Núcleo de Organizaciones piden rendir cuentas por caso Pegasus

Querétaro, 22 Julio 2021.- El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) exhortó al gobierno Federal a cumplir con el compromiso de controles democráticos por la intervención de comunicaciones y para esclarecer el caso Pegasus.

Cómo parte del compromiso del gobierno federal “Controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas”, solicitaron que se investigara acerca del malware de espionaje Pegasus que fue utilizado para espiar aperiodistas, defensores de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil.

El malware Pegasus fue utilizado en más de 50 mil números telefónicos, de los cuales un aproximado de 15 mil eran de México, entre los cuales ubican a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, investigadores del CIDH y más de 25 periodistas.

Ante esto, refirieron que desde el año 2016 fue realizada una investigación por Citizen Lab, Artículo 19, RD y Social TIC en el cual encontraron que el gobierno mexicano había destinado recursos públicos para espionaje.

“Este programa fue creado y ofrecido exclusivamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group con el objetivo de combatir a los grupos criminales y el terrorismo” destacaron.

Sin embargo, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil señaló que en gobiernos autoritarios y con una falta de controles democráticos es que utilizaron estas herramientas para controlar los dispositivos e intervenir las comunicaciones de periodistas.

Por lo tanto, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que delega a la Secretaría de Función Pública y demás dependencias para que cumplieran el compromiso de controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas.

Además, de que le exhortaron a la Fiscalía General de la República que realizara una investigación sobre el uso que se le dio al malware Pegasus en contra de activistas y periodistas.

Finalmente, solicitaron a las instituciones de seguridad la procuración de justicia e inteligencia a cumplir con sus obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que hicieran públicos los contratos que realizan para servicios de vigilancia.