México, 30 Abr. (Notimex).- La reforma migratoria que se discute en Estados Unidos tiene el potencial de mejorar sustancialmente la vida de los migrantes mexicanos y puede ser muy positiva, sin embargo es insuficiente para asegurar su integración social en esa nación, sostuvo el investigador Agustín Escobar Latapí.
Al dar a conocer parte del Informe "Diálogo binacional sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos y México", resaltó que actualmente la desventaja social de los connacionales se observa hasta en la tercera generación, que todavía muestra rezago escolar.
El profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) dijo que el actual proyecto de reforma define un camino "extremadamente largo y complejo para la regularización de los migrantes".
Subrayó que es posible que una parte sustancial de los mexicanos que viven en territorio estadunidense no pueda acceder al beneficio de la ley sin una acción concertada que los ayude a navegar el proceso.
Además México debe cambiar su actitud de que la partida de cientos de miles de trabajadores cada año es normal pues "el desarrollo de nuestro país debe incorporar a esta población", por lo que se deben tomar otras medidas para que pueda integrarse a Estados Unidos y en México.
Comentó que hay mucho por hacer ante una población inmigrante tan grande, pues cuando los jóvenes regresan del vecino país del norte, se quejan que no pueden ingresar a las escuelas en México "porque no le reconocen los estudios".
Además ocurre que si no saben el Himno Nacional, los maestros no los aceptan como estudiantes; esa mentalidad de algunos estados mexicanos tiene que cambiar para que las poblaciones migrantes sean integradas a las dos sociedades, añadió.
El especialista refirió que la falta de servicios para estos muchachos los desilusiona de México, del gobierno; "hay muchas razones para que ellos no se sientan respetados, queridos y debe ser lo contrario, es una población que tenemos que buscar y tenemos que integrar".
Acompañado por la directora del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, Susan F. Martin, y de Lindsay B. Lowell, profesor en esa casa de estudios, se pronunció por renovar la Comisión Binacional.
Dicha instancia fue creada en los años setenta por los gobiernos de Estados Unidos y México para atender de manera coordinada las múltiples necesidades que surgen de la vecindad, pero ha dejado de operar.
En el estudio, que conlleva la participación de 28 expertos de Estados Unidos y México liderados por el CIESAS y la Universidad de Georgetown, arrojó que ni Estados Unidos ni el gobierno mexicano están protegiendo los derechos ni la seguridad de los migrantes deportados a México.
Ambos gobiernos han firmado memorandos de entendimiento múltiples federales y locales para garantizar estándares mínimos para el trato y la repatriación de migrantes indocumentados o delincuentes.
No obstante estos acuerdos son violados a menudo por las autoridades estadounidenses y los migrantes terminan en situaciones extremadamente peligrosas, dados los niveles de criminalidad en las ciudades fronterizas de México, señala el estudio.
Esto puede ser resultado también de cargas de trabajo excesivas de los dos gobiernos, pero en especial de los servicios consulares mexicanos y los servicios de migración, porque no fueron creados para manejar cientos de miles de deportados.
El ICE debería poner punto final a la deportación de inmigrantes indocumentados de noche, en estaciones fronterizas despobladas o en situaciones que colocan a estas personas en peligro serio, refirió la investigación.
El gobierno mexicano, por otra parte, debería aumentar su personal para recibirlos y enviarlos de manera rápida y segura al interior de México, así como fomentar la integración de los migrantes retornados.
Al dar a conocer parte del Informe "Diálogo binacional sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos y México", resaltó que actualmente la desventaja social de los connacionales se observa hasta en la tercera generación, que todavía muestra rezago escolar.
El profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) dijo que el actual proyecto de reforma define un camino "extremadamente largo y complejo para la regularización de los migrantes".
Subrayó que es posible que una parte sustancial de los mexicanos que viven en territorio estadunidense no pueda acceder al beneficio de la ley sin una acción concertada que los ayude a navegar el proceso.
Además México debe cambiar su actitud de que la partida de cientos de miles de trabajadores cada año es normal pues "el desarrollo de nuestro país debe incorporar a esta población", por lo que se deben tomar otras medidas para que pueda integrarse a Estados Unidos y en México.
Comentó que hay mucho por hacer ante una población inmigrante tan grande, pues cuando los jóvenes regresan del vecino país del norte, se quejan que no pueden ingresar a las escuelas en México "porque no le reconocen los estudios".
Además ocurre que si no saben el Himno Nacional, los maestros no los aceptan como estudiantes; esa mentalidad de algunos estados mexicanos tiene que cambiar para que las poblaciones migrantes sean integradas a las dos sociedades, añadió.
El especialista refirió que la falta de servicios para estos muchachos los desilusiona de México, del gobierno; "hay muchas razones para que ellos no se sientan respetados, queridos y debe ser lo contrario, es una población que tenemos que buscar y tenemos que integrar".
Acompañado por la directora del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, Susan F. Martin, y de Lindsay B. Lowell, profesor en esa casa de estudios, se pronunció por renovar la Comisión Binacional.
Dicha instancia fue creada en los años setenta por los gobiernos de Estados Unidos y México para atender de manera coordinada las múltiples necesidades que surgen de la vecindad, pero ha dejado de operar.
En el estudio, que conlleva la participación de 28 expertos de Estados Unidos y México liderados por el CIESAS y la Universidad de Georgetown, arrojó que ni Estados Unidos ni el gobierno mexicano están protegiendo los derechos ni la seguridad de los migrantes deportados a México.
Ambos gobiernos han firmado memorandos de entendimiento múltiples federales y locales para garantizar estándares mínimos para el trato y la repatriación de migrantes indocumentados o delincuentes.
No obstante estos acuerdos son violados a menudo por las autoridades estadounidenses y los migrantes terminan en situaciones extremadamente peligrosas, dados los niveles de criminalidad en las ciudades fronterizas de México, señala el estudio.
Esto puede ser resultado también de cargas de trabajo excesivas de los dos gobiernos, pero en especial de los servicios consulares mexicanos y los servicios de migración, porque no fueron creados para manejar cientos de miles de deportados.
El ICE debería poner punto final a la deportación de inmigrantes indocumentados de noche, en estaciones fronterizas despobladas o en situaciones que colocan a estas personas en peligro serio, refirió la investigación.
El gobierno mexicano, por otra parte, debería aumentar su personal para recibirlos y enviarlos de manera rápida y segura al interior de México, así como fomentar la integración de los migrantes retornados.
