Ginebra, 15 May (Notimex).- Ante una gran expectación entre organizaciones de la sociedad civil por su carácter emblemático, inició hoy aquí el juicio contra el ex jefe de la Policía Nacional de Guatemala, Erwin Sperisen, acusado de la ejecución sumaria de diez personas.
El juicio tiene lugar en el Tribunal de Ginebra y se espera que la sentencia se de a conocer el próximo 6 de junio.
Sperisen fue llevado a juicio en el Tribunal de Ginebra debido a que tiene doble nacionalidad, suizo-guatemalteca. Las leyes en Suiza descartan la extradición de sus nacionales y contemplan enjuiciarles por crímenes perpetrados en otros países.
La primera denuncia penal contra Sperisen fue interpuesta en julio de 2007 por la Comunidad Ginebrina de Acción Sindical (CGAS), la Acción Cristiana por la Abolición de la Tortura (ACAT) y el Sindicato Uniterre, por su supuesta responsabilidad en el asesinato de seis personas durante el desalojo ejecutada por la Policía Nacional Civil contra campesinos que se habían instalado en la Finca Nueva Linda.
Los indicios sobre la participación directa de Sperisen en ejecuciones extrajudiciales y la existencia de una estructura criminal que operaba desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil dirigida por sus más altas autoridades, incluido Sperisen, fueron sumando elementos de prueba.
Lo anterior motivó que en 2009 se interpusiera una segunda demanda penal, ahora en Ginebra, contra el ciudadano suizo quien aún residía en Guatemala.
A esta acción se sumaron dos organizaciones más: la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Track Impunity Always (TRIAL).
Los hechos que se le imputaban en esta segunda denuncia penal, además de los relacionados con la masacre de la Finca Nueva Linda, aportaban elementos sobre la presunta participación de Sperisen en la planificación y ejecución de dos operativos policiales destinados a eliminar físicamente y de manera premeditada a los reos.
El operativo conocido como el Plan Gavilán, fue ideado para recapturar y asesinar a prisioneros que se habían fugado de El Infiernito, una cárcel de máxima seguridad en 2005, lo que culminó con la ejecución de tres de los prófugos.
Asimismo la operación Pavo Real, en la que bajo la excusa de retomar el control de la cárcel Pavón, ejecutaron a siete prisioneros que, paradójicamente, mantenían el control en dicho centro.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil durante la gestión de Sperisen al frente de la Policía guatemalteca (2004-2007) se registró un gran aumento de denuncias sobre severas violaciones de derechos humanos como tortura, violencia sexual y asesinatos en las prisiones con fines de limpieza social.
La denuncia ante la Fiscalía de Ginebra incluía también indicios sobre la participación de Sperisen en el escándalo desatado por el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer, cuyos cuerpos aparecieron quemados en las cercanías de Ciudad de Guatemala.
Asimismo, el homicidio, pocos días después, de cuatro policías guatemaltecos que habían sido detenidos por su supuesta responsabilidad por la muerte de los ciudadanos salvadoreños, ultimados en una cárcel donde los habían retenido.
Después de estos sucesos Sperisen renunció a su cargo y buscó refugio en Ginebra, lugar en el que su padre Eduardo Sperisen, funge hasta ahora como embajador ante la Organización Mundial de Comercio.
Sperisen llevaba una vida discreta y tranquila en tierras ginebrinas al abrigo de la inmunidad diplomática de su padre.
Pero en 2012 fue detenido y trasladado a la cárcel de Champ-Dollon a pesar de las múltiples solicitudes de sus abogados para concederle libertad condicional, cuestión que les fue negada pues las autoridades consideran que existe un alto riesgo de fuga.
La Fiscalía acusa formalmente a Sperisen, tras haber reunido suficientes pruebas fácticas y testimoniales, de haber planificado, ordenado y asesinado a diez reos en Guatemala, así como de haber alterado escenas del crimen para aparentar que los reos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Por estos hechos, el acusado se podría enfrentar a una condena de prisión por el resto de su vida. Las ejecuciones de seis campesinos en la Finca Nueva Linda no formarán parte del juicio, ya que fueron desestimadas durante la instrucción del caso.
