Ciudad de México.- Las cinco entidades que componen la región metropolitana del Valle de México: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, concentran 36 por ciento del total de mujeres desaparecidas, no localizadas y localizadas del país, y el Estado de México es la entidad con mayor número de casos registrados.
Así lo revela el estudio “Nombrarlas para encontrarlas. Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México”, realizado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México, el cual se presentó este 19 de enero.
De acuerdo con información proporcionada por las fiscalías de los estados a la Comisión Nacional de Búsqueda, el número de denuncias de personas desaparecidas o no localizadas alcanza la cifra de 80 mil 517 personas en el periodo de 2006 a 2020.
En este contexto el estudio indica que a diferencia de las desapariciones en la región noreste del país, donde la mayoría son hombres jóvenes y los perpetradores son grupos criminales, agentes estatales o ambos, en la zona centro del país la mayoría de las personas desaparecidas son mujeres y los perpetradores incluyen desconocidos, parejas, familiares o personas con alguna relación sexoafectiva con la víctima
La investigación también destaca que en los últimos dos años casi 90 por ciento de las mujeres que desaparecen son localizadas. Para el equipo investigador esta tasa de localización abre interrogantes acerca de las particularidades del fenómeno de la desaparición de mujeres, pero también sobre la maquinaria institucional desarrollada para localizarlas.
Al analizar las cifras de mujeres desaparecidas entre el año 2000 y 2020, el estudio encontró que hay varios picos, pero desde 2005 se advierte una tendencia ascendente. La proporción más alta de desapariciones de mujeres se produjo en 2016 y, en ese año, también se observó la proporción más alta de mujeres que continúan desaparecidas respecto del total de población desaparecida y no localizada.
Morelos es la entidad que tiene la mayor tasa de mujeres que permanecen desaparecidas por cada 100 mil habitantes, con una cifra de 15.0, seguida por Puebla con una tasa de 12.4; Estado de México, con 9.5; Ciudad de México, con 7.7; y Tlaxcala, con 1.3.
En los casos de desaparición documentados ante instancias como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se nota que hay razones de género en la desaparición, por ejemplo: el autor del delito es la pareja, un familiar o tiene alguna relación sexoafectiva con la víctima.
Asimismo, existen fines sexuales en casos de desapariciones de mujeres, situación que, en ocasiones, pueden constituir explotación sexual de la víctima; y en caso de ser asesinada su cuerpo o restos mortales son ocultados y, por tanto, continúa reportada como desaparecida sin que su familia sepa qué fue lo que le sucedió.
También casos en que los que la víctima de desaparición fue explotada laboralmente o su desaparición busca enviar un mensaje de amenaza o castigo a un hombre con el que una tiene una relación familiar, sentimental o similar, o para que éste entregue algún bien o haga o deje de hacer algo, sea dentro de un contexto de un conflicto o no, entre otras situaciones.
Por otro lado, cuando la razón de género se presenta como consecuencia, las desapariciones de mujeres suceden por otras causas como el haber sido privadas de libertad con alguien más, contra quien se dirigía el crimen; en el marco de un enfrentamiento que culmina con la privación de la libertad de quienes fueron testigos; o en lugares donde son privadas de libertad múltiples víctimas.
En estos casos, indica el estudio, después de este delito hay riesgos o afectaciones desproporcionadas o particulares para las víctimas y sus familias, pues las mujeres son más vulnerables a sufrir violencia sexual y embarazo forzado, daños, estigma, ruptura de sus estructuras familiares e, incluso, el posible nacimiento de niños o niñas en cautiverio.
Como parte de las respuestas institucionales ante esta violación a los Derechos Humanos, en 2021 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en colaboración con ONU Mujeres y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó unos lineamientos para realizar búsquedas de personas con perspectiva de género.
Asimismo, ese año se conformó la Coordinación Nacional Técnica del Protocolo Alba para mejorar la localización de mujeres y niñas desaparecidas, la cual debe contar con la participación de las 32 fiscalías y procuradurías estatales, y las 32 representaciones locales de las Comisiones de Búsqueda
En general, el estudio señala que las respuestas en materia de búsqueda de mujeres han estado atravesadas por las dificultades de coordinación entre las autoridades involucradas en la búsqueda y la investigación (particularmente entre comisiones locales de búsqueda y fiscalías especializadas) y por el aumento de las violencias contra las mujeres en los últimos años.
Es por eso que los protocolos de búsqueda, se menciona, deben considerar adecuadamente los patrones, modos de victimización y tipos de perpetradores que caracterizan las desapariciones de mujeres.