En un posicionamiento público, la organización señaló que México es un país donde las mujeres pagan con cárcel el haber sufrido partos o abortos fortuitos. Como ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de enero a junio de este año se registraron 320 carpetas de investigación por el delito de aborto.
Las mujeres que abortan también son condenadas por el delito de homicidio, y enfrentan penas excesivas de hasta 40 años de prisión. En opinión de AsiLEGAL, el Estado no cumple su papel de garante en materia de salud sexual y reproductiva, por el contrario, criminaliza a las mujeres que sufren emergencias obstétricas o que han sido víctimas de actos u omisiones que se traducen en violencia obstétrica por parte del personal de salud.
Los procesos penales de estas mujeres reflejan las excesivas y desproporcionadas cargas que la sociedad, y los operadores del sistema de justicia imponen sobre ellas. Los reproches de fiscales, jueces y defensores por no haber otorgado el cuidado “debido”, por no haber llevado su embarazo a término, o por falta de conocimiento de sus propios estados de embarazo, son argumentos comunes en los procesos llevados en su contra.
Para la agrupación la normalización de la violencia estructural e institucional contra las mujeres agrava su situación, ya que socialmente persiste la visión naturalizada de la maternidad. La concepción de la maternidad como “deber natural” ha implicado que su “incumplimiento” sea una fuente de criminalización que al trascender al ámbito jurisdiccional se ha proyectado en el hecho de la imposición de penalidades severas, como las previstas para el homicidio.
El pasado 31 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pidió a la ministra en retiro y actual secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, analizar la posibilidad de presentar una iniciativa para crear una ley de amnistía durante el próximo periodo de sesiones del Congreso, que comienza en septiembre.
La idea de crear una ley de amnistía surgió en la campaña presidencial de Obrador, enfocada en presos políticos, pero el mandatario ha reconocido la necesidad de ampliar a personas en contextos de pobreza, de la tercera edad, enfermas o mujeres presas por delitos menores. “Me hicieron llegar un expediente de más de tres mil mujeres presas que no tienen por qué estar en la cárcel”, explicó la semana pasada.
En el Senado, por otra parte, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Zepeda Hernández, presentó una propuesta de Ley de Amnistía en favor de las mujeres presas por el delito de aborto.
CRIMINALIZACIÓN DE LAS ADICCIONES
AsiLEGAL explicó que la mayoría de los casos que acompaña son de mujeres que enfrentan severos problemas de adicciones y que se encuentran en contextos graves de violencia. El problema comienza desde que las autoridades estatales no conciben a la adicción como una enfermedad, a pesar de que ya es reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La situación empeora si se considera la falta de políticas públicas en materia de salud que reconozcan esta situación como un problema de salud pública, pues en lugar de otorgar la atención para enfrentar este tipo de enfermedades, se implementa una política punitiva de encarcelamiento masivo.
Lo anterior, añadió la organización, se agrava cuando se trata de mujeres. Esto en virtud de que ellas deben enfrentar estigmas por tener problemas de adicciones, rompiendo con la concepción social imperante de que las mujeres son “buenas” y “puras”. Todo esto crea las condiciones idóneas para crear un sistema de justicia que criminaliza de forma sistemática y generalizada a estas mujeres.
En el marco del programa Juntos por la Paz, anunciado el 2 de agosto por el presidente López Obrador, que pretende desde la Subsecretaría de Salud la resignificación de las adicciones como un tema de salud pública en aras de acabar con la criminalización de la drogodependencia, AsiLEGAL consideró pertinente una Ley de Amnistía que contemple devolver la justicia a las mujeres que ya están privadas de libertad criminalizadas por enfrentar esta enfermedad.
De acuerdo con la agrupación, en México 41 por ciento de los hombres acusados de delitos del fuero federal están en espera de juicio, esta situación afecta al 58 por ciento de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal. Además, a pesar de que el límite constitucional es de máximo dos años bajo esta medida cautelar, muchas de las mujeres que enfrentan procesos en el fuero federal llevan más de dos años bajo en prisión y sin sentencia.
Otras agrupaciones, como Equis, Justicia para las Mujeres, señalan que en México existen 3 mil 18 mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, pero además de 2016 a 2018, el número de mujeres presas por delitos contra la salud aumentó 103 por ciento en el fuero común.
Ante ello AsiLEGAL llamó a articular acciones entre las y los actores de gobierno responsables de crear la Ley de Amnistía, con el objetivo de compartir información y experiencias en aras de lograr la transformación que México necesita en materia de justicia, que garantice el respeto a los Derechos Humanos de todas y todos.