México, 30 Dic (Notimex).- En su primer año de existencia, la Sala Regional Especializada del TEPJF aplicó sanciones por más de 130 millones de pesos, y ha ordenado la Vista a distintas autoridades por la probable responsabilidad de un centenar de servidores públicos en atención a lo dispuesto en el Artículo 134 Constitucional.
Al hacer un balance de labores durante la última sesión pública del año, el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Clicerio Coello, informó que del 10 de octubre de 2014 a la fecha se han presentado en todo el país mil 619 quejas.
Coello Garcés refirió que las impugnaciones se presentaron ante las Juntas Distritales, las Juntas locales y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE).
Derivado de ello, la Sala Regional Especializada ha resuelto mil 419 expedientes, en los cuales se han fijado criterios interpretativos de relevancia para el ejercicio de la libertad de expresión en esta materia, pero también para preservar el principio de equidad y correcto desarrollo de los procesos electorales, finalizó.
Comentó que el índice de impugnaciones de las sentencias de la Sala a su cargo, oscila en el 25 por ciento si se toma en consideración el número de expedientes totales que ha resuelto.
“De tal manera que el 25.34 de índice de impugnación refleja que la gran mayoría de los casos, las partes no controvierten en una segunda instancia las decisiones del órgano jurisdiccional, es decir, son conformes con estas determinaciones”, anotó.
Refirió que el primer año de labores del órgano jurisdiccional fue una oportunidad para aplicar las nuevas tecnologías para el mejor desempeño de la jurisdiccional electoral.
Ello, al establecerse un sistema informático, denominado Sistema de Procedimientos Especiales Sancionadores que coadyuva a la observancia de los principios de inmediatez, prontitud y exhaustividad en la instrucción y resolución de los procedimientos.
“Pero sobre todo, genera una interconectividad y un diálogo permanente con el INE, lo que permite que esta Sala Especializada imparta una justicia pronta y expedita”, anotó,
Clicerio Coello recordó que la Ley General de Procedimientos Electorales (Legipe), le otorgó a la sala un plazo de 72 horas para resolver los procedimientos especiales sancionadores, a partir del turno al magistrado ponente.
Comentó que el cien por ciento de las sentencias emitidas por el pleno han sido aprobadas por unanimidad de votos, al resaltar la extraordinaria colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a partir de la firma del convenio firmado el 3 de marzo de este año.
Mediante ese convenio, el SAT proporciona información sobre la capacidad económica de los sujetos infractores, “ya que las sanciones que se imponen en materia electoral deben atender en todos los casos la situación económica de las personas físicas o jurídicas que son objeto de una sanción”, explicó.
