Aseveró que ambos son instruidos por la empresa que encabeza Germán Larrea para desviar la atención de la negligencia criminal de los responsables de la tragedia y dividir las opiniones sobre los hechos en los que fallecieron 65 trabajadores.
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que se reiniciará el rescate de los cuerpos atrapados en la mina, decisión que respaldasu organización sindical, dijo que el prelado hizo señalamientos que “están fuera de lugar, del sentido común y de todo uso de razón, que lastiman y representan una agresión para los deudos de las víctimas”.
El también senador de Morena indicó que “los mineros no tolerarán lecciones de historia, y menos, de moral, de quienes nunca visitaron la mina durante la tragedia”, como fue el caso del obispo, quien también recibe órdenes del empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México.
Manifestó su preocupación por que se pretende nombrar a Cristina Auerbach Benavides, de la organización Familia Pasta de Conchos, como parte de la coordinación de los trabajos de rescate de los cuerpos, a pesar de que hay evidencias de que está ligada al Grupo México y de que lucra con la tragedia enarbolando la bandera de defensora de los derechos humanos.
Detalló que viudas de los trabajadores han denunciado a la activista por recibir pagos de 350 mil pesos de Grupo México, según consta en un cheque del que tienen copia. "Señalan que se ostenta como representante de las viudas, cuando la mayoría de ellas no la aceptan, ya que se ha dedicado a dividir a la Familia Pasta de Conchos".
El legislador puntualizó que "el respaldo a la decisión del presidente de la República obedece a que es un acto de justicia para las familias de los trabajadores muertos, y algo por lo que he luchado desde que ocurrieron los lamentables hechos, y no como una acción para lavar mi conciencia, como afirma el obispo".
Lamentó que desde el anuncio del mandatario federal, los principales responsables del desastre y sus aliados busquen la manera de eludir susresponsabilidades penal y social, impulsando una campaña de difamaciones, falsedades y ataques contra los representantes sindicales que acompañaron a las familias de los trabajadores.
“Estos mismos responsables y sus cómplices mediáticos jamás se acercaron a la mina después de la explosión; dejaron abandonados a los trabajadores que generaban la riqueza en sus empresas, sin mover un solo dedo para impedir estos 65 asesinatos, y construyeron una 'cortina de humo' que impidiera rendir cuentas sobre lo que aconteció en la mina”, aseveró.
Refirió que el secretario general suplente en funciones de la Sección 13, del sindicato minero, Oscar Flores Ortiz, interpuso una denuncia ante Ministerio Público el 8 de marzo de 2006, en la que detalló las diversas anomalías en materia de seguridad e higiene que presentaba la mina, así como las exigencias a la empresa para que cumpliera con la ley en la materia, que nunca fueron atendidas.
En la querella, Flores Ortiz solicitó que se investigara a accionistas, directivos y gerentes de Industrial Minera México, propiedad de Grupo México, así como al secretario del Trabajo y Previsión Social e inspectores de esta dependencia, que realizaban las revisiones de la mina.
En el escrito detalló las diversas fallas en seguridad, así como las peticiones y requerimientos hechos a la empresa para que reparara y acondicionara el lugar de trabajo, las cuales la minera nunca tomó en cuenta.