Con una votación de 118 votos, el pleno aprobó el dictamen que dispone, entre otros puntos, que si un juez del Registro Civil recibe una solicitud de matrimonio puede exigir a los contrayentes todas las declaraciones que considere pertinentes para asegurarse de que se trata de mayores de edad.
El Pleno aprobó el cambio al Artículo 159 del Código Civil Federal, presentado por la coordinadora del grupo del Partido del Trabajo (PT), Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, para precisar que “el tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado bajo su guarda, salvo en el caso de obtener una dispensa”.
A su vez la senadora Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional (PAN), en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, explicó que México es uno de los 10 países con mayor número de matrimonios infantiles, con un millón 300 mil casos al año.
Específicamente en el caso de las niñas, dijo, ellas tienden a no permanecer en la escuela y a embarazarse prematuramente, con el riesgo de sufrir discriminación y violencia doméstica.
Casi el 50 por ciento de las mujeres que se casan prematuramente sufren de la violencia física y alrededor del 70 por ciento violencia sexual.
En su oportunidad, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, advirtió que la práctica del matrimonio infantil incentiva violación de los derechos humanos, además de advertir que la sociedad no puede considerar normal que niños y niñas se casen.
Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Verónica Martínez García convocó a los legisladores a dar a los menores de edad condiciones óptimas para su desarrollo, a través de este dictamen que cerrará la posibilidad de obligar a los menores a casarse.
Respecto a los usos y costumbres que propician en algunas entidades el matrimonio de menores de edad, el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que este criterio de ninguna manera puede prevalecer por encima del interés superior de los niños.
Tras la aprobación unánime, la Mesa Directiva del Senado envió el dictamen a la Cámara de Diputados.