La Habana (SEMlac).- El embarazo adolescente, el abandono escolar y las distintas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes se vinculan a un entramado de desigualdades sociales, de género y territoriales en Cuba, según una sistematización de estudios realizados entre 2015 y 2023.
La investigación identifica desigualdades de género, territoriales y socioeconómicas que agravan los riesgos para niñas y adolescentes, y advierte sobre la reproducción de la violencia en las familias y las escuelas.
Las principales conclusiones de la indagación, recogidas en un artículo publicado en 2024 por la revista Sexología y Sociedad, analizaron 22 resultados de investigación sobre embarazo y fecundidad adolescente, por una parte, y violencia, por otra. Sus autoras pertenecen a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba) y al Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.
Tras sistematizar 103 fuentes, entre artículos científicos, tesis, libros e informes procedentes de 53 instituciones, el análisis concluye que factores como la edad, el género, el territorio, el color de la piel y las condiciones socioeconómicas se combinan y profundizan las desigualdades dentro de un mismo grupo de edad.
Maternidad temprana y desigualdad
En el ámbito de la fecundidad adolescente, ocho estudios entre los examinados identificaron situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el conocimiento insuficiente sobre salud sexual y reproductiva, el uso discontinuo de anticonceptivos, las dificultades de comunicación familiar y las limitaciones para acceder a métodos de protección.
La investigación señala que las adolescentes de zonas rurales presentan mayores tasas de fecundidad que las residentes en áreas urbanas. También identifica cifras superiores a la media nacional en la región oriental, con particular incidencia de la fecundidad entre los 12 y 14 años en las provincias Las Tunas, Camagüey y Holguín, a 650, 535 y 750 kilómetros estimados de la capital cubana, respectivamente.
Para el grupo de 15 a 19 años, las mayores tasas se registran en Granma, Guantánamo y Las Tunas, provincias también del oriente.
Las desigualdades identificadas no se limitan solo al acceso a la información o a los servicios de salud. La maternidad temprana puede interrumpir las trayectorias educativas y reducir las oportunidades de preparación profesional e inserción laboral, con consecuencias para la autonomía económica de las adolescentes y el bienestar de sus hijos.
En la provincia de Granma, por ejemplo, una de las investigaciones constató que, por lo general, las adolescentes no se reincorporaban a los estudios después de convertirse en madres. El abandono escolar y la dedicación a las tareas domésticas reforzaban así las desventajas sociales.
El análisis también reconoce la transmisión intergeneracional de patrones reproductivos y estereotipos de género. En determinados contextos, las adolescentes reproducen experiencias de maternidad temprana presentes en sus familias, mientras las responsabilidades de cuidado recaen principalmente sobre ellas.
A ello se suman las dificultades para conversar sobre sexualidad en el hogar, el inicio temprano de las relaciones sexuales y la insuficiente percepción de los riesgos. Algunos estudios describen relaciones con parejas mayores, una circunstancia que puede incrementar la exposición a situaciones de violencia.
Las autoras advierten, además, que la familia puede convertirse en una red de apoyo para la maternidad adolescente y asumir responsabilidades de crianza, pero también puede reproducir silencios, estereotipos y desigualdades que limitan la capacidad de las jóvenes para tomar decisiones informadas.
Violencia, dentro y fuera del hogar
De la muestra investigada, 14 estudios abordaron distintas manifestaciones de violencia en la infancia y la adolescencia. Los resultados describen agresiones físicas, verbales y psicológicas en los entornos familiares, escolares y comunitarios, así como violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Uno de los hallazgos más preocupantes procede de una investigación sobre violencia de género en Moa, en la oriental provincia de Holguín, donde se identificaron casos de violencia física y sexual en comunidades rurales, incluidos abusos cometidos por personas del entorno familiar y convivientes.
Ese estudio situó en 11 años la edad promedio de las niñas y los niños víctimas de violencia sexual, abuso lascivo y pederastia en ese territorio. El artículo señala que, en los casos descritos, predominaban las víctimas del sexo femenino y que, entre los agresores, figuraban padres, abuelos, padrastros y vecinos.
La investigación relaciona estas situaciones con la influencia de la cultura patriarcal, las características del entorno geográfico y la existencia de pactos de silencio que dificultan hacer visible la violencia.
Los resultados también muestran que la escuela no siempre funciona como espacio protector. En comunidades de Santiago de Cuba, varios estudios documentaron gritos, burlas, ofensas, humillaciones y golpes entre estudiantes, así como prácticas violentas ejercidas por docentes.
En algunas de las secundarias examinadas, las manifestaciones de violencia verbal, física y psicológica aparecían en aulas, pasillos y baños. Las autoras advierten que estas conductas pueden naturalizarse y reproducirse a partir de experiencias vividas en el hogar.
El enfoque de género permite reconocer, además, que las agresiones no afectan a todo el alumnado de la misma manera. Una de las investigaciones identificó discriminación hacia adolescentes negras por sus peinados afro, mientras otras documentaron burlas y restricciones impuestas a las muchachas por apartarse de los comportamientos considerados tradicionalmente femeninos.
En el ámbito de las relaciones de pareja, los estudios registraron violencia psicológica y simbólica mediante amenazas, hostigamiento, celos, acoso y control del teléfono móvil o de la forma de vestir, además de agresiones físicas.
La revisión también señala que la violencia de género puede quedar reducida, en determinadas interpretaciones institucionales, a un asunto privado de las parejas, lo que dificulta reconocer sus expresiones en otros espacios y atender adecuadamente a las víctimas.
Se necesitan respuestas integrales
La sistematización subraya que la vulnerabilidad social no depende de un único factor, pues la edad y el género se combinan con el lugar de residencia, la situación económica, la discapacidad y el color de la piel, para ir creando desventajas específicas para determinados grupos.
Entre los perfiles identificados figuran adolescentes rurales expuestas a violencia sexual; jóvenes que abandonan los estudios tras un embarazo; niñas y niños con discapacidad que sufren abusos y estudiantes sometidos a violencia física o psicológica en las instituciones educativas.
El análisis advierte, asimismo, sobre vacíos en la investigación y en los mecanismos de atención, como la escasez de estudios de intervención participativa sobre embarazo adolescente, la insuficiente inclusión de los varones en algunas investigaciones sobre fecundidad y la falta de registros que permitan dimensionar con precisión la violencia de género y la violencia escolar en determinados territorios.
Además, las autoras destacan la necesidad de analizar estas realidades desde una perspectiva interseccional, capaz de reconocer cómo se acumulan las desigualdades y de orientar respuestas más ajustadas a las experiencias de niñas, niños y adolescentes.
Los resultados apuntan a la importancia de fortalecer la educación sexual, la prevención de la violencia, la comunicación entre familias y escuelas y la protección de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Más allá de las características particulares de cada territorio, la sistematización plantea un desafío común: evitar que las desigualdades de género y las condiciones sociales conviertan la infancia y la adolescencia en etapas marcadas por la violencia, la maternidad no planificada y la pérdida de oportunidades para el desarrollo personal.
