CEDAW: El Estado mexicano faltó a sus compromisos y abandonó el combate a los proxenetas

México, septiembre (SEMlac).- Las mujeres en situación de trata o prostitución en México fueron totalmente abandonadas a pesar de las recomendaciones de la CEDAW; no existe un programa integral de apoyo y protección, y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), quedó sin dinero y hasta julio de 2020 perdió el 26 por ciento de sus recursos.

El edificio de FEVIMTRA está abandonado y su personal asiste irregularmente, desde antes de la crisis sanitaria por el covid-19, no obstante de que el Comité de la CEDAW, organismo que supervisa y valora la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, emitió 16 observaciones sobre los incumplimientos del Estado mexicano en diciembre de 2018.

En ellas conmina al gobierno a crear a la brevedad, un sistema integral, dotar de recursos policiales, investigativos y establecer casas de acogida para mujeres y trans que decidieran dejar la prostitución y demanden apoyos económicos, psicológicos, de salud y otros.

Ahora en México se dice que se prepara el informe llamado de medio paso, que está en la obligación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y según informó la oficina de comunicación del Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres, no hay fecha previsible de entrega. Nadie sabe.

Las organizaciones feministas anunciaron informes sombra, solo se conoce el de la Red Nacional de Refugios.

Según la maestra Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, no hay programa, no hay presupuesto, creció el fenómeno y también la impunidad.

La FEVIMTRA se convirtió, en la práctica, en una dependencia menor de la nueva Fiscalía General de la República, no tiene fiscal o fiscala nombrada, solo un hombre, Juan Manuel Zavala, encargado del despacho.

¿Qué va informar México a la CEDAW?
El delito de proxeneta aumentó 87 por ciento de 2018 a 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y solo existe una tarea dedicada a detectar abusos sexuales de niñas y niños de las escuelas públicas federales exclusivamente. Todo lo demás se ha dejado de hacer.

La FEVIMTRA define la trata como "un delito grave en el que se utiliza a las personas como si fueran mercancías, para abusar de ellas mediante diferentes formas de explotación: sexual, laboral, matrimonio forzado, mendicidad forzada, adopciones ilegales de niñas, niños y adolescentes, tráfico de órganos, utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, entre otras".

La situación se agrava para las víctimas menores de edad al pasar de cinco por ciento en 2018 a 18 en 2019 (un aumento de 13 puntos porcentuales).

Es decir, que más niñas de entre cero y 17 años son víctimas de ese crimen, considerando que el 99 por ciento de las víctimas son mujeres, según la Organización Mundial del Trabajo.

Los recursos para frenar la explotación sexual comercial se redujeron. El gasto para 2020 perdió 42,6 por ciento del presupuesto de la Fiscalía General de la República (FGR), destinado a investigar los delitos de violencia y trata de mujeres.

La experimentada abogada Ulloa Ziáurriz opinó que probablemente se entregará un informe pobre, porque no se cumplió una sola de las recomendaciones del Comité de la CEDAW a la vista y con la información disponible.

Nada trata el anexo narrativo ni estadístico del 2º. Informe de Gobierno.

Ahora, por el apuro de las recomendaciones, debía existir la Comisión Intersecretarial, pero no se sabe, la información disponible o investigada señala que los delitos se han incrementado y los niveles de impunidad son altísimos. Actualmente la oficina de FEVIMTRA solo atiende casos de trata cuando se rescata previamente a las víctimas.

Ya no las buscan y se abandonaron los convenios para trabajar con otras entidades. Hay descoordinación. O sea, nada.

Durante el Primer Congreso Internacional Patriarcado, Prostitución y Violencia de Género: la responsabilidad masculina en el aumento de la trata de personas, realizado por la Cámara de Diputados en marzo último, la activista anti prostitución y directora de la Organización Breaking Free, Vednita Carter, advirtió que en la prostitución "no hay nada bonito y nadie crece con la idea de ejercerlo".

Este fenómeno, dijo, no respeta a las personas y lo único que es importante es el cuerpo, es decir, su uso como objeto. Afirmó que el combate de las redes de trata es facultad del gobierno federal y un trabajo con las policías.

Recomendaciones urgentes de la CEDAW a México en materia de Trata y Prostitución
El Comité celebró la aprobación, en 2012, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos; no obstante, observó que faltan de mecanismos armonizados y coordinados en los planos estatal y municipal para la aplicación efectiva de dicha Ley.

