Tlapa de Comonfort, Gro.- “Soy Teresa. Tengo 15 años y soy originaria de Malinaltepec. En abril de 2021 fui vendida a un señor que se dedica a la siembra de amapola. El trato lo hicieron mis hermanos mayores y me compraron por 50 mil pesos. Durante el trato, mis hermanos y ese señor nos tuvieron vigiladas y amenazadas a mi mamá y a mí para no pedir ayuda o escapar. Mi madre necesita su apoyo para regresar con ella. Por favor, inicien mi búsqueda”.
Los testimonios de las víctimas cobraron vida a través de las voces de niñas que participaron durante el primer Tribunal Regional contra los matrimonios forzados de niñas y jóvenes en Guerrero celebrado el pasado 10 de diciembre en el zócalo de Tlapa, en la región de la Montaña de Guerrero, porque muchas de ellas fallecieron por diabetes u otras enfermedades en la espera de justicia que no llegó.
Testimonios recabados desde la región de la Costa Chica, Acapulco y la Montaña, por 14 organizaciones defensoras que dieron acompañamiento a las víctimas, como es el caso de “Camina violeta”, la Red por los derechos sexuales y reproductivos, REDefine, “Mujeres guerrerenses por la democracia”, “Observatorio de violencias contra las mujeres”, la organización civil “Mujer, voz y rostro de la Montaña”.
Estas violencias persisten pese a las afirmaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que los pueblos indígenas “son buenos”. Sin embargo, amparados por el Artículo Segundo de la Constitución, se defienden los usos y costumbres de las comunidades indígenas sin importar que atenten contra los Derechos Humanos.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero ocupa el primer lugar en presuntas víctimas mujeres del delito de “tráfico de menores”.
Relatos impregnados de terror, súplicas, amenazas, y violaciones a los Derechos Humanos de niñas y jóvenes que fueron vendidas por dinero, por una caja de refrescos, una res o terrenos, como es el caso de “Dolores” quien tiene 55 años actualmente.
La violencia que sufrió tuvo lugar en el municipio de Atlamajalcingo del Monte. A los 11 años fue vendida por su padre, su comprador pagó con terrenos. La violaba y le pegaba cada que él quería.
“Viví con mucho miedo de ser asesinada por los golpes. Al día de hoy, tengo hijas e hijos y ellos también sufrieron mucha violencia física por parte de su papá. Ahora el ya falleció. Yo trabajo en el campo para mis hijos. Estoy segura que no quiero que mis hijos compren mujeres ni que mis hijas pasen por lo que yo viví”.
A “Lupita” de origen Na’ Savi y de 14 años la vendieron por 50 mil pesos. Cursaba el segundo año de secundaria. Su familia no estaba de acuerdo con venderla pero recibieron amenazas de muerte por parte del hombre que la compró. “En el pueblo sabemos que él y si familia deben muchas muertes y nadie hace nada”.
“Dulce” cursaba el tercer año de bachiller a sus 17 años en el municipio de Atlixtac. Un día fue sustraída a las afueras de su pueblo y desde entonces su familia ha acudido a varias instancias; sin embargo, a la fecha, la Fiscalía de Guerrero no ha emitido ficha de búsqueda.
“Petra”, originaria del municipio de Alcozauca, fue vendida contra su voluntad a la edad de 14 años, en el 2017. “El señor que me llevó, me compró junto con sus padres. Tuve un hijo producto de la violencia, recibí constantemente golpes y maltrato psicológico. Me hacían trabajar largas jornadas en la casa y el campo. Viví amenazada y aislada. Un día por la madrugada cuando todos dormían, cargué a mi bebé y me lo llevé a la ciudad para buscar ayuda, pero la policía comunitaria por órdenes del comisario que era mi suegro, vinieron por mí y me llevaron a la fuerza. Me golpearon, me amenazaron con colgar a mi familia si volvía a escapar. Me encarcelaron junto con mi bebé de cinco meses.
En la cárcel me prohibieron recibir medicamentos, pañales y comida. Yo estaba sangrando por golpes que recibí y mi bebé lloraba de hambre. Volví a escapar con mi bebé y fui focalizada a un refugio seguro. Mi caso jurídico lo llevó Ciudad de Mujeres en Tlapa”.
“Elena”, de 15 años y de origen tlapaneco, contó que en 2016 fue vendida por la cantidad de 50 mil pesos. “Constantemente recibo golpes e insultos por parte de mi comprador y también de sus padres. Temo escapar por miedo a represalias porque no podemos devolver el dinero que pagaron por mí. También vivo con miedo todos los días de que sus golpes me arrebaten la vida, además, no me permiten recibir visitas ni salir.
Un día, por los golpes, me tuvieron que llevar a la clínica. Unas señoras me ayudaron y fui a poner mi denuncia pero el síndico no lo mandó a traer y no procedió mi denuncia”.
El jurado del Tribunal integrado por la licenciada en Comunicación Digital, especialista en relaciones políticas y alianzas estratégicas, Adela Muñiz Guadarrama; la escritora y traductora mixteca, Eduviges Villegas Pastrana; la activista feminista, Soledad Ureiro; la fundadora de la asociación civil “Mujeres, voz y rostro de la Montaña”, Denisse Cansino Castro; tomó protesta para vigilar que se cumplan las acciones de erradicación de la venta de niñas y adolescentes, a cargo de la experta en derechos sexuales y reproductivos y violencia feminicida Viridiana López Sotelo.
Una vez que finalizó la lectura de los testimonios, las juezas del Tribunal determinaron la urgente necesidad de provocar un encuentro entre las víctimas, organizaciones que dan acompañamiento, policías comunitarias y autoridades municipales, para acordar la prohibición de la venta de mujeres bajo el escudo de “usos y costumbres”.
La intención de este tribunal, especificó Viridiana López Sotelo en una entrevista posterior fue “darle voz a las víctimas y decir que las organizaciones locales hemos acompañado por mucho tiempo estos temas y que la denuncia es latente. Hay un registro de cada uno de estos casos”.
Una de las resoluciones del Tribunal fue el de realizar un estudio por región para conocer la focalización mayoritaria de las violencias contra niñas que comenzarán las organizaciones feministas a partir de enero. Al mismo tiempo, el Tribunal atrajo el compromiso de luchar “para que llegue la justicia y cambien la cultura de violencia contra las niñas”.
La “Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres”, integrada por las colectivas de mujeres feministas de los municipios de Tlapa, Chilpancingo, Marquelia, Ayutla y Acapulco, fijó postura en torno a los matrimonios infantiles y forzados como una expresión sistemática de la violencia de género y de la violación de los Derechos Humanos de las mujeres y de las niñas.
También enlistó una docena de exigencias al gobierno de Guerrero que preside Evelyn Salgado Pineda, entre las que se encuentra el cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos, la integración en el Plan Estatal de Desarrollo de proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas en materia de Derechos Humanos y de género con enfoque intercultural.
Acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado en las comunidades de la región de la montaña del estado, y la armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los Derechos Humanos de las niñas.
Evaluar y monitorear la estrategia presentada el día 10 de noviembre en este municipio por la gobernadora durante su toma de protesta. Y finalmente, que se cumplan las demandas en torno a los derechos de las mujeres que han sido negados y postergados históricamente desde las políticas oficiales.
En México hay dos leyes que prohíben los matrimonios forzosos: la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, donde se establece la prohibición de los matrimonios infantiles.
Sin embargo, entrevistada por Cimacnoticias, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz, señaló que habría que reformar el artículo 2 de la Constitución para garantizar que ningún uso ni costumbre atente contra los Derechos Humanos.