CEDAW-2020: Persiste la grave violencia de género en México

México, septiembre (SEMlac).-Sobre violencia de género, seguridad y paz el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres y las Niñas CEDAW, hizo 20 observaciones al Estado mexicano, en noviembre de 2018, en su recomendación 35/19.

Como prioridad y con carácter urgente, lo conmina a resolver las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres e investigue, enjuicie y sancione sin dilación a los responsables, trabaje y otorgue recursos a las organizaciones de la sociedad civil y tome en cuenta a las mujeres para la seguridad y la paz.

De las recomendaciones, afirma Equifonía, un grupo especializado en justicia de Veracruz, que el gobierno federal solo pide informes, no da seguimiento y nadie sabe qué informará a la CEDAW, porque no se invita a las mujeres.

Según todas las fuentes disponibles, solamente entre enero y julio de 2020 fueron asesinadas 2.240 mujeres en el país, el 93 por ciento de las denuncias están en la impunidad y. no obstante a que Amnistía Internacional sigue documentando al feminicidio como tortura, el Estado mexicano no actuó.

¿Cómo va a informar a la CEDAW el Estado mexicano?, porque también recomienda que en la construcción de un programa integral, incluya en forma sistemática a las organizaciones de la sociedad civil.

A cambio, el informe de la Red Nacional de Refugios sostiene que los servicios de prevención y protección se disminuyeron.

Las organizaciones que la Red consultó, han vivido obstáculos en el 64 por ciento, se cerraron Fiscalías, disminuyeron los servicios en los Centros de Justicia para Mujeres, precisamente en los últimos cinco meses, durante la crisis sanitaria que produjo el covid-19.

La abogada Patricia Olamendi Torres, quien fuera la experta de la Convención Belén do Pará, desde la Red de Seguridad, Justicia y Paz, aseguró a SEMlac, que se rompió la interlocución con los grupos civiles de mujeres. Y el Comité de Organización de los encuentros feministas, asegura que en dos años los observatorios del feminicidio, solo tuvieron una reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación.

Apenas en julio, Amnistía Internacional denunció que los recortes presupuestales serán decisivos para que el problema de la violencia siga creciendo; a cambio se eliminaron los programas destinados a brindar servicios de atención a las mujeres que viven violencia, como las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs), donde se redujo el 50 por ciento de los apoyos.

Además de la invisibilidad de este fenómeno, como el de la desigualdad de género, contraviene las recomendaciones, el ejecutivo concentra estas acciones, y hace publicidad solamente a sus siete programas prioritarios.

La CEDAW es una convención de carácter obligatorio que México ratificó en 1981 por cual debe rendir cuentas. ¿Cuáles serán? En la actual administración no se oyó y se contravienen sistemáticamente.

Amnistía Internacional impulsó una Acción Urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán al gobierno mexicano garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan contando con los recursos que les permitan continuar su labor que es fundamental.

A cambio, se hizo un recorte al presupuesto para la administración federal del 75 por ciento.

Lo que ha sucedido.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asesinatos de mujeres se suman a los llamados homicidios dolosos o intencionales de mujeres y niñas en el aspecto delictivo, con investigación. Pero hasta ahora no se ha apresado los responsables y no hay reparación del daño. Solo 24,6 por ciento se indagó como feminicidio. No existen datos publicitados de las otras violencias.

Incumplimiento de recomendaciones:
Las observaciones de la CEDAW, https://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2019/04/MEXICO-ANTE-LA-CEDAW-2018-web.pdf dice:

El Comité acoge con satisfacción las importantes medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado mexicano. Sin embargo, sigue profundamente preocupado por:

La persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas en el Estado mexicano, incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios.

De ahí que señale que persiste el carácter incompleto de la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito el feminicidio; la alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las mujeres, ya sean víctimas directas o indirectas, cuando quien desaparece es un familiar, en cuyo caso las mujeres suelen cargar con la responsabilidad no solo de buscar a la persona desaparecida e iniciar las investigaciones, sino también de servir de sostén principal de la familia, sostiene que hay barreras persistentes que siguen impidiendo la aplicación efectiva del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVIGM a nivel federal, estatal y municipal; las denuncias de uso de la violencia por parte de agentes estatales y no estatales contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénico se multiplican; siguen escasas los estadísticas al no desglosarse por tipo de violencia y relación entre el autor y la víctima.

Apenas, como ejemplo de incumplimiento, el primero de septiembre, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzada, activistas como el colectivo Búsqueda de Familiares "Regresando a Casa Morelos", con un rebozo color rojo, con las palabras justicia y verdad, anunciaron que se instalarán todos los lunes en el Memorial de Víctimas para exigir a las autoridades federales y estatales la identificación de cuerpos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla.