Según el Reporte de Trata de la Embajada de Estados Unidos y consulados en México, de 2019, se redujeron los esfuerzos de aplicación de la ley de 2012 cuando tipificó como delito la trata de personas que prescribe penas de cinco a 30 años de prisión y multas por delitos de trata de personas y de cinco a 20 años de cárcel y multas por la trata de personas; penas lo suficientemente, se instruyó a los funcionarios federales.

Hasta 2019, sin armonización legal, 28 estados habían promulgado leyes de tráfico a finales de 2018.

La ley de 2012 obligaba a los estados a tener un fiscal dedicado a la trata de personas; para fines de 2018, 30 estados habían establecido fiscales o unidades especializados contra la trata de personas. Pero no han dado informes, de qué están haciendo, dice el reporte

CEDAW advirtió en 2018 la falta de una estrategia integral de lucha contra la trata de personas; lamentó el escaso uso de datos desglosados por sexo y edad sobre las víctimas de la trata y el alcance de este fenómeno en particular para fines distintos de la explotación sexual; la estadística no existe más que someramente en el Secretariado.

Conminó al Estado mexicano a atender detenciones y juicios por sus bajas tasas de enjuiciamiento y condena en casos de trata de personas y la re victimización de las mujeres y las niñas, que al parecer en algunos casos son procesadas, en lugar de atendidas como víctimas.

Teresa Ulloa señala que es altísima la impunidad, y se abandonó la investigación y la captura de redes de proxenetas.

También observó que faltan medidas de asistencia, rehabilitación y reintegración de las víctimas, en centros de acogida y es limitado el acceso a medidas de asesoramiento, tratamiento médico, apoyo psicológico y reparación, como la indemnización de las víctimas de la trata, en particular las mujeres migrantes.

No se construyó una sola casa de acogida y dejó de capacitarse al personal. La atención específica es insignificante. Se agravó la tasa de trata a migrantes.

De la complicidad entre agentes del Estado y bandas internacionales de delincuentes organizados y los fenómenos consiguientes de corrupción e impunidad, así como la coordinación insuficiente con los países vecinos en la prevención de la trata de personas, el apoyo a las víctimas y el enjuiciamiento de los autores, no hay información, y no hay ningún juicio resuelto. No hay nuevas carpetas de investigación.

El Comité recomendó al Estado mexicano, fortalecer los mecanismos y las políticas en vigor para combatir la trata, y velar por que cuenten con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, en particular para la formación de inspectores del trabajo, agentes de policía y funcionarios de fronteras a fin de mejorar su capacidad de detección del trabajo forzoso, la trata de personas y los delitos conexos contra las mujeres y las niñas, y recopile y analice sistemáticamente datos desglosados por sexo y edad sobre la trata de personas. Las defensoras se ríen. Nada se avanzó.

Se pide que fomente la cooperación regional con los países de origen y de destino a fin de prevenir la trata mediante el intercambio de información y la armonización de los procedimientos; fortalezca los mecanismos institucionales, especialmente a nivel local, con miras a combatir la corrupción; e investigue sistemática y debidamente los casos de complicidad entre agentes del Estado y bandas de la delincuencia organizada, y vele por que se procese efectivamente a los culpables y se les imponga condenas, medidas disciplinarias adecuadas, y se otorguen a las víctimas reparaciones o indemnizaciones.

Además, insiste en las denuncias de actos de violencia y extorsión policiales cometidos contra mujeres que ejercen la prostitución, así como las detenciones arbitrarias y los arrestos sin orden judicial de que son objeto.

Pide información sobre la situación de esas mujeres al detectar falta de programas y servicios específicamente dedicados a ellas, en particular programas de salida de la prostitución para mujeres que deseen dar ese paso. Eso no existe.

Finalmente, la recomendación general del Comité reclama la adopción de medidas eficaces para proteger a las mujeres que ejercen la prostitución de la explotación y los abusos, y que elabore un estudio sobre las causas fundamentales y el alcance de la prostitución y utilice sus resultados para crear servicios y programas de apoyo a las mujeres que ejercen la prostitución, en particular programas de salida de tal situación para mujeres que deseen dar ese paso.

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De estudios y diagnóstico, el 23 de agosto de 2019, la entonces responsable de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, dijo en Colima claramente que para 2020, solo se destinarán recursos para prevención, Fiscalías y Tribunal Superior de Justicia.

Nada para diagnósticos y programas, nada para capacitación. El Presidente dice que este país está sobrediagnosticado, por lo que hay que invertir en acciones concretas, no en documentos.