"Racismo e indiferencia" alargan el caso de esterilizaciones forzadas en Perú

Lima, 12 ago (EFE).- Son ya 25 años a la espera de justicia y reparación para las miles de víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas en Perú durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), un retraso largo y desgastante causado en buena parte por la indiferencia del resto de la sociedad peruana.

Así lo afirma la investigadora en derechos humanos Inés Ruiz Alvarado en su libro "Pájaros de medianoche", un estudio que aborda la percepción y la memoria sobre este escándalo, tanto por parte de las víctimas como del resto de ciudadanos que se mantienen al margen de sus reivindicaciones porque, en parte, piensan que estuvo bien.

"Si realmente tuviéramos la conciencia de que esto es un crimen de lesa humanidad, probablemente este juicio ya estaría resuelto, pero no hay una presión por parte de los ciudadanos", advierte a Efe Ruiz Alvarado.

"Creo que es porque han pasado tantos años que la memoria colectiva cambia según el discurso que trabajen los medios de comunicación, y dentro de esto están a quienes les conviene que esto cambie, que son los que trabajaron en el régimen fujimorista", añade.

"RACISMO ENQUISTADO"

Para la autora, en la capital Lima, donde habita la tercera parte de la población de Perú, "existe un profundo racismo enquistado y paternalismo que considera que 'las otras', esas mujeres andinas y amazónicas pobres que fueron esterilizadas, no tienen derecho sobre sus propios cuerpos".

"El motivo principal por el que creo que el proceso de denuncia es tan largo es porque realmente es un grupo muy pequeño que viene buscando justicia y reparación, y nosotros como ciudadanos limeños no nos involucramos para que esta justicia llegue", agregó.

"Pájaros de medianoche", título tomado de un poema de Magda Portal, aparece cuando la Justicia peruana evalúa abrir juicio a Fujimori y a sus exministros de Salud, acusados por la Fiscalía como presuntos autores mediatos (con dominio del hecho) tras una tortuosa investigación de 16 años que fue archivada y reabierta varias veces.

"Es un trabajo de bastantes años donde recoger la voz de las señoras también ha sido bastante duro, porque es duro ver esta aparición a pesar de entender cómo ha sucedido", cuenta Ruiz Alvarado.

"Creo que la aparición de este libro nos ayuda a visibilizar el caso de la señoras, que es lo más importante, para que finalmente se abra el juicio y se llegue a la compensación y reparación de las víctimas de las esterilizaciones", continúa.

TEMOR A DENUNCIAR

Si bien son alrededor de 2.000 las mujeres consideradas como víctimas dentro del proceso penal abierto contra Fujimori y sus exministros, no hay aún certeza sobre el número exacto de esterilizaciones forzadas practicadas sin el consentimiento libre e informado de las pacientes.

En total fueron más de 300.000 las esterilizaciones realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, la inmensa mayoría - unas 270.000 - a mujeres.

Las denunciantes, en su mayoría mujeres andinas, quechuahablantes y pobres, narran haber sido sometidas a la ligadura de trompas bajo coacciones y engaños, dentro de una esterilización masiva y sistemática con el objetivo de reducir la pobreza, según la acusación fiscal.

"Existe un miedo muy grande en denunciar. Las señoras que fueron esterilizadas sin su consentimiento han tardado en denunciar por miedo a que las acusen de terroristas", explica Ruiz Alvarado.

"Recordemos que el programa de esterilizaciones de dio después del conflicto armado interno. Me encontré con señoras que habían sido acusadas injustamente de terroristas, encarceladas, violadas por policías y que luego fueron esterilizadas", detalla.

PRIVADAS DE INDEMNIZACIÓN

En ese sentido, la investigadora lamenta que el Ministerio de Justicia se haya opuesto a la decisión de incluir a las víctimas de esterilizaciones forzadas dentro del plan de reparación para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000), por no haber sido tratado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

En la investigación de Ruiz Alvarado, enfocada especialmente en Huancabamba (Piura) y Anta (Cusco), se desprende que muchas mujeres solo se animan a denunciar cuando tienen garantía de que podrán acceder a algún tipo de reparación económica.

Es gracias a las asociaciones creadas por las mismas víctimas con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales que el caso, después de casi un cuarto de siglo, está a punto de llegar a juicio.

"Son señoras que están a la espera y tienen mucha esperanza en tener una respuesta sobre el caso. Por un lado hay desánimo y muchísimo malestar. Algunas víctimas han fallecido por el covid-19 y otras están enfermas, pero detrás están las familias. Hay una generación, y eso es importante porque es una fortaleza del caso", concluye Ruiz Alvarado.