Desde de septiembre de 2017 que tres agrupaciones civiles solicitaron activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la Ciudad de México, autoridades federales y capitalinas allanaron camino entre violaciones al reglamento de la AVG y retrasos hasta evitar la declaratoria del mecanismo.
Este 7 de junio de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) anunció que “no hay elementos suficientes” para decretar la AVG en la capital del país.
Para la resolución, la dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) decidió tomar en consideración sólo las acciones que comenzó a emprender el reciente gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para atender el feminicidio.
Con ello descartó la opinión del Grupo de Trabajo, un equipo de académicas que evaluó el proceso de la AVG y en un dictamen en el que señalaron que, de los 72 indicadores que establecieron para medir las acciones gubernamentales en la atención al feminicidio, el gobierno sólo cumplió 30 por ciento, es decir, apenas 22 indicadores.
Integrantes de las organizaciones peticionarias de la AVG, “la Red Todos los Derechos para Todas y Todas” (Red TDT), “Justicia Pro Persona” y el “Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria”, manifestaron esta mañana en conferencia de prensa que dicha resolución responde a cuestiones políticas, resultado de un proceso discrecional que iba encamino a la no declaratoria de la AVG.
La Alerta de Género se solicitó en la administración de Miguel Ángel Mancera por los casos de feminicidio y desapariciones ocurridos en su mando: 260 asesinatos de mujeres por razón de género de 2012 a 2016 y la falta de localización de 644 mujeres desaparecidas, según datos la Procuraduría General de Justicia local.
En medio de las campañas políticas el proceso de Alerta se retrasó. Las decisiones de las autoridades federales garantizaron la salida de Mancera para ir a buscar un escaño al Senado. Hasta la elección y entrada al poder de Claudia Sheinbaum, continuaron por darle solución al mecanismo.
Tan sólo a siete meses que lleva en funciones la jefa de Gobierno, las organizaciones no creen que sus acciones sean contundentes para que la Conavim haya tomado tal decisión.
Incluso, evalúan emprender un proceso judicial para llevar al decreto la AVG en la Ciudad de México, tal como lo hicieron en el Estado de México, un proceso que también se politizó mientras Enrique Peña Nieto era entonces gobernador de la entidad y buscaba la presidencia de la República.
Sólo cuentan con esta semana para interponer un amparo indirecto contra la Segob que sería por las múltiples violaciones al reglamento de la AVG y la evidencia que existe un contexto feminicida en la Ciudad de México, indicó la abogada Ana Yeli Pérez Garrido.
EVADEN RESPONSABILIDAD
El 7 de septiembre de 2017 las organizaciones civiles presentaron a la Conavim la petición de activar la AVG en las 16 alcandías que conforman la urbe. Las razones: no se estaban previniendo los casos de feminicidio y desaparición de mujeres, y no se garantizaba el acceso a la justicia para las víctimas.
Una vez aceptada la solicitud, el reglamento de la AVG marca que se debe conformar un Grupo de Trabajo, cuya labor es realizar un informe que confirme el contexto de violencia que denuncian las organizaciones civiles, en un plazo de 30 días.
Sin embargo, el informe que daría cuenta del problema en la urbe y demandaría una serie de acciones al entonces gobernador Miguel Ángel Mancera, fue retenido por la excomisionada (de la Conavim) Ángela Quiroga Quiroga, quien lo entregó hasta marzo de 2018 a pesar que el Grupo de Trabajo lo presentó a la autoridad federal tres meses antes.
En ese lapso de incertidumbres y presiones de la sociedad civil por conocer el informe, la Conavim emitió seis “medidas provisionales” al gobierno capitalino para atender de “manera urgente e inmediata” la violencia contra las mujeres. De ellas, el Grupo de Trabajo determinó que sólo se cumplieron tres.
El retraso garantizó que Mancera no enfrentara el proceso de AVG, él dejó finalmente el cargo para buscar un escaño en el Senado y en su lugar quedó José Ramón Amieva en la jefatura de Gobierno.
El gobierno capitalino tenía seis meses para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo, su plazo venció en octubre de 2018, pero a sólo dos meses de terminar la administración para dar paso al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien había ganado ya las elecciones, solicitaron una prórroga para terminar de cumplir con la AVG.
El Grupo de Trabajo avaló la petición del gobierno, asegurándose así que la resolución de la AVG se daría hasta la nueva administración.
SIGUE LA SIMULACIÓN
Frente a la violencia contra las capitalinas el discurso de Claudia Sheinbaum Pardo fue de cero tolerancia. Lo mostró a días de iniciar su administración conformando un gabinete paritario, elevó a rango de Secretaría el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y colocó a una mujer frente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, con la consigna que acabarían las malas prácticas de la institución en las investigaciones de feminicidio.
El 6 de junio, un día antes que la Segob emitiera la resolución de la AVG, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero acompañó a la Jefa de Gobierno en un acto público donde presentaron las “Estrategias contra la violencia de género en la Ciudad de México”.
Varias de ellas retoman la infraestructura que ya existía en la ciudad. Se anunció el funcionamiento de las unidades de atención para mujeres y niñas en situaciones de violencia, centros que ya existían con el nombre de Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (Uapvif), pero se cambió el nombre a Lunas.
Lo mismo ocurrió con la Fiscalía Especializada para la Atención del Feminicidio que anunció la gobernadora, su nombre era el de Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres, dedicada a la misma tarea, la investigación de los casos de feminicidio.
Como estrategias nuevas se incorporaron abogadas especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres en los más de 70 Ministerios Públicos de la urbe e instalaron tres Centros de Justicia para Mujeres en las alcaldías de Iztapalapa, Azcapotzalco y Tlalpan.
Con base en estas acciones, sin tomar en cuenta la opinión del Grupo de Trabajo sobre que durante el proceso de Alerta no se trabajó en la mayoría de las acciones demandadas, la dependencia de la Segob concluyó que “la Ciudad de México ha emprendido acciones relevantes que contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Las organizaciones este día llamaron la Conavim a rendir explicaciones del porqué y bajo qué criterios o metodología de evaluación dio tal peso a estas acciones del nuevo gobierno y no consideró el dictamen del Grupo de Trabajo.
Por su parte los familiares de víctimas de feminicidio tampoco están conformes la determinación federal. La madre de Lesvy Berlín Rivero Osorio, asesinada el 3 de mayo en Ciudad Universitaria, Araceli Osorio, señaló a los medios que es “lamentable que este gobierno no dé señales de querer atender la violencia de fondo” y dijo que buscarían los medios jurídicos hasta que se acepte y atienda la violencia feminicida que ocurre en la Ciudad de México. Hazel Zamora Mendieta