Existen más de 13 fosas clandestinas en el país, se multiplican los colectivos de buscadoras.

Ahora con el numeral 19, renovando el 35, conmina al Estado mexicano a que adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular de combatir las causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, los estereotipos (medios y educación) discriminatorios, así como la pobreza y la marginación de las mujeres.

Lo reta a que investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria; vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio; simplifique y armonice en los estados los procedimientos de activación del Programa "Alerta AMBER" y el "Protocolo Alba", agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) refuerce su perspectiva de género.

A cambio fue disminuido el presupuesto para estos fines, la CEAV no tiene cabeza y en todas las agencias gubernamentales hay desdeño a las demandas; se disminuyó en dos años el presupuesto a 11 programas y no se activaron los enlaces de género en las instituciones.

La CEDAW considera escasos avances en la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, tras la recomendación formulada por el Comité en relación con la comunicación Trujillo Reyes y Argüello Morales c. México (CEDAW/C/67/D/75/2014), a pesar de que el Estado parte había asegurado que los estaba revisando.

Conmina al gobierno a que evalúe la repercusión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres AVGM, de esa evaluación el Estado mexicano propuso desaparecerlas, sin evaluación y disminuyó el presupuesto.

La evaluación, para la CEDAW, permitiría garantizar una utilización amplia y armonizada, con la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, sugiere que vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, las que no han vuelto a reunirse para el caso, según informó este 8 de septiembre la Comisión del Encuentro Nacional Feminista y las alertas Amber y el Protocolo Alba, no tienen recursos.

Le recuerda que es su compromiso trabajar con personas expertas del mundo académico y por la defensa de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como con mujeres víctimas de la violencia.

A cambio el 14 de febrero de 2019 el Gobierno, contraviniendo a la ley y al acuerdo internacional, en la circular 1 prohibió a sus agentes dotar de recursos a las asociaciones civiles e Inmujeres desapareció el programa PROEQUIDAD, a pesar de 1.800 firmas que pidieron lo repusiera. Estaba destinado a las organizaciones con trabajo de campo, ubicadas en zonas pobres y alejadas.

También lo conmina a subsanar la falta de medidas de protección de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular concienciando a la población sobre los derechos de estas mujeres, en cooperación con la sociedad civil. No ha hecho nada.

También le exige que refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia la relación con los perpetradores; acelere de manera prioritaria la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, como recomendó el Comité en su dictamen, con miras a alentar la resolución de otros casos similares en el futuro.

Sobre esta recomendación, el 9 de septiembre Adriana Fuentes, coordinadora del área jurídica de Equifonía A.C., informa que la recomendación no se ha cumplido, porque, aun cuando se reabrió la investigación, no se conoce el análisis y los resultados. Las autoridades piden esperar para que se "realice en un plazo razonable".

El padre y madre de Pilar están ya en el registro estatal de víctimas y han podido acceder a algunos programas que impulsa la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas

El Comité de la CEDAW demanda que se elabore un plan de acción nacional, en colaboración con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para asegurar su participación en la tarea contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país.

Según la abogada Patricia Olamendi Torres, de la Red Seguridad, Justicia y Paz, el gobierno y sus instituciones rompieron el diálogo con la sociedad civil de las mujeres. "Cómo no había sucedido en 30 años" y afirmó que no hay interlocución

¿Qué va a informar el Estado mexicano en el informe de Medio Paso? Sobre la adopción de medidas para el desarrollo de la capacidad y empoderamiento de las mujeres y las niñas, inclusive a través de grupos de la sociedad civil, para que participen en iniciativas de lucha contra la inseguridad y la violencia contra las mujeres como defensoras de los derechos humanos.

El Comité observó con preocupación que las mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanos son cada vez con mayor frecuencia objeto de diversos actos de violencia, en algunos casos presuntamente cometidos por agentes del Estado.

El Comité también está preocupado por los informes sobre los ataques a medios sociales y plataformas digitales independientes perpetrados por grupos anónimos para incitar a la violencia contra las periodistas y las defensoras de los derechos humanos.

Eso, ¿cómo se informará?, cuando está en crisis de funcionamiento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no opera el mecanismo de protección para periodistas por falta de recursos, no obstante la recomendación de la CEDAW para que asigne recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación eficaz y armonizada de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en todos los estados.

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El 9 de septiembre las colectivas feministas han tomado las instalaciones de la CNDH para abrir ahí una casa refugio alternativa para atención a mujeres violentadas, ante la falta de acción del Estado mexicano.