La violencia infantil aumenta de forma sostenida y preocupante en Costa Rica

San José, 8 dic. (EFE).- La violencia infantil ha aumentado drásticamente en Costa Rica en los últimos seis años, y los patrones culturales que avalan estas prácticas y la crisis sanitaria han acrecentado la vulnerabilidad de los menores.

Datos del Ministerio Público revelan que las denuncias en el 2014 fueron de 666 casos, en el 2015 de 974, en el 2016 de 1.349 casos, en el 2017 de 1.673, en el 2018 de 1.782 y en el 2019 de 1.853, lo que representa un aumento sostenido. Estas cifras no incluyen los delitos de tipo sexual.

DATOS QUE ALARMAN
La fiscala coordinadora de la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, Debby Garay, afirmó en entrevista con Efe que las cifras son "preocupantes" sobretodo porque existen muchos casos que no llegan a denunciarse.

"Nos preocupa desde dos ópticas no solo por (el aumento de) las 666 denuncias en 2014 a las 1.853 en 2019, que contempla 18 delitos contra la vida y la integridad física, que son las más gravosas y que pueden terminar en muerte; sino que preocupa conocer que existen cifras de victimización oculta", expresó Garay.

La fiscal dijo que no todos los delitos se están denunciando y que "ha habido aceptaciones de tipos de violencia como patrones sociales y culturales que se perpetúan", lo cual "tenemos que terminar".

En el 2020, el total de causas ingresadas donde la víctima es una persona menor de edad es de 7.060, de ellos un 54,2 % es por delitos sexuales y un 45,2 % por agresiones, sustracciones, entre otros.

Además, en el 2014 los homicidios de menores de edad sumaron un total de 10 casos, mientras que en los primeros nueve meses del 2020 la cifra alcanza los 21.

CONTEXTO PANDEMIA
Según la fiscal, el contexto de la crisis sanitaria que provocó el cierre de escuelas y colegios como medida para evitar el contagio de la covid-19, marcó un cambio en la tendencia de agresión hacia los niños, niñas y adolescentes, ya que ahora deben permanecer más tiempo en sus casas, donde viven bajo un entorno de violencia.

"Habían situaciones que se presentaban de previo a la pandemia, pero al aumentar la permanencia en sus hogares pues también se ha dado un incremento de la violencia. Con una particularidad, que si bien la violencia existía, cuando las personas menores de edad salían podían revelar la situación de agresión a alguna persona de confianza, un educador, un policía, personas que trasladaban la información a las autoridades", destacó Garay.

La fiscala costarricense añadió que uno de los retos actualmente es crear un medio seguro para que se puedan realizar denuncias y evitar que las cifras de victimización oculta se incrementen durante la época de confinamiento y posterior a ella.

CAMBIO CULTURAL
El Código de la Niñez y Adolescencia indica que los menores tienen "Derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante".

El texto indica: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuido y disciplina de su madre, su padre o los responsables de la guarda y crianza, así como de los encargados y el personal de los centros educativos, de salud, de cuido, penales juveniles o de cualquier otra índole, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el trato humillante".

Para Garay, el tema de la violencia contra los menores como forma de educación o disciplina, que está prohibido por ley, es un problema que requiere de un abordaje integral y de esfuerzos coordinados por instituciones del Gobierno.

"No es normal la violencia, pero se ha normalizado socialmente. Nuestros ojos creen que jalar la oreja o un brazo a un niño es normal (...) El tema tiene que ver con educación, a renunciar a patrones violentos de conducta que subsiste y que lamentablemente las cifras nos dan la razón para afirmar que están presentes", aseveró.

Las autoridades indican que hay tipos de violencia física y psicológica, pero también por negligencia que pocas veces es visibilizado. Se trata de una especie de maltrato en donde se dejan de satisfacer las necesidades de los menores en temas como educación, salud y alimentación.

"Puede ser que no lo matricularon en la escuela o que no lo llevó a control médico y el niño dejó de recibir vacunación, en el caso de alguna discapacidad física o cognitiva no ejercen una adecuada supervisión de su higiene, y eso va restando vida a un ser humano y pone en riesgo la integridad y la vida de los menores", puntualizó Garay.