Una niña de 12 años víctima de violación que había pedido una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue sometida este viernes a una cesárea. El ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bouhid, dijo que tanto ella como la bebé están bien.
Bouhid salió esta mañana al aire del programa “A los botes”, de Futurock, y ante la pregunta de por qué cuando la familia pidió la ILE se tardó tanto tiempo en accionar, contestó que “el estado de edad cronológica de la niña y el estado gestacional avanzado obligaba, para la seguridad de la niña, a realizar todos los procedimientos en el hospital principal de la provincia (el Materno Infantil de San Salvador de Jujuy, en Argentina)”.
La niña y su familia habían pedido la ILE en el Hospital Guillermo Paterson, de San Pedro.
Los médicos objetores de conciencia se la negaron, aunque desde 1921 la ley nacional establece como causal la violación y la provincia está adherida al protocolo. En la ley y el protocolo, incluso, no se establece un plazo de gestación para realizar la práctica.
Luego de que la familia y la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” denunciaran esta situación, que tomó estado público, la niña fue trasladada al Hospital Materno Infantil, en la capital provincial, porque de acuerdo al protocolo los embarazos en menores de 15 años de edad deben recibir atención en ese hospital. Pero el traslado demoró cinco días.
“Ahí le realizaron todos los estudios y se comprobó que estaba de 24 semanas y media”, dijo Bouhid. Y el equipo interdisciplinario del hospital “decidió dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema a través de una cesárea que fue realizada el día de la fecha”.
“Acá se hizo una interrupción de un embarazo con una cesárea”, dijo el ministro. Pero se equivoca: lo que se hizo fue un parto. La Organización Mundial de la Salud no contempla la cesárea como método de interrupción del embarazo.
A la niña de 12 años le negaron su derecho y la obligaron a ser madre. La torturaron durante una semana, violaron todos los principios de privacidad y dilataron un aborto para convertirlo en un parto.
La “Campaña por el Derecho al Aborto”, a través de un comunicado, repudió al director del hospital, Marcelo Villa, por contar con los recursos humanos y demorar la interrupción legal del embarazo de la niña que, “lejos de ser asistida y acompañada fue revictimizada y evaluada por la moral del equipo médico que debiera estar a su servicio”.
Una vez en el hospital Materno Infantil, el jefe de Maternidad Gustavo Briones, dijo que la postura personal de los profesionales del hospital es “en contra de la interrupción del embarazo“, ya que los estudios “dieron que la menor lleva 6 meses de gestación, aunque el protocolo vigente no establece plazos en torno a ello”.
El ministerio de Salud provincial confirmó en un comunicado que el aborto se hiciera en “cumplimiento con la legislación vigente y el Fallo de la Corte Suprema de Justicia “FAL”.
El ministro de Salud jujeño, Gustavo Bouhid, detalló que “dada la avanzada edad gestacional (24.5 semanas en la ecografía realizada en el HMI), se decidió que el método de proceder será cesárea”.
“El Código Penal establece que por debajo de los 13 años no vale el consentimiento, entonces ya no es que hubo un presunto delito, hubo un delito. Estamos hablando de una violación, por lo que le corresponde sin lugar a dudas el derecho a abortar”, dijo al programa radial “A los botes”, en Futurock la especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, y médica del fallo F.A.L., Stella Maris Manzano,
Manzano se refirió también a la violación del principio de privacidad: desde el hospital difundieron fecha y horario de la cesárea. En cuanto a la práctica, la médica dijo que “la cesárea no es un método para hacer abortos, es para hacer partos”.
La Organización Mundial de la Salud, dijo, habla del “aborto con pastillas, la aspiración uterina, el legrado evacuador o la dilatación y extracción, no habla en ningún momento de hacerle un tajo de 10 a 12 centímetros en el abdomen a una mujer o menos que menos a una niña para sacar un feto que no va a vivir”.
La preadolescente fue violada por un vecino de 58 años que amenazó con matarla si lo contaba. En esas condiciones es que llegó, meses después, al hospital de San Pedro donde le negaron su derecho, dilataron el cumplimiento de la ley y sólo accionaron ante la presión de los colectivos y de las abogadas de la familia.