El juicio tiene lugar en el Tribunal de Ginebra y se espera que la sentencia se de a conocer el próximo 6 de junio.
Sperisen fue llevado a juicio en el Tribunal de Ginebra debido a que tiene doble nacionalidad, suizo-guatemalteca. Las leyes en Suiza descartan la extradición de sus nacionales y contemplan enjuiciarles por crímenes perpetrados en otros países.
La primera denuncia penal contra Sperisen fue interpuesta en julio de 2007 por la Comunidad Ginebrina de Acción Sindical (CGAS), la Acción Cristiana por la Abolición de la Tortura (ACAT) y el Sindicato Uniterre, por su supuesta responsabilidad en el asesinato de seis personas durante el desalojo ejecutada por la Policía Nacional Civil contra campesinos que se habían instalado en la Finca Nueva Linda.
Los indicios sobre la participación directa de Sperisen en ejecuciones extrajudiciales y la existencia de una estructura criminal que operaba desde el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil dirigida por sus más altas autoridades, incluido Sperisen, fueron sumando elementos de prueba.
Lo anterior motivó que en 2009 se interpusiera una segunda demanda penal, ahora en Ginebra, contra el ciudadano suizo quien aún residía en Guatemala.
A esta acción se sumaron dos organizaciones más: la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Track Impunity Always (TRIAL).
Los hechos que se le imputaban en esta segunda denuncia penal, además de los relacionados con la masacre de la Finca Nueva Linda, aportaban elementos sobre la presunta participación de Sperisen en la planificación y ejecución de dos operativos policiales destinados a eliminar físicamente y de manera premeditada a los reos.
El operativo conocido como el Plan Gavilán, fue ideado para recapturar y asesinar a prisioneros que se habían fugado de El Infiernito, una cárcel de máxima seguridad en 2005, lo que culminó con la ejecución de tres de los prófugos.
Asimismo la operación Pavo Real, en la que bajo la excusa de retomar el control de la cárcel Pavón, ejecutaron a siete prisioneros que, paradójicamente, mantenían el control en dicho centro.
De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil durante la gestión de Sperisen al frente de la Policía guatemalteca (2004-2007) se registró un gran aumento de denuncias sobre severas violaciones de derechos humanos como tortura, violencia sexual y asesinatos en las prisiones con fines de limpieza social.
La denuncia ante la Fiscalía de Ginebra incluía también indicios sobre la participación de Sperisen en el escándalo desatado por el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños y su chofer, cuyos cuerpos aparecieron quemados en las cercanías de Ciudad de Guatemala.
Asimismo, el homicidio, pocos días después, de cuatro policías guatemaltecos que habían sido detenidos por su supuesta responsabilidad por la muerte de los ciudadanos salvadoreños, ultimados en una cárcel donde los habían retenido.
Después de estos sucesos Sperisen renunció a su cargo y buscó refugio en Ginebra, lugar en el que su padre Eduardo Sperisen, funge hasta ahora como embajador ante la Organización Mundial de Comercio.
Sperisen llevaba una vida discreta y tranquila en tierras ginebrinas al abrigo de la inmunidad diplomática de su padre.
Pero en 2012 fue detenido y trasladado a la cárcel de Champ-Dollon a pesar de las múltiples solicitudes de sus abogados para concederle libertad condicional, cuestión que les fue negada pues las autoridades consideran que existe un alto riesgo de fuga.
La Fiscalía acusa formalmente a Sperisen, tras haber reunido suficientes pruebas fácticas y testimoniales, de haber planificado, ordenado y asesinado a diez reos en Guatemala, así como de haber alterado escenas del crimen para aparentar que los reos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Por estos hechos, el acusado se podría enfrentar a una condena de prisión por el resto de su vida. Las ejecuciones de seis campesinos en la Finca Nueva Linda no formarán parte del juicio, ya que fueron desestimadas durante la instrucción del caso.
