Al comparecer este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación en Cataluña, recordó que este requerimiento marca el inicio de aplicación del artículo 155 constitucional, “que pretende ofrecer a los ciudadanos claridad y seguridad que requiere esta cuestión”.
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles la medida para que el dirigente nacionalista explique cuál es su decisión, luego de que la víspera dijera al Parlamento de Cataluña que asume que se debe ser un Estado independiente pero anunció que la suspendía.
El requerimiento enviado a Puigdemont le concede un segundo plazo al próximo jueves, para que en caso de que confirme que sí ha declarado la independencia rectifique y ordene su revocación.
“Es la respuesta que el señor Puigdemont dé a este requerimiento la que marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días”, manifestó Rajoy.
Destacó que en manos del dirigente nacionalista está "volver a la legalidad y restablecer la normalidad institucional, como todo el mundo le está pidiendo, o prolongar un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia en Cataluña”.
“Deseo fervientemente que acierte en su respuesta”, expresó Rajoy quien consideró que la realidad “desmonta de un plumazo todas las falsedades sobre las que se cimenta el mito de una independencia de cuento de hadas”.
“No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costos y muy elevados”, abundó.
“Un referéndum fraudulento como el del pasado día 1 de octubre no puede llevarse por delante una Comunidad de siete millones y medio de personas, ni al cuarto país de la Unión Europa”, sostuvo.
Afirmó que “España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos y cualquier gobierno, que está obligado a defender la unidad del país y la soberanía nacional”.
Rajoy descartó un diálogo como se lo pide Puigdemont en su mensaje del martes en el Parlamento catalán a través de la mediación nacional o internacional, porque “no es posible mediar entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad”.
Instó a las autoridades catalanas a hablar sobre las competencias administrativas y reformas legislativas, pero no negociar la titularidad de la soberanía que corresponde al conjunto de los españoles y sobre la indivisibilidad de España.