Panorama poco alentador en estas elecciones

En Guatemala, el próximo domingo será el día de las votaciones para elegir presidente y vicepresidente, así como 156 representantes del Congreso de la República. Existen pocas expectativas de que obtenga mayoría de votos una opción que guíe los cambios sociales que este país necesita, deje de existir una bancada marginal (menos del 5 por ciento defiende intereses populares) y se supere la desigualdad (87 por ciento del total de 156 diputados son hombres). En las boletas figuran dos mujeres como candidatas presidenciales.

Sandra Torres encabeza las encuestas (20 por ciento), aunque se define como socialdemócrata, lo cierto es que reproduce las prácticas del financiamiento electoral ilícito, origen de la corrupción y la cooptación del Estado.

Su partido y otros 14 representan mafias compra votos, promete favores, cínicos mentirosos, payasos y bailadores incapaces de articular discursos proselitistas serios, publicistas sin ética política. Entre éstos figuran tres como posibles ganadores de la primera vuelta, quienes difunden sus propuestas en diferentes medios: 86 por ciento televidentes, 21 radioescuchas, 14 por ciento usuarios de Facebook, 7 por ciento periódico impreso, según la encuestadora Gallup-Latinoamérica.

En cuarto lugar figura la dirigente indígena Thelma Cabrera, quien se postula por primera vez, tiene años de experiencia en la lucha campesina y se ha ganado la simpatía en los tres meses que duró la campaña (9 por ciento) a partir de su discurso y comportamiento muy cercanos a quienes rechazan las injusticias sociales y desafían al sistema actual, bajo la consigna “Elijo dignidad”. Ella es una de las seis opciones que se identifican de izquierda y/o pertenecieron a la guerrilla, y es la única que figura en las encuestas porque los otros cinco candidatos tienen escaso respaldo.

En este país existe una regresión autoritaria promovida por políticos pentecostales, militares corruptos y líderes empresariales voraces; se concreta en varias iniciativas de ley anti derechos (penalizar abortos espontáneos, criminalizar a la comunidad LGBTI, amnistiar a militares inculpados de delitos de “lesa humanidad”); en reiterar el irrespeto al Estado laico; en la criminalización de defensores de la naturaleza y de derechos humanos; en la congelación de salarios; en la persecución penal ilegal de la ex titular del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y en el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) que cierra en septiembre próximo.

Cabe destacar que en 11 años, la CICIG y el MP identificaron a 60 estructuras criminales, presentaron 100 casos (680 personas procesadas y 310 condenadas, aportaron varias iniciativas: Ley de Crimen Organizado, Reformas al Código Penal en materia de Anti-corrupción y la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo. La CICIG reveló porcentajes de las fuentes del financiamiento electoral ilícito: 25 por ciento individuales, 50 por ciento de constructores, proveedores y otros empresarios, y el 25 restante del crimen organizado.

En 2015, en este país se registró un movimiento social masivo que exigía juicio y castigo contra los hechos de corrupción del entonces binomio presidencial formado por Otto Pérez y Roxana Baldetti, posteriormente demandaba la persecución de otros políticos y empresarios corruptos.

Esta movilización en diferentes partes del país tuvo como resultado la conformación de nuevas organizaciones políticas, entre ellas, el Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP) que postula a Thelma Cabrera y el Movimiento Semilla que intentó inscribir como candidata a Thelma Aldana. Aunque se mencionó la posibilidad de hacer alianzas entre las agrupaciones de izquierda y progresistas, no se concretó.

Así las cosas, la regresión antidemocrática y la multiplicidad de opciones políticas caracterizan el panorama electoral. En tanto, la población señala como principales problemas: la falta de empleo, la inseguridad, la corrupción y el alto costo de la vida.

Sigue estando ausente el reto de romper con la identidad de personas subalternas y sometidas, como son aquellas que votan a favor de sus opresores, asisten a mítines de campaña sin importarles ser objeto de discriminaciones racistas y patriarcales, aceptan resignados apoyar a los mismos partidos que cobija malos gobernantes. Por ello el interés de las fuerzas reaccionarias de continuar con espectáculos y regalitos electoreros, negando a la mayoría de la población el acceso al conocimiento y a la capacidad de análisis crítico. (Rosalinda Hernández Alarcón)