponde a 2019, cuando se registraron 91.645 divorcios, un 3,8 % menos que el año anterior.
Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2020, el año de la pandemia, se registró un desplome en las demandas de separaciones y divorcios presentadas, tras cinco años de bajadas.