Miami, Estados Unidos, 19 de octubre de 2026.- La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, firmó una orden estatal de arresto, sin derecho a fianza, contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por la muerte de cuatro personas en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido hace 30 años.
“Existe causa probable para creer que el acusado, Raúl Modesto Castro Ruz, acordó con otros cometer asesinato en primer grado de personas a bordo de la aeronave”, señala la declaración jurada que sustenta la orden. El documento da a las autoridades de Florida jurisdicción para acusarlo y también para extraditarlo al estado si es hallado fuera de él.
“Lo que ocurrió no fue un accidente, fue un asesinato. Las pruebas dejan más que claro que hubo una conspiración”, afirmó el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una conferencia de prensa en la Escuela de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), en Miami.
Lo acompañaron Jason Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida; la jefa de la Policía de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, y políticos republicanos locales.
Uthmeier admitió que Castro no será llevado a la cárcel por ahora, “al menos que yo sepa”, y advirtió que la orden “tiene consecuencias reales, no es solo un papel”.
“El señor Raúl Castro no puede simplemente salir de su país y moverse libremente. Si por cualquier motivo acaba en un país amigo con el que tengamos acuerdos de extradición, terminará aquí”, dijo el fiscal.
De acuerdo con la declaración jurada, dos espías cubanos infiltrados en Hermanos al Rescate informaron al Gobierno de La Habana sobre la base aeronaval de Key West y le transmitieron los datos de vuelo de las avionetas de la organización. La red de espionaje ordenó a esos agentes no volar en las aeronaves de Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero.
El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana derribaron las dos avionetas Cessna C-337 entre las 3:21 y las 3:27 de la tarde. Un tercer avión logró escapar.
Murieron Armando Alejandre, de 45 años; Carlos Costa y Pablo Morales, de 29, y Mario de la Peña, de 24. El grupo hacía labores de búsqueda y rescate en el estrecho de Florida, con exiliados y apoyo de la Guardia Costera estadounidense, para auxiliar a quienes se lanzaban al mar desde Cuba, los llamados balseros.
Arnaldo Iglesias, de 88 años, iba en el tercer avión. “Recuerdo las voces en la radio, la incertidumbre y luego el silencio. Un silencio que no se logra explicar”, contó en entrevista con El País. Casi todos los días, dijo, piensa en los cuatro compañeros que perdieron la vida.
Fidel Castro asumió en 1996 la responsabilidad del derribo: “Tenían la orden general de no permitírselo… Actuaron con plena conciencia de que estaban cumpliendo la orden”.
Una grabación publicada en 2006 por Wilfredo Cancio, entonces reportero de asuntos cubanos de El Nuevo Herald, recoge a Raúl Castro reconociendo haber dado la orden: “Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades”.
“Lo que cambia esa grabación es que ya hay una prueba de voz de Raúl Castro asumiendo la total responsabilidad”, dijo Cancio a El País.
La causa federal por el derribo se presentó en 2003 contra el general Rubén Martínez Puente, quien dirigía la Fuerza Aérea cubana cuando ocurrió el hecho, y contra los pilotos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Francisco Pérez-Pérez.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida amplió esa acusación para incluir a Castro, según anunció el 20 de mayo el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, en la Torre de la Libertad, en una fecha en que el exilio cubano celebra la independencia de Cuba.
El anuncio llegó en medio de las tensiones entre Washington y La Habana, que este año se aceleraron con el cerco petrolero y las decenas de sanciones de la Administración Trump contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Uthmeier advirtió que, si un “simpatizante comunista” vuelve a la Casa Blanca, no podrá indultar a los acusados, conmutarles las penas ni concederles inmunidad frente a los procesos estatales.
