Estamos viviendo momentos muy delicados en el país donde las acciones autoritarias están aprovechando los huecos para avanzar en el nombre de la defensa del gobierno.
La propuesta de reforma a la Ley de Impuestos Sobre la Renta (ISR) que presentó esta semana la diputada morenista Celeste Ascencio Ortega, es un ejemplo de ello, pues busca limitar e incluso eliminar el apoyo internacional para las organizaciones en nuestro país, argumentando que este dinero es utilizado con intenciones golpistas al actual gobierno federal y son una intromisión extranjera.
Hay que decir que esta propuesta de reforma realmente busca sobrerregular algo que ya contempla la ley y abre espacios a interpretaciones de manera muy peligrosa.
La actual Ley del ISR ya contempla que los recursos que reciben las organizaciones no pueden utilizarse para legislar a favor de quien dan los donativos, señala que deben transparentarse y existir una rendición de cuentas.
Lo que busca la iniciativa dice, es que se informe al SAT sobre los donativos, lo cual ya se hace, pero también a la secretaria de Gobernación, me pregunto, para qué a Gobernación.
Esta acción va en contrasentido de lo que una democracia tendría que garantizar: libertad, debate, diferentes puntos de vista. La propuesta de la diputada Ascencio por el contrario, genera un clima de persecución.
El pique del presidente contra algunas organizaciones ha llevado a las generalizaciones que no ayudan, y que por el contrario, alimentan el camino de la polarización. Está bien buscar la transparencia, la rendición de cuentas, pero usar el argumento para limitar la acción de las organizaciones suena poco democrático.
Hay que cuidar que estas propuestas legislativas no se reviertan contra la democracia, porque si bien hoy se señala a las organizaciones, hay que mirar que el gobierno actual también recibe apoyos de las mismas instancias. Y tan sólo un botón; los Diálogos Regionales que hoy lleva a cabo la secretaria de Gobernación para crear la Ley General de Protección a Personas defensoras y periodistas son apoyados con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID, entonces esos recursos no son intromisión extranjera pero los que reciben las organizaciones sí, como señala la diputada Ascencio. Me parece que la vara de medición debe ser la misma.
Esta política de estigmatización ha tenido impactos completamente negativos para los Derechos Humanos de las mujeres quienes de por sí no tienen todos los recursos necesarios.
El informe que realiza La Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés), señala que 58 por ciento de las organizaciones de América Latina y el Caribe a favor de los Derechos Humanos de las mujeres tienen un ingreso que no supera los 600 mil pesos al año.
Es importante recordar el dato porque se ha alimentado una fantasía de que las organizaciones reciben millones y no es así, no todas.
Cuando se generaliza se pierden estos matices que son necesarios para el diálogo.
Las organizaciones no son nuevas y han aportado mucho para el bien de nuestro país.
Por ejemplo, CIDHAL, que data de los años 60, es la pionera en la reivindicación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar, creó los primeros círculos de trabajadoras del hogar para hablar de derecho laborales. Trabajo que ha dado frutos importantes. Hoy se les reconoce como tal, existe una ley para la seguridad social para estas trabajadoras, la justicia social es parte de la agenda de los derechos laborales, y eso lo han logrado las organizaciones.
La prevención de los cánceres, de mama y Cérvico-uterino, por mencionar los más frecuentes, han estado acompañados por la exigencias de las organizaciones sociales, la Red Por la Salud de las Mujeres que se formó en esta ciudad de México en los años 90 y conformada por 15 organizaciones, defendió que todas las mujeres accediéramos al control del Papanicolau de manera gratuita en nuestro país cuando el gobierno quería limitarlo, y dejarlo como una opción privada, lo cual afectaba a las más pobres.
Ni hablar de las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.
Todo ello ha sumado al bien vivir de las mexicanas y por supuesto ha abonado a la democracia, la misma que abrimos para que existieran los cambios de gobierno.
“Mujeres por la democracia”; “Mujeres y Punto”; la “Asamblea Nacional de Mujeres”, son algunas que surgieron precisamente en el marco de 1988 cuando el PRI tuvo uno de los grandes descalabros con la salida del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Ifigenia Martínez, y se crea el Movimiento Nacional Democrático.
En aquel momento pudieron llamar a estas organizaciones golpistas del régimen, porque buscaron romper con la hegemonía del partido de Estado, hoy son otros los escenarios y hay que tener cuidado de no excederse, no caer en la soberbia del mayoriteo.
Se ha buscado construir una ilusión en la cual las organizaciones han sido convertidas en enemigas del cambio, cuando han sido motor de la transformación. Por ello, acciones como la de la diputada Ascencio, pueden ser un boomerag que se nos revierta y que en lugar de ayudar a avanzar, construya graves retrocesos que nos va a costar muchísimo revertir.