Redacción América, 22 feb (EFE).- Despachos colapsados, jueces con 900 casos por leer y personas pendientes de que se les resuelva su situación judicial son algunos de los ejemplos de la congestión judicial en América Latina, una situación que ha obligado a países como México o Colombia a promover la digitalización.
En algunas naciones de la región, un proceso judicial tarda en promedio más de 600 días en resolverse, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) el promedio es de 240 días, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En Colombia la situación va más allá y “los jueces no dan abasto con la cantidad de procesos que tienen a cargo. Los procesos inician pero se demoran entre 5 a 4 años, lo que hace que la congestión sea un gran problema”, explicó el abogado penalista Milton Perdomo, director de Derechos Humanos de la Fundación Retorno a la Libertad.
La descongestión judicial es uno de los pedidos constantes del sector público y privado a los Gobiernos, así como que se asignen recursos para reducir los costes y la duración de los procedimientos.
“En varios Gobiernos de la región se están desarrollando iniciativas muy oportunas, sobre todo de alta transformación digital”, señaló José Fernando Quintero, director regional de Administraciones Públicas de Minsait, una compañía de la firma española Indra que apuesta por la transformación y la innovación para mejorar los trámites, procesos o diligencias a través de la digitalización.
Según el índice "Rule of Law" de 2022, de la organización World Justice Project y que mide el Estado de derecho y la percepción de Justicia, en la región el nivel de confianza en el sistema judicial cayó en 61 %, por las continuas demoras, una débil aplicación de la ley y la discriminación.
COLOMBIA, ENTRE REPRESAMIENTOS Y AVANCES
El índice de Congestión de la Justicia en Colombia del Consejo Superior de la Judicatura señalaba que para 2021 el nivel de congestión judicial era de 57,5 %.
“Los juzgados municipales hoy están atiborrados de procesos como inasistencia alimentaria y de violencia intrafamiliar, tanto así que uno de los puntos del proyecto de reforma judicial de este Gobierno (del izquierdista Gustavo Petro) es despenalizar la inasistencia alimentaria porque no previene el delito y no hay efectividad en los procesos”, asegura Perdomo.
El represamiento judicial también genera un impacto en las víctimas, por los costos al pagar un abogado, y en las personas privadas de la libertad, a quienes deberían resolverle su situación con sentencia en primera instancia en un máximo de 330 días, pero tardan hasta "28 o 30 meses sin dictar sentencia por lo que deben liberarlo debido al vencimiento de términos".
La pandemia además "obligó a usar herramientas (digitales) para tramitar los procesos” dijo al señalar que los retos son grandes a nivel estructural, como generar más interconectividad para romper la brecha en municipios del país a la hora de realizar audiencias o las consultas de los presos sobre sus procesos.
MÉXICO Y SU PASO A LA DIGITALIZACIÓN
Para Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, si bien hay dificultades, se han dado grandes pasos con la digitalización, en un país donde existen 33 poderes judiciales locales y uno federal.
“Muchos poderes judiciales que no contaban con tecnologías hicieron un esfuerzo para ampliar lo que ya tenían (...) y ahora podemos ver cómo algunos están a la vanguardia y otros están muy rezagados”, sostuvo Pantin.
El estado de Nuevo León es un ejemplo de la digitalización, con audiencias virtuales o en modo híbrido.
En muchos municipios de México existe la brecha digital, a la que se le está buscando soluciones como "ofrecer a las personas el acceso a una computadora conectada a internet dentro de sus instalaciones”, explicó Pantin.
MODERNIZACIÓN DIGITAL, UNA NECESIDAD
Ante este panorama, el director regional de Administraciones Públicas de Minsait señaló que es hora de que la región cuente con una “modernización eficaz de sus sistemas judiciales”, pues la falta de recursos, la burocracia o la corrupción dificultan el camino a la digitalización.
“Nos falta velocidad en las iniciativas (...), lo que se requiere es ya pasar del ejercicio consultivo a un ejercicio de aplicación de estos nuevos modelos que sean proactivos, integrables y eficientes”, dijo.
Quintero cree que en “grandes sistemas de gestión procesal” que cumplan las normas y tengan las condiciones idóneas, “la tecnología es un habilitador” primordial.
JUSTICIA DIGITAL
Entre los desarrollos de Minsait está una justicia digital cognitiva, que reconoce documentos con inteligencia artificial, en donde miles de portafolios se reducen a documentos electrónicos.
Un maletín virtual para el juez en el que “puede buscar información más rápido", por ejemplo expedientes, dejando atrás la imagen del escritorio con miles de folios por leer.
A esto se unen las audiencias virtuales, los expedientes electrónicos, sistemas centralizados de primer nivel o la interconexión de juzgados.
Además de un alto nivel de protección de datos, Quintero mencionó que a través de centros de operaciones de ciberseguridad en varios países de la región, como Colombia, los datos están asegurados.
Finalmente, tanto Perdomo como Pantin señalaron que con la digitalización, la tecnología estará al servicio de los jueces y las personas al recibir un trato humano, próximo y transparente.