Luis Asali Harfuch, integrante de dicho colectivo y parte del equipo legal, expuso que mientras estén las suspensiones el Gobierno Federal no puede empezar a construir Santa Lucía y si no puede “no veo cómo puede terminar en dos o tres años”, como ha afirmado el titular del Ejecutivo Federal.
Informó que hasta ahora se han dictado cinco resoluciones, en cuatro se ha dado la suspensión de dichas obras y en la última de éstas también la presentación de los trabajos realizados en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, y una definitiva.
“Estamos esperando que las cuatro que son suspensiones provisionales se conviertan en las próximas tres semanas en una suspensión definitiva que sea dictada por el juez que lleva el asunto”, dijo Luis Asali Harfuch en entrevista.
Indicó que todos los jueces siguen el criterio de su superior y la suspensión provisional fue otorgada por tribunales colegiados; lo normal sería que se resuelva en los mismos términos y se otorgue suspensión definitiva, la cual dura todo el tiempo que lleve resolver el juicio de amparo, alrededor de un año.
Por tanto, la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía tendría que detenerse y al mismo tiempo conservarse el avance que tienen las obras del de Texcoco hasta que los juicios se resuelvan definitivamente.
Señaló que Santa Lucía está condicionado a que se redacten permisos ambientales y antropológicos, así como de seguridad, estos últimos dependen de organismos internacionales que tardan años en realizar estudios para autorizarlo.
Confió en que una vez que expertos en la materia, con datos duros, han externado la inviabilidad del proyecto de Santa Lucía, que costaría cuatro veces más de los 50 mil millones de pesos que se dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dé marcha atrás al "capricho" tan caro que representa esa obra.
En su opinión, “no hay duda que todos los datos duros apuntan que Santa Lucía no es viable y Texcoco es lo mejor que puede haber".
A su juicio, el aeropuerto propuesto por el mandatario federal no tiene ventaja alguna desde el punto de vista económico, de funcionalidad o de rendimiento de inversión, además no tiene permiso ambiental ni antropológico, ni algún estudio, nada.
“No puede ser que cambies un proyecto que tiene todo y que puede ser exitoso, que está avanzado y que no necesita el Estado ponerle dinero", porque los 80 mil millones de pesos que faltaban ya había dicho la iniciativa privada que los ponía, agregó el abogado.