México, agosto (SEMlac).- Con el argumento de que no se puede dejar al padre o la madre sin trabajo para garantizar la prioridad del derecho a una pensión alimentaria a los hijos e hijas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las colectivas feministas para iniciar el debate de posturas ante el "disentimiento" frente a la acción de inconstitucionalidad 98/2022 presentada por el organismo ante las Reformas aprobadas en Hidalgo y Yucatán sobre la iniciativa 3 de 3.
En un comunicado advierten que no se quiere "atizar" el conflicto con la politización y la cerrazón a escuchar los argumentos de quienes piensan diferente a la CNDH. Asimismo, explican que la Acción de Inconstitucionalidad la presentó la presidenta, Rosario Piedra Ibarra, de acuerdo con las facultades que le confiere la Constitución sin tenerle que consultar al Consejo Consultivo.
Precisan que "el problema de fondo, más que las pensiones alimenticias, es la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres separados o divorciados, más allá de las relaciones entre hombres y mujeres".
Afirma que la CNDH se somete al juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es a la que corresponde resolver en definitiva sobre este asunto, no sin antes advertir: "Esperando lo hagan de manera imparcial, escuchando todas las voces".
La CNDH, entre sus argumentos, asume que la prohibición del ejercicio de un cargo público atenta contra el propio derecho de las niñas, niños y adolescentes, pues sólo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias.
Reitera que condenan a los deudores de pensiones alimenticias, igual que a los violentadores familiares, sean del sexo que sean, por lo que sostienen que están hablando del derecho de la pensión que no es el derecho de la mujer ni de la mamá.
Es el derecho de los hijos e hijas, y este no se puede restringir por el interés superior de la niñez, y lo que se llama de prioridad absoluta, es decir que todas las medidas que se tomen deben ser eficaces efectivamente, y que obviamente dejar sin trabajo a un padre o a una madre no contribuye a eso.
Hace alusión a otras medidas aprobadas en otros países como los llamados "obligados solidarios", es decir, si el padre o la madre por alguna razón no cumple, se establece que las abuelas y los abuelos de los niños, de las niñas, o los tíos y tías, también son responsables, en este caso solidarios, del pago de la pensión.
Obviamente el no pago de la pensión sugiere la existencia de lo que se llama "apremio personal", el cual implica que cuando hay tres pensiones adeudadas, en ese momento el deudor es detenido hasta que pague, lo que es complejo. Existe otra opción: hacer una especie de plan de pagos, un acuerdo que se hace ante un juez para determinar cómo se va a pagar lo adeudado.
Existen más "medidas de garantía", que consisten en entregar bienes como parte del pago de la obligación. Otra es la prohibición de salida del país, medidas que se aplican en otros países que suelen tener resultados, sin lesionar o contraponer otros derechos, porque efectivamente, "negar la posibilidad del trabajo es contradictorio al principio mismo".
Alude en su escrito al tema de limitación o restricciones viables de derechos, con la aplicación del "test de proporcionalidad". En particular, en un caso dirigido al Estado mexicano se ha referido a los derechos políticos en la sociedad democrática, así como la restricción de derechos, donde toda medida que restrinja algún derecho debe cumplir con los parámetros de: a) Necesidad de la medida para una sociedad democrática, b) Idoneidad para la finalidad buscada, y c) Proporcionalidad de la restricción a la limitación del derecho.
Convocan a dar un paso más allá con el diálogo y más aún el debate que, detallan bien, no sería sobre los derechos humanos, "porque estos no se discuten", sino sobre las posturas. Al tratarse de un tema que involucra distintas visiones, algunas muy encontradas, la CNDH está obligada a atender los puntos de vista de unas y otras, y procurar un ambiente de diálogo y entendimiento que, de manera integral, redunde en la primacía de los derechos humanos para todas y todos sin distinción.
Afirma que el papel de la CNDH es de puertas abiertas al diálogo como instancia mediadora y en su compromiso con los derechos humanos. Informan que mantuvieron reuniones en días pasados con víctimas y colectivas que reafirman la necesidad y validez de esta postura.
Pide la CNDH a las y los integrantes de la SCJN, del Congreso de la Unión y del Congreso de la Ciudad de México a no tomar decisiones como siempre ha pasado en este país, pero ya no puede pasar, armando ejercicios a modo con voces afines a una agenda política o partidista, pero omisa en cuanto a las voces que no interesa o no conviene escuchar.
Convocan a mesas de diálogo con las titulares de la Primera, Tercera y Cuarta Visitadurías Generales, para escuchar y dar plataforma a todas las voces y así atender todas las posturas con seriedad, apertura y respeto, de manera que se pueda construir una agenda incluyente de defensa de derechos y, junto con ella, rutas de acción que nos permitan enfrentar más eficazmente no solo este, sino otros muchos.
Asimismo, informaron que enviaron comunicaciones a las distintas autoridades del país, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación, a la propia Suprema Corte de Justicia, y a todas las instancias que sea menester, para que atiendan a colectivos y colectivas que no comparten la visión que se ha expuesto mediáticamente.
Específica que no se oponen a la Ley 3 de 3 en Yucatán, solo específicamente al punto referente a deudores alimentarios con lo que se busca no menoscabar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como se ha manifestado en diversos medios de información.
También anunciaron respecto a los "Tendederos de Deudores Alimentarios" en varias sedes de la CNDH que encontrarán personal dispuesto a escucharlos y a recibir propuestas.