Finalmente llegó el momento de las acciones y poner en marcha una propuesta de cambio para el país con políticas públicas que conduzcan a esos cambios ofrecidos por el nuevo presidente que tomó posesión apenas un mes. Un instrumento fundamental de estos cambios lo es sin duda el gasto público y, bueno, en ese entorno son muy altas las expectativas de las mujeres y la nueva política de género.
La primera mirada sobre la propuesta del proyecto de gasto para la igualdad entre hombres y mujeres -que mal que bien nos dice qué se quiere cambiar o continuar en materia de igualdad sustantiva- es congruente con lo ofrecido por el presidente en lo concerniente al gasto y lo que el ha llamado “austeridad republicana”.
No es ninguna sorpresa que aparezcan importantes reducciones de gasto en varios programas (ver gráfica), como son: Promover la atención y prevención de la violencia o el de Igualdad sustantiva entre hombres y Mujeres; Programa de estancias infantiles para madres trabajadoras o el de Mejoramiento y productividad y producción Indígena.
Indudablemente todos y cada uno de estos programas son esenciales o estratégicos para la política de género, para muestra un botón: la violencia contra las mujeres que mantuvo una espiral creciente en toda la administración de Enrique Peña Nieto, ¿por qué se reducen los recursos que se aplican a este programa tan importante, acaso la política que beneficia directamente a las mujeres no forma parte del cambio para mejorar?
Aquí la respuesta o el “quid pro quo” es el análisis fino de estas reducciones, ¿cuáles son los renglones de gasto que se recortarían en estos programas? Si lo que se pretende recortar (falta la aprobación del Congreso) son los sueldos y salarios de los altos funcionarios que están a cargo de estos programas; o bien, el gasto superflúo e innecesario -pero sin afectar la esencia de los programas-, entonces es parte del cambio ofrecido por el nuevo presidente y su partido, Morena, y no hay mayor problema.
En caso contrario, es decir que se pretenda reducir indiscriminadamente los recursos aplicados a programas sustanciales para la política de género, se estaría dando una pauta contradictoria con todo lo que ha sido hasta ahora la propuesta de la llamada Cuarta Transformación, excluyendo nada mas y menos que a más de la mitad de la población del país: las mujeres.
Luego entonces no es pecata minuta mantener una adecuada aplicación de los recursos públicos a los programas que conforman el llamado “Anexo 13” del Paquete Económico para 2019. #NoSinNosotras.
Ahora la pelota está en la cancha del Congreso y particularmente de la Comisión de Igualdad de Género que seguramente revisará acuciosamente este conjunto de políticas públicas para la construcción de una nueva política de género.
Regularmente el primer problema es que los recursos son insuficientes, bueno pues el gasto total que se propone para 2019 en este Anexo 13 implica un aumento de 16,774,980,349 pesos.
¿En cuáles programas se presentan incrementos? En primer término en los recursos destinados al Programa para las Adultas Mayores. Se cumple una promesa de campaña al aumentar estar pensiones. Se trata de un programa que ha demostrado ser muy efectivo para la reducción de la pobreza femenina.
También crece el gasto en guarderías del IMSS o Salud sexual y reproductiva. Sin embargo aparentemente desaparece un programa importante: Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). ¿Qué otras acciones o programas van a sustituirlo?
La propuesta de un cambio para el país y por supuesto para las políticas de género a nivel nacional o local no son una ocurrencia ni un capricho. Es indispensable generar acciones encaminadas a esos cambios, no se puede continuar con la inercia y todas las desgracias –económicas, políticas o sobre la supervivencia física- que han generado la larga noche neoliberal del país. Hay que iniciar este cambio, ¡ahora es cuando! (Carmen R. Ponce Meléndez)
