Querétaro, 8 Diciembre 2021.- Luego de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática emitiera los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (PPL) 2021, donde Querétaro tuviera resultados negativos sobre la situación de los derechos humanos de los reos, se dio respuesta de los diputados locales.
Y es que entre los datos para el estado, se habla de más de 25 por ciento de PPL que denunciaron actos de corrupción en su proceso jurídico; y que el 22.7 por ciento manifestó no sentirse seguros al interior de los penales.
El diputado en Querétaro, Antonio Zapata Guerrero, invitó a la denuncia de los familiares de PPL en caso de que se tenga conocimiento de algún delito en contra de ellos al interior de los Centros de Readaptación Social (CERESOS) de la entidad.
“La parte ejecutiva y operativa tendremos que dejarlas a los responsables del sistema penitenciario. En Querétaro confiamos en nuestras instituciones, importantísimo todo el sistema penitenciario y de justicia, y hay que seguir trabajando. Si no hay una denuncia, no es fácil; me parece que la mejor forma de combatir esto es con la denuncia”, argumentó.
El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, resaltó que el sistema penitenciario de Querétaro ha sido evaluado de forma satisfactoria en mediciones nacionales e internacionales; por lo que indicó que la denuncia ayudará a mejorar las áreas de oportunidad.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Beatriz Marmolejo Rojas, destacó que buscará reuniones con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), para revisar de forma integral las leyes, normativas y reglamentos en relación a la operatividad de los CERESOS.
“Hay mecanismos para la atención a este tipo de quejas, a través de la DDHQ. Nosotros intervendremos en caso de que lo solicitaran con gestiones, con asesoría legal y reformas de leyes, expresamente, alguna reforma de ley en este momento no se nos ha sido solicitada, podemos platicar con la DDHQ para ver si es necesario”, indicó.
Dichas revisiones, sostuvo Marmolejo Rojas, tienen que incluir a las dependencias encargadas de velar por los CERESOS y la justicia en Querétaro, como la Fiscalía General del estado, y el poder ejecutivo estatal.