Alerta de Género debe incluir protección a mujeres migrantes IMUMI

México, 21 Nov (Notimex).- El Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI) consideró que la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México debe ir acompañada de más recursos, acciones de prevención y castigo a los responsables.

“Hay que apoyar con recursos para la prevención, pero también en el acceso a la justicia y la protección para las mujeres que quieren denunciar. Si no hay investigaciones, no hay sentencias, entonces, vamos a seguir con la misma impunidad de siempre”, señaló Gretchen Kunher, directora del IMUMI.

En entrevista con Notimex, recordó que las medidas de protección y prevención para evitar la violencia contra las mujeres deben aplicarse también para las mujeres en contexto de migración, pues en la Ciudad de México conviven a diario cientos de ellas en un contexto de vulnerabilidad.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció hoy que decretó la AVG en la Ciudad de México, medida solicitada desde septiembre de 2017 por diversas organizaciones sociales.

IMUMI condena asesinato de defensor
Por otra parte, Kunher condenó, a nombre del IMUMI, la desaparición y posterior asesinato del defensor Arnulfo Cerón Soriano y se sumó a otras voces que piden el pleno esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen.

A las 13:00 horas de ayer fueron encontrados los restos del defensor de derechos humanos quien se encontraba desaparecido desde el 11 de octubre de este año.

Su cuerpo fue hallado cerca de la Colonia el Aguaje, en el área conocida como los tres postes en Tlapa, Guerrero. Tras su desaparición, del 12 al 15 de noviembre se iniciaron las jornadas de búsqueda por distintos puntos cercanos a Tlapa, sin obtener resultados.

Fue en una segunda búsqueda que comenzó el 19 de noviembre que se logró ubicar el paradero del defensor de derechos Humanos, en una fosa que cavaron sus agresores a un profundidad aproximada de tres metros.

En las labores de búsqueda participaron la Subsecretaría de Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Asimismo, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, el Frente Popular de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos del Montaña Tlachinollan.

De acuerdo con Tlachinollan, las constantes descalificaciones y campañas de desprestigio que enfrentó Arnulfo y otros miembros del Frente Popular de la Montaña por parte de las autoridades municipales generaron un marco permisible para su posterior agresión.