El dirigente nacionalista compareció este martes en el Parlamento de Cataluña, aseguró que como presidente de la Generalitat asume “el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”.
Sin embargo, de forma sorpresiva agregó que se propone suspender los efectos de esta declaración y de las leyes que dieron lugar a la consulta independentista, “para emprender un diálogo sin el que no es posible llegar al fin buscado” de ser un Estado independiente.
La falta de una explicación sobre esta decisión deja a muchos ciudadanos que apoyan la independencia con más dudas, al pasar de un escenario fuera de España y la Unión Europea (UE) a uno en que se desconocen las consecuencias en el corto plazo para Cataluña.
A lo largo de semanas, una parte del debate sobre la independencia se centraba en el futuro de los ciudadanos, en sí podrían o no trabajar con el mismo estatus que los de la Unión Europea (UE), o bien si podrían seguir utilizando el euro.
Mientras desde el gobierno español y asociaciones empresariales aseguraban que el limbo financiero y económico estaba asegurado con la independencia, los promotores de la secesión defendían que no hay ni siquiera una legislación europea para tratar estos asuntos y que no dejarían desamparada a Cataluña.
No obstante, los presidentes de la Comisión Europea (CE) Jean-Claude Juncker, y del Parlamento Europeo (PE) Antonio Tajani han repetido que si Cataluña se independiza de España queda fuera de los derechos de los países miembros del grupo.
Tras esas incertidumbres, los ciudadanos catalanes despertaron este miércoles con dudas sobre si su gobierno local será intervenido, e incluso muchos desconocen si el proceso independentista continúa o frenó.
En todo caso, el pronunciamiento de Puigdemont no fue sometido a votación, y tras la sesión los diputados que apoyan la separación de España firmaron una declaración de independencia que proclama la república, pero tampoco se registró el documento en el Parlamento para ser compartido al resto de grupos parlamentarios.
La ambigüedad de la decisión causó estupor entre los miles de simpatizantes que el martes estaban concentrados fuera del Parlamento en espera de celebrar una declaración de independencia contundente e irreversible.
Incluso, muchos parlamentarios no tuvieron claro tras la sesión si la declaración tiene un efecto jurídico alguno, si ello merece incluso esa calificación toda vez que muchos la interpretan como una expresión de intenciones.
Fuentes de la coalición Juntos por el Sí que encabeza Puigdemont comentaron que se trata de hacer un guiño a la comunidad internacional que le pedía no hacer la declaración de independencia, pero a la vez no cerrarle la puerta a las fuerzas que apoyan la secesión.
La indefinición se puede profundizar si el gobierno español decide este miércoles tomar medidas contra la Generalitat de Cataluña, como la aplicación del artículo 155 constitucional que le permite intervenir un gobierno autónomo y dirigirlo desde Madrid.
Las medidas a través de ese artículo deben ser aprobadas por el Senado, que debe recibir una propuesta concreta del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy de acciones y objetivos, toda vez que es una disposición constitucional que nunca antes se ha aplicado.
Además, la Ley de Seguridad Nacional ofrece al gobierno español otra posibilidad de intervenir en el gobierno catalán, al declarar una crisis en la que podría intervenir mediante los cuerpos de policía y las diferentes administraciones.