Cimacnoticias | Ciudad de México, 24 dic 2018.- El Senado de Argentina aprobó la “Ley Micaela García” que obliga a la formación con perspectiva de género de las personas funcionarias de los tres poderes del Estado.
La Ley lleva el nombre de Micaela García, una joven de 21 años de edad, originaria de la ciudad de Gualeguay provincia de Entre Ríos, quien fue asesinada en 2017 por un hombre que tenía libertad condicional por una sentencia de nueve años de prisión por el delito de violación sexual.
La iniciativa fue aprobada el pasado 19 de diciembre de 2018 con el respaldo de los 59 legisladores del Senado argentino y estipula desarrollar el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”, con el objetivo de capacitar y sensibilizar a las personas funcionarias públicas del Estado no como una elección profesional personal sino obligatoria, a fin de cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará).
La iniciativa la presentó en mayo de 2017 la “Fundación Micaela García” apoyada por la familia de la joven víctima de feminicidio como parte un paquete de 13 proyectos de ley para establecer un marco normativo que fortalezca la prevención de la violencia de género y el feminicidio en Argentina, pues la familia de Micaela buscó sin éxito que se sancionará al juez Carlos Alfredo Rossi, quien concedió la libertad condicional del asesino de la joven a pesar de tener un historial de violencia contra las mujeres.
La Ley además lleva el nombre de Micaela en reconocimiento a la lucha por los derechos de las mujeres pues ella era una joven activa en el movimiento feminista y militante de “Ni Una Menos” y el Movimiento Evita.
Ahora aprobada, la Ley Micaela implica la formación en perspectiva de género de las personas funcionarias de la gestión pública sin importar la jerarquía o forma de contratación y estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres de dicho país.
Entre sus artículos también indica que los servidores públicos que se nieguen sin justificación a realizar las capacitaciones podrían ser sancionados y que el Instituto de las Mujeres debe generar indicadores cuantitativos anuales sobre el impacto que tienen las capacitaciones realizadas por cada organismo del Estado.
La Ley Micaela es sancionada en un momento en el que el movimiento feminista de Argentina ha puesto al descubierto la falta de capacitación en perspectiva de género y sensibilidad de los funcionarios públicos como ocurrió en la reciente sentencia emitida en noviembre por el feminicidio de Lucía Pérez.
La joven de 16 años de edad fue asesinada por tres hombres en octubre de 2016, sin embargo, los jueces determinaron a un año y un mes del crimen ocurrido en la ciudad costera de Mar del Plata, que Lucía “no vivió violencia y las relaciones sexuales que mantuvo con sus presuntos agresores fueron consentidas”, absolviéndolos del crimen de feminicidio.
La sentencia de los jueces contiene frases que culpabilizan a Lucía de su muerte, como que ella “tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería” y niega que falleciese por empalamiento como planteó la Fiscal de Argentina, llegan a la conclusión de que murió de una sobredosis.
El caso de Lucía como el de Micaela García han causado la movilización de mujeres y paros en demandas de justicia. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal el año pasado Argentina tuvo un tasa de 1.1 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, en números absolutos representan 251 casos de feminicidio contabilizados por las autoridades.
Por: la Redacción
"Ley Micaela" obliga formación de funcionarios en género
24
de Diciembre
de
2018
